¿Debe el Estado promover las Sagradas Escrituras?
Tradicionalmente, las iglesias evangélicas han celebrado el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Es una práctica a la que tienen derecho, porque vivimos en un Estado que reconoce y respeta la libertad de culto. Si no fuese así y las autoridades no tuvieran el deber constitucional de abstenerse de promover una creencia religiosa específica, quizás las iglesias evangélicas se encontrarían en un problema. Porque es conocido que la Iglesia Católica, que es la de la mayoría de los panameños, rechaza tal idea, pues el sagrado libro debe ser leído todos los meses y todos los días.
Si no hubiese separación de Estado e Iglesia, las autoridades podrían prohibir actos religiosos que difieren del credo oficial. Pero he aquí que Panamá tiene una mayoría católica que ha adoptado como principio la separación de los asuntos estatales de los asuntos eclesiales, lo que ha permitido construir desde el principio un Estado laico que proteja las libertades religiosas de todos, católicos y no católicos, los que leen las "Sagradas Escrituras" y los que leen otros textos sagrados. Esta lección de valores democráticos amenaza con perderse tras la reciente aprobación en primer debate de un proyecto de ley que, originalmente, establecía septiembre como el mes de la Biblia y luego fue modificado para que dijese "Sagradas Escrituras", como si todas las religiones del mundo llamasen a los textos que contienen su doctrina religiosa con el mismo nombre que usan los cristianos para referirse al suyo.
La enmienda no mejora nada, pero el verdadero problema está en que dicho proyecto de ley faculta a las escuelas públicas y privadas, así como al gobierno municipal a promover sólo la lectura de las Sagradas Escrituras y no la de los libros sagrados de otras religiones, que serían así discriminadas. Este retroceso histórico fue aprobado por los diputados en primer debate en contra de las recomendaciones de reconocidos juristas y de la asesoría técnica de la propia Asamblea, que señalaron su inviabilidad. El Comité Ecuménico, que reúne a la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Metodista y otras, también se manifestó en contra de esa iniciativa. ¿Qué se oculta en este desaguisado proyecto?
Si no hubiese separación de Estado e Iglesia, las autoridades podrían prohibir actos religiosos que difieren del credo oficial. Pero he aquí que Panamá tiene una mayoría católica que ha adoptado como principio la separación de los asuntos estatales de los asuntos eclesiales, lo que ha permitido construir desde el principio un Estado laico que proteja las libertades religiosas de todos, católicos y no católicos, los que leen las "Sagradas Escrituras" y los que leen otros textos sagrados. Esta lección de valores democráticos amenaza con perderse tras la reciente aprobación en primer debate de un proyecto de ley que, originalmente, establecía septiembre como el mes de la Biblia y luego fue modificado para que dijese "Sagradas Escrituras", como si todas las religiones del mundo llamasen a los textos que contienen su doctrina religiosa con el mismo nombre que usan los cristianos para referirse al suyo.
La enmienda no mejora nada, pero el verdadero problema está en que dicho proyecto de ley faculta a las escuelas públicas y privadas, así como al gobierno municipal a promover sólo la lectura de las Sagradas Escrituras y no la de los libros sagrados de otras religiones, que serían así discriminadas. Este retroceso histórico fue aprobado por los diputados en primer debate en contra de las recomendaciones de reconocidos juristas y de la asesoría técnica de la propia Asamblea, que señalaron su inviabilidad. El Comité Ecuménico, que reúne a la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Metodista y otras, también se manifestó en contra de esa iniciativa. ¿Qué se oculta en este desaguisado proyecto?
