¿Debe Mireya Moscoso ir presa?
A casi dos meses y medio de finalizado el gobierno anterior, todo parece quedado en denuncias, anuncios o especulaciones de posibles y futuras denuncias. A pesar de que confesiones públicas de delitos cometidos, como ha sido el caso de la ex Presidenta con las partidas discrecionales, y de su hermana en el manejo de los dineros para la construcción del Museo del Niño y la Niña Panameña, ninguna acción concreta se ha tomado en contra de personas que públicamente han admitido que actuaron al margen de la ley en el manejo de fondos públicos.
Sin embargo, todo pareciera ser igual en la vida de las personas implicadas en los actos de un gobierno que bien en un futuro podría ser considerado el más corrupto de toda la historia republicana.
Los implicados siguen viajando como si nada pasara, al no existir medida cautelar que les impida salir del país; algunos hasta la embajada gringa los invita a presenciar por televisión las elecciones de Estados Unidos. Sus bienes, por determinarse si fueron mal habidos, siguen siendo usufructuados por sus dueños, al no haberse decretado ninguna cautelación sobre ellos, a pesar de que peticiones en ese sentido se encuentran sin respuesta en el escritorio del Contralor General de la República. Peor aún, siguen haciendo alarde de todo lo que tienen y que antes no tenían.
La Contraloría, además, ávida en tener presente el cumpleaños 75 del Magistrado Cesár Pereira Burgos para correr a aplicarle la Ley Faúndes, "se le pasó" que un magistrado del Tribunal de Familia tenía cumplido 77 años y que un juez de Circuito Civil ya había entrado en su octava década de vida. ¡Vaya clase de control que ha llevado a cabo! En los cambios legales a efectuar pareciera que se hace inminente que los períodos del Contralor y del Presidente coincidan porque de otra manera, los últimos cuatro meses del Contralor anterior, parecieran una verdadera eternidad.
Hay instituciones en donde hace más de mes y medio se ha determinado destrucción de los documentos por parte de los directivos de la institución en el anterior gobierno o han anunciado diversas irregularidades y manejos turbios, pero todavía no se ha materializado denuncia alguna ante el Ministerio Público. Ahora, como para reconclavar vemos que el Secretario Nacional de Corrupción (ya los zares se acabaron con la Revolución Rusa), en lugar de enseñarle a los nuevos gobernantes cómo se presentan las denuncias, como que quiere echarle la culpa al Ministerio Público pidiéndole que se mueva y se apure, del tipo de agilidad que él no demostró en los expedientes que manejó cuando por tantos años fue Fiscal Especial.
Por otra parte, el Ministerio Público cómo que no se da cuenta de la gravedad del momento en que estamos viviendo.
El país requiere gente gorda -y delgada también- presa; requiere con urgencia que se le devuelva la credibilidad que ha perdido en las instituciones judiciales. Requiere volver a creer en aquello que nos dicen pero que nunca vemos aplicar, como eso "de que la justicia debe ser ciega y por ello igual para todos". Ello implica que, si bien estos asuntos exigen trabajo previo para evitar equivocaciones, se le debe imprimir un poco de más velocidad -y de acciones concretas- en los trámites que se les da a las denuncias presentadas, porque si con algo no se puede jugar es con la paciencia de los panameños.
Es la hora de actuar y de presionar. De actuar las autoridades y de presionar todos los miembros de la sociedad civil, los medios de comunicación social; una sociedad corrupta no es capaz de progresar ni de generar bienestar.
Nos corresponde a todos los panameños pedir más rapidez frente a las acciones a tomar contra aquellos que dilapidaron de los recursos del Estado a ellos confiados; que confundieron lo público con lo privado. Aquel argumento de que porque sólo con ésta y no con el otro, se rebate diciendo hay que comenzar con uno para trazar el camino. Los demás, si los hubo, irán cayendo luego de que hayamos trillado el camino.
(gcochez@cableonda.net)
Sin embargo, todo pareciera ser igual en la vida de las personas implicadas en los actos de un gobierno que bien en un futuro podría ser considerado el más corrupto de toda la historia republicana.
Los implicados siguen viajando como si nada pasara, al no existir medida cautelar que les impida salir del país; algunos hasta la embajada gringa los invita a presenciar por televisión las elecciones de Estados Unidos. Sus bienes, por determinarse si fueron mal habidos, siguen siendo usufructuados por sus dueños, al no haberse decretado ninguna cautelación sobre ellos, a pesar de que peticiones en ese sentido se encuentran sin respuesta en el escritorio del Contralor General de la República. Peor aún, siguen haciendo alarde de todo lo que tienen y que antes no tenían.
La Contraloría, además, ávida en tener presente el cumpleaños 75 del Magistrado Cesár Pereira Burgos para correr a aplicarle la Ley Faúndes, "se le pasó" que un magistrado del Tribunal de Familia tenía cumplido 77 años y que un juez de Circuito Civil ya había entrado en su octava década de vida. ¡Vaya clase de control que ha llevado a cabo! En los cambios legales a efectuar pareciera que se hace inminente que los períodos del Contralor y del Presidente coincidan porque de otra manera, los últimos cuatro meses del Contralor anterior, parecieran una verdadera eternidad.
Hay instituciones en donde hace más de mes y medio se ha determinado destrucción de los documentos por parte de los directivos de la institución en el anterior gobierno o han anunciado diversas irregularidades y manejos turbios, pero todavía no se ha materializado denuncia alguna ante el Ministerio Público. Ahora, como para reconclavar vemos que el Secretario Nacional de Corrupción (ya los zares se acabaron con la Revolución Rusa), en lugar de enseñarle a los nuevos gobernantes cómo se presentan las denuncias, como que quiere echarle la culpa al Ministerio Público pidiéndole que se mueva y se apure, del tipo de agilidad que él no demostró en los expedientes que manejó cuando por tantos años fue Fiscal Especial.
Por otra parte, el Ministerio Público cómo que no se da cuenta de la gravedad del momento en que estamos viviendo.
El país requiere gente gorda -y delgada también- presa; requiere con urgencia que se le devuelva la credibilidad que ha perdido en las instituciones judiciales. Requiere volver a creer en aquello que nos dicen pero que nunca vemos aplicar, como eso "de que la justicia debe ser ciega y por ello igual para todos". Ello implica que, si bien estos asuntos exigen trabajo previo para evitar equivocaciones, se le debe imprimir un poco de más velocidad -y de acciones concretas- en los trámites que se les da a las denuncias presentadas, porque si con algo no se puede jugar es con la paciencia de los panameños.
Es la hora de actuar y de presionar. De actuar las autoridades y de presionar todos los miembros de la sociedad civil, los medios de comunicación social; una sociedad corrupta no es capaz de progresar ni de generar bienestar.
Nos corresponde a todos los panameños pedir más rapidez frente a las acciones a tomar contra aquellos que dilapidaron de los recursos del Estado a ellos confiados; que confundieron lo público con lo privado. Aquel argumento de que porque sólo con ésta y no con el otro, se rebate diciendo hay que comenzar con uno para trazar el camino. Los demás, si los hubo, irán cayendo luego de que hayamos trillado el camino.
(gcochez@cableonda.net)
