Decepción ante la nueva ley de migración

Casi todos los habitantes de Panamá hemos venido de otra parte. Aún los actuales pueblos indígenas proceden de lo que son hoy Costa Rica y Colombia, pues si bien los españoles encontraron pequeños grupos humanos a su llegada, estos se vieron reducidos casi al punto de extinción y se calcula que no más del diez por ciento sobrevivió el período inicial de la Conquista, aunque su rastro genético haya quedado perpetuado en casi toda la población por vía de un fecundo mestizaje.

La posición geográfica de nuestro país lo convirtió desde muy temprano en lugar de paso y de asiento para gentes de variadas procedencias como lo demuestra el hecho de que en el año 1920, el cincuenta por ciento de la población del área metropolitana era extranjera o lo era uno de sus progenitores; pero en los últimos veinte años se ha producido un fenómeno migratorio, que si bien tiene esos antecedentes históricos precisos, también presenta particularidades que pueden llegar a convertirse en serios problemas sociales, si no se establecen los mecanismos para facilitar la legalización e integración de los extranjeros , teniendo en cuenta en primer lugar, los intereses de la nación panameña y el respeto de los derechos humanos.

La Ley de Migración que hemos tenido los últimos años es obsoleta, racista y discriminatoria, pero sobre todo fuente de toda clase de abusos y generadora de actos de corrupción en los que han estado involucrados funcionarios de todos los niveles. Falsificación de documentos, extorsión, soborno y tráfico de personas han resultado de una norma ineficiente, pero también de una serie de reglamentos que entorpecen la legalización de miles de personas que carecen de los recursos económicos y del tiempo para poner sus papeles en regla.

Los casos más dramáticos son los de hombres y mujeres que tienen muchísimos años de vivir en Panamá, han contraído nupcias o viven en uniones permanentes y tienen hijas e hijos panameños, que nunca han podido cumplir con trámites absurdos , entre los cuales se encuentra de manera prominente la obligatoriedad de contratar un abogado.

Casi todos los países del mundo han eliminado este requisito y nadie ha logrado explicarme por qué es imprescindible un abogado para que un ciudadano llene una solicitud, la acompañe de los documentos requeridos -partidas de nacimiento de hijos panameños, certificados de matrimonio y otros- para obtener una residencia permanente que lo integre plenamente a una sociedad a la que ya pertenece.

Después de más de siete años de dar seguimiento a esta necesaria ley, siento una profunda decepción al realizar que más han podido las presiones de un grupo de abogados que el interés por modernizar las normas migratorias, en momentos en que el país las necesita con urgencia , por razones de seguridad nacional y de respeto a la dignidad humana.