Decisiones cruciales, un desafío colectivo
Como resultado de la modificación constitucional en 2004, las reformas fiscales y la aprobación de la Ley de Seguridad Social en el 2005, el Gobierno asume, con pasos firmes, el 2006 con dos prioridades en su agenda desarrollista, tal como ha destacado el presidente Torrijos. Por un lado, la culminación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EU), mientras se apresta a la insoslayable ampliación del Canal, lo que concitará un debate nacional en un referéndum que pondrá a prueba la madurez de la democracia panameña en la realización de objetivos históricos permanentes.
El reto institucional del gobierno es enorme, porque demanda la eficaz supervisión de los servicios públicos y la libre competencia para aliviar el pesado lastre que representan los subsidios cargados a los consumidores. Además de la creación del Fondo Fiduciario del Canal para el desarrollo de infraestructuras sociales en el país, aparece el relanzamiento de una política de comercio exterior inspirada en el fin de posicionar al país ventajosamente en los mercados internacionales. Esta tarea lleva implícita la imperiosa modernización funcional del Ministerio de Comercio e Industrias, y la creación de una entidad que centralice los controles zoosanitario y fitosanitarios, garantizando la salud pública en la exportación e importación de productos; así como la desburocratización en Aduanas para facilitar negocios e inversiones, transformaciones institucionales que responden al enorme desafío de administrar eficientemente los TLC.
A los propósitos de dimensionar el mercado interno, a través del TLC con nuestro principal socio comercial, se suma la puesta en marcha de una audaz Agenda Complementaria, destinada a coordinar los esfuerzos institucionales para optimizar el aparato productivo del país en condiciones de propiciar el salto hacia la eficiencia y la competitividad. En esta tarea, resulta importante la articulación de nuestro servicio exterior en la identificación de mercados y en el apoyo de la asociación estratégica del sector empresarial para atraer inversiones extranjeras, con el fin de generar fuentes de trabajo que mitiguen el impacto de la pobreza que afecta al 40% de los panameños.
No podemos permanecer como prisioneros de nuestros temores y ante estos escenarios, el 2006 se perfila en esencia como un año de cruciales decisiones para los panameños, porque nos abocaremos al desafío colectivo de participar en una consulta popular para definir el futuro del Canal, por el que transita el 5% comercio mundial, de tal suerte que la clase política y todos los sectores de la vida nacional tendrán que aportar en la construcción de consensos nacionales que se definen como temas de Estado.
La tarea de superar el pesimismo y la resistencia al cambio no será fácil, por lo que debemos estar en condiciones de competir con nuestro entorno regional, que ya han asegurado la incursión de sus productos con un arancel cero en el mercado de 300 millones de habitantes. Por lo que, el país afronta una coyuntura histórica en la que se requiere el concurso libre y voluntario de sus ciudadanos para participar en el modelo económico y social que nos permita eliminar la inequidad y la exclusión social, erradicando el impacto de la pobreza como objetivo cardinal de las metas del milenio.
Los panameños debemos enfrentar con determinación el dilema existencial del proyecto de país a que aspiramos, precisamente porque el Canal y su entorno portuario está llamado a desempeñar un papel estratégico en el desarrollo del comercio marítimo internacional. Por tanto, el Gobierno asume el imperativo de establecer los mecanismos que faciliten la preparación del sector productivo del país, a través de la innovación tecnológica, la reconversión, la diversificación y el apoyo financiero para enfrentar un futuro de grandes retos, pero también de incalculables oportunidades.
La comunidad internacional está expectante sobre el curso de los acontecimientos en Panamá y lo que vamos hacer con el patrimonio inalienable de la Nación. Por ello, el 2006 será el año del despertar de la conciencia democrática en el futuro económico del país, que es un tema de Estado; por lo que debemos propiciar, sin excesiva polarización, el debate de altura sobre los argumentos que atados al pasado conspiran contra el progreso social y el desarrollo económico.
La concentración de poderes en el Organo Ejecutivo, no debemos olvidarlo, siempre ha sido el primer paso para el montaje de las dictaduras.
El reto institucional del gobierno es enorme, porque demanda la eficaz supervisión de los servicios públicos y la libre competencia para aliviar el pesado lastre que representan los subsidios cargados a los consumidores. Además de la creación del Fondo Fiduciario del Canal para el desarrollo de infraestructuras sociales en el país, aparece el relanzamiento de una política de comercio exterior inspirada en el fin de posicionar al país ventajosamente en los mercados internacionales. Esta tarea lleva implícita la imperiosa modernización funcional del Ministerio de Comercio e Industrias, y la creación de una entidad que centralice los controles zoosanitario y fitosanitarios, garantizando la salud pública en la exportación e importación de productos; así como la desburocratización en Aduanas para facilitar negocios e inversiones, transformaciones institucionales que responden al enorme desafío de administrar eficientemente los TLC.
A los propósitos de dimensionar el mercado interno, a través del TLC con nuestro principal socio comercial, se suma la puesta en marcha de una audaz Agenda Complementaria, destinada a coordinar los esfuerzos institucionales para optimizar el aparato productivo del país en condiciones de propiciar el salto hacia la eficiencia y la competitividad. En esta tarea, resulta importante la articulación de nuestro servicio exterior en la identificación de mercados y en el apoyo de la asociación estratégica del sector empresarial para atraer inversiones extranjeras, con el fin de generar fuentes de trabajo que mitiguen el impacto de la pobreza que afecta al 40% de los panameños.
No podemos permanecer como prisioneros de nuestros temores y ante estos escenarios, el 2006 se perfila en esencia como un año de cruciales decisiones para los panameños, porque nos abocaremos al desafío colectivo de participar en una consulta popular para definir el futuro del Canal, por el que transita el 5% comercio mundial, de tal suerte que la clase política y todos los sectores de la vida nacional tendrán que aportar en la construcción de consensos nacionales que se definen como temas de Estado.
La tarea de superar el pesimismo y la resistencia al cambio no será fácil, por lo que debemos estar en condiciones de competir con nuestro entorno regional, que ya han asegurado la incursión de sus productos con un arancel cero en el mercado de 300 millones de habitantes. Por lo que, el país afronta una coyuntura histórica en la que se requiere el concurso libre y voluntario de sus ciudadanos para participar en el modelo económico y social que nos permita eliminar la inequidad y la exclusión social, erradicando el impacto de la pobreza como objetivo cardinal de las metas del milenio.
Los panameños debemos enfrentar con determinación el dilema existencial del proyecto de país a que aspiramos, precisamente porque el Canal y su entorno portuario está llamado a desempeñar un papel estratégico en el desarrollo del comercio marítimo internacional. Por tanto, el Gobierno asume el imperativo de establecer los mecanismos que faciliten la preparación del sector productivo del país, a través de la innovación tecnológica, la reconversión, la diversificación y el apoyo financiero para enfrentar un futuro de grandes retos, pero también de incalculables oportunidades.
La comunidad internacional está expectante sobre el curso de los acontecimientos en Panamá y lo que vamos hacer con el patrimonio inalienable de la Nación. Por ello, el 2006 será el año del despertar de la conciencia democrática en el futuro económico del país, que es un tema de Estado; por lo que debemos propiciar, sin excesiva polarización, el debate de altura sobre los argumentos que atados al pasado conspiran contra el progreso social y el desarrollo económico.
La concentración de poderes en el Organo Ejecutivo, no debemos olvidarlo, siempre ha sido el primer paso para el montaje de las dictaduras.
