Declaración patrimonial
El inaugurado “Gobierno del Cambio” ha generado muchas expectativas sobre el combate a la corrupción. Una de las máximas en esta lucha es que hay que predicar con el ejemplo; es decir que, todos los panameños estaremos muy pendientes de que no se repitan las viejas prácticas del pasado -sólo que con nuevos protagonistas- en los nombramientos de familiares, socios y favoritos en los jugosos consulados privativos de la Marina Mercante, las muy rentables notarías y otras sinecuras del Estado.
También exigiremos el cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia y las obligaciones que tienen los servidores públicos dimanantes del Derecho Administrativo. La más importante ahora es la “Declaración de Bienes y Estado Patrimonial” de los funcionarios. Sin embargo, los políticos han buscado todo tipo de triquiñuelas legales para hacer casi imposible conocer estos datos de los altos cargos públicos, tanto cuando entran como cuando salen. Sin esta información, es muy difícil comprobar si “entraron limpios y salieron millonarios” o si “entraron millonarios y salieron multimillonarios”.
Lo primero que tienen que hacer los flamantes funcionarios del “Gobierno del Cambio”, es cambiar la Ley que limita el acceso a esa información y agregar la exigencia de que se deba adjuntar a la misma la declaración de rentas de los cinco años anteriores a haber asumido la posición. Lo siguiente, colocar en un sitio público -como el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo- las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios entrantes y salientes. Y no vale decir que uno no sabe realmente cuánto tiene, como dijo alguna vez el presidente Martinelli. Si a él no le interesa, a nosotros sí.
