Declaraciones contradictorias
Evidentes contradicciones existen en la posición oficial de los E.E.U.U. en torno al grado de colaboración de Panamá para contrarrestar el lavado de dinero. Por un lado tenemos la Declaración Explicativa de la Certificación de Drogas correspondiente al informe anual de la Casa Blanca y por el otro la declaración del Grupo de Acción Financiera (GAFI) donde se incluye a Panamá en la lista donde figuran los países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero. Veamos cada una por separado, en el orden precitado, a fin de observar la evidente contradicción que existe entre ambas declaraciones.
"Panamá es un punto importante de tránsito de la cocaína y heroína de Colombia en ruta a Estados Unidos. La cocaína pasa por las aguas territoriales panameñas oculta en barcos de pesca, embarcaciones "veloces" y buques de carga. Parte de ella se descarga en las costas panameñas y luego es transportada por camión por la Carretera Panamericana hacia Estados Unidos, o por mensajeros que viajan por avión a Estados Unidos y Europa".
"No hay pruebas de que ningún alto funcionario del Gobierno de Panamá esté involucrado en el contrabando de drogas. Ni tampoco de que la política del gobierno estimule o facilite las actividades criminales relacionadas con las drogas. No obstante, la cantidad de drogas decomisadas por los vecinos septentrionales de Panamá en la Carretera Panamericana indican inspecciones inadecuadas o corrupción de los funcionarios de fronteras del Gobierno de Panamá. El sistema judicial, con su tradicional susceptibilidad a la influencia y amenazas políticas, sigue siendo motivo de preocupación debido a los planes de que asuma el control de la Policía Técnica Judicial, socio principal del Gobierno de Estados Unidos en operaciones antinarcóticas".
"El Gobierno de Panamá continuó en 1998 la aplicación de su plan nacional contra los narcóticos y su excelente cooperación con sus contrapartes del Gobierno de Estados Unidos. La recopilación de información por las Unidades de Investigaciones Financieras y de Análisis Financiero mejoró también durante 1998. Sin embargo, poco progreso se alcanzó en llevar casos a juicio. Panamá siguió activo en foros y asociaciones internacionales que se ocupan del lavado de dinero, incluso el Grupo Egmont, el Grupo Especial Financiero del Caribe (CTAFT) el Grupo del Comité de Basilea de Supervisores de Bancos en el Extranjero y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos".
"En 1998, los funcionarios del Gobierno de Panamá decomisaron 11,771 toneladas métricas de cocaína y 22 kilos de heroína. Aun cuando la falta de recursos de la policía antinarcótica sigue siendo un problema, con la ayuda del Gobierno de Estados Unidos se han mejorado las instalaciones y el equipo del Servicio Marítimo Nacional de Panamá, lo que facilita un mayor grado de cooperación en la interceptación marítima en la región. Las operaciones marítimas incluyeron varias operaciones de inspecciones de barcos, y el intercambio de información y la cooperación, en numerosas ocasiones, en relación con la interceptación marítima de drogas".
"De la más alta prioridad en el año que viene será la firma de un acuerdo marítimo contra los narcóticos; el logro de mayores éxitos en enjuiciar a los que lavan dinero; la ampliación de la legislación con respecto al lavado de dinero para incluir las ganancias provenientes de todo delito, y el aumento de las capacidades antinarcóticas de la policía panameña".
Por el otro lado tenemos la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, que actuando bajo su promesa de presionar a las jurisdicciones "no cooperadoras", identificó el mes pasado a 15 países en una "lista negra" de lavado de dinero sin precedentes. El GAFI sostiene que estos países, incluidos conocidos paraísos de secretismo bancario y centros financieros offshore poco regulados, tienen "serios y sistemáticos problemas" con los controles antilavado. Asimismo, sostiene que estos países deberán "mejorar sus reglas y prácticas lo más expeditamente posible" o enfrentar sanciones revolucionarias que podrían incluir restricciones o prohibiciones comerciales entre sus instituciones y aquellas de los países miembros.
En un giro inusual, el reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional describe a las Islas Caimán y Panamá como "no cooperadores", pero al mismo tiempo exalta sus logros en el campo de los controles antilavado. Describe que Panamá ha realizado "una cantidad de mejoras significativas en su legislación durante los últimos años".
El Secretario del Departamento del Tesoro de EE.UU., Lawrence Summers, aplaudió la emisión de la lista diciendo que ella "brinda importante información que debería ser utilizada por las instituciones financieras de este país y alrededor del mundo al realizar..... esfuerzos internos antilavado". Manifestó que los E.E.U.U. "analizarán activamente" la necesidad de emitir "recomendaciones" formales a sus bancos al realizar transacciones con las instituciones de esos 15 países.
La Lista Negra la integran: Bahamas, Dominica, Filipinas, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Marshall, Israel, Líbano, Liechtenstein, Nauru, Nrue, Panamá, Rusia, St. Kitts y Nevis, St. Vicente y Las Granadinas.
Habida cuenta de esta evidente contradicción todo parece indicar que el asunto estriba en problemas con ribetes totalmente diferentes, como pudiera ser una presión a Panamá para que acceda a los intereses norteamericanos en el establecimiento de bases militares en territorio nacional. Ya los E.E.U.U. son conocidos en la aplicación de estas presiones para doblegar a los miembros de la comunidad internacional. Un gran ejemplo lo constituye la OMC cuyo lema es "o cumples, o cumples". No hay otra.
"Panamá es un punto importante de tránsito de la cocaína y heroína de Colombia en ruta a Estados Unidos. La cocaína pasa por las aguas territoriales panameñas oculta en barcos de pesca, embarcaciones "veloces" y buques de carga. Parte de ella se descarga en las costas panameñas y luego es transportada por camión por la Carretera Panamericana hacia Estados Unidos, o por mensajeros que viajan por avión a Estados Unidos y Europa".
"No hay pruebas de que ningún alto funcionario del Gobierno de Panamá esté involucrado en el contrabando de drogas. Ni tampoco de que la política del gobierno estimule o facilite las actividades criminales relacionadas con las drogas. No obstante, la cantidad de drogas decomisadas por los vecinos septentrionales de Panamá en la Carretera Panamericana indican inspecciones inadecuadas o corrupción de los funcionarios de fronteras del Gobierno de Panamá. El sistema judicial, con su tradicional susceptibilidad a la influencia y amenazas políticas, sigue siendo motivo de preocupación debido a los planes de que asuma el control de la Policía Técnica Judicial, socio principal del Gobierno de Estados Unidos en operaciones antinarcóticas".
"El Gobierno de Panamá continuó en 1998 la aplicación de su plan nacional contra los narcóticos y su excelente cooperación con sus contrapartes del Gobierno de Estados Unidos. La recopilación de información por las Unidades de Investigaciones Financieras y de Análisis Financiero mejoró también durante 1998. Sin embargo, poco progreso se alcanzó en llevar casos a juicio. Panamá siguió activo en foros y asociaciones internacionales que se ocupan del lavado de dinero, incluso el Grupo Egmont, el Grupo Especial Financiero del Caribe (CTAFT) el Grupo del Comité de Basilea de Supervisores de Bancos en el Extranjero y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos".
"En 1998, los funcionarios del Gobierno de Panamá decomisaron 11,771 toneladas métricas de cocaína y 22 kilos de heroína. Aun cuando la falta de recursos de la policía antinarcótica sigue siendo un problema, con la ayuda del Gobierno de Estados Unidos se han mejorado las instalaciones y el equipo del Servicio Marítimo Nacional de Panamá, lo que facilita un mayor grado de cooperación en la interceptación marítima en la región. Las operaciones marítimas incluyeron varias operaciones de inspecciones de barcos, y el intercambio de información y la cooperación, en numerosas ocasiones, en relación con la interceptación marítima de drogas".
"De la más alta prioridad en el año que viene será la firma de un acuerdo marítimo contra los narcóticos; el logro de mayores éxitos en enjuiciar a los que lavan dinero; la ampliación de la legislación con respecto al lavado de dinero para incluir las ganancias provenientes de todo delito, y el aumento de las capacidades antinarcóticas de la policía panameña".
Por el otro lado tenemos la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, que actuando bajo su promesa de presionar a las jurisdicciones "no cooperadoras", identificó el mes pasado a 15 países en una "lista negra" de lavado de dinero sin precedentes. El GAFI sostiene que estos países, incluidos conocidos paraísos de secretismo bancario y centros financieros offshore poco regulados, tienen "serios y sistemáticos problemas" con los controles antilavado. Asimismo, sostiene que estos países deberán "mejorar sus reglas y prácticas lo más expeditamente posible" o enfrentar sanciones revolucionarias que podrían incluir restricciones o prohibiciones comerciales entre sus instituciones y aquellas de los países miembros.
En un giro inusual, el reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional describe a las Islas Caimán y Panamá como "no cooperadores", pero al mismo tiempo exalta sus logros en el campo de los controles antilavado. Describe que Panamá ha realizado "una cantidad de mejoras significativas en su legislación durante los últimos años".
El Secretario del Departamento del Tesoro de EE.UU., Lawrence Summers, aplaudió la emisión de la lista diciendo que ella "brinda importante información que debería ser utilizada por las instituciones financieras de este país y alrededor del mundo al realizar..... esfuerzos internos antilavado". Manifestó que los E.E.U.U. "analizarán activamente" la necesidad de emitir "recomendaciones" formales a sus bancos al realizar transacciones con las instituciones de esos 15 países.
La Lista Negra la integran: Bahamas, Dominica, Filipinas, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Marshall, Israel, Líbano, Liechtenstein, Nauru, Nrue, Panamá, Rusia, St. Kitts y Nevis, St. Vicente y Las Granadinas.
Habida cuenta de esta evidente contradicción todo parece indicar que el asunto estriba en problemas con ribetes totalmente diferentes, como pudiera ser una presión a Panamá para que acceda a los intereses norteamericanos en el establecimiento de bases militares en territorio nacional. Ya los E.E.U.U. son conocidos en la aplicación de estas presiones para doblegar a los miembros de la comunidad internacional. Un gran ejemplo lo constituye la OMC cuyo lema es "o cumples, o cumples". No hay otra.
