Defendiendo a Panamá en los tribunales internacionales
En la semana que acaba de transcurrir fui testigo especial invitado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en Washington, EE.UU., para defender a Panamá contra una demanda de $100 millones que ha presentado el consorcio tico-holandés llamado Decsa. Dicho consorcio sustenta su acción alegando un supuesto perjuicio que deriva de acciones que tomó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), cuando yo fungía como administrador general de dicha institución, con miras a proteger la seguridad jurídica de tierras panameñas, luego de conocer de posibles irregularidades.
Cuando fui invitado para participar, desde luego que tuve mis aprehensiones. Digo esto porque contra mí han pesado varias investigaciones y persecuciones, todas resultando en nada más que fábulas y conclusiones favorables hacia mi persona. Quizás el mejor ejemplo es que en días pasados, el Tribunal Superior falló en el famoso caso de los alquileres de helicópteros, que la auditoría que llevó a cabo la Contraloría General de la República era inexacta y no goza de la idoneidad necesaria para acreditar el supuesto hecho punible. Por ese mismo caso sobre mí pesa una de las fianzas más caras, siendo esta de medio millón de dólares, la que logré consignar, pero a un costo altísimo que debo pagar todos los años. Llevo ya tres años pagando dicha fianza, he salido del país en 6 ocasiones por razones de trabajo y siempre he cumplido con todo lo que dicta mi medida cautelar.
Sin embargo, y por más que ya la supuesta prueba principal en mi contra del caso que mantengo ante la justicia ha sido descalificada, por más que he cumplido fielmente con los deberes, obligaciones y restricciones que dicta la medida cautelar impuesta desde que culminaron mis 5 meses de detención preventiva, por más que defiendo a mi país ante tribunales internacionales, aun así y, a pesar de todo esto, no logro que me cambien la medida de fianza por una menos severa. Desde mi indagatoria en agosto del 2015, nunca me extendieron el beneficio de duda, ni hablar del derecho y principio solemne de ser inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ni tan siquiera valoraron las pruebas que presenté aquel fatídico día, las que claramente descalificaban las acusaciones en mi contra.
A pesar de todo el abuso, la persecución y los efectos que eso tiene sobre mi vida profesional, personal y familiar, aun así yo cumplo con mi deber como panameño y defiendo a mi país a donde sea que lo requiera y sin dudar por un solo momento. El día de mañana, cuando ya esta tormenta haya pasado y habremos retomado el rumbo correcto hacia un país en paz y prosperidad, recordaré estos momentos que en vez de debilitarme, me hicieron más fuerte.
Exadministrador general de la Anati (2011-2014).
