Del Acuerdo META a la Complicidad de Boquete
En agosto de 2000, el Presidente del PDC (ahora Partido Popular) y el Secretario General del PRD, dos de los líderes jóvenes que se ofrecen al país, con seria experiencia política, anunciaron un Acuerdo legislativo entre sus partidos con un triple propósito: 1. Mejorar y transformar el funcionamiento de la Asamblea, con mayor transparencia y menor costo. 2. Incrementar la productividad y la calidad del proceso legislativo. 3. Constituir una directiva que por ser honrada y de oposición actuara con la debida independencia y fiscalizara mejor al Ejecutivo, para rectificar y perfeccionar sus proyectos, no para paralizarlos. Propusieron como su primer Presidente a un legislador de criterio independiente que no pertenecía a ninguno de los dos partidos del acuerdo.
Aunque ambos partidos habían anunciado por adelantado que sostenían conversaciones sobre el futuro de la Asamblea Legislativa, el acuerdo sorprendió. Era la primera vez que el PDC/PP y el PRD, acérrimos adversarios desde tiempos de la lucha contra la dictadura, llegaban a un acuerdo, aunque los demás partidos ya habían aceptado previamente de diversas maneras la colaboración del PRD.
El acuerdo fue institucional, no entre personas para su beneficio individual, ni entre sectores de partidos en detrimento de los partidos en su conjunto. Fue un acuerdo entre los jefes de dos partidos, debidamente autorizados por sus organismos de decisión, sobre la base de darle al país el mínimo indispensable de dirección y estabilidad que el Ejecutivo actual no le da. Fue el acuerdo más transparente que se haya hecho en la Asamblea. Al firmarse en público, se dio a conocer su contenido programático de adecentamiento institucional y de agenda legislativa. El Acuerdo META respondió al clamor popular por más decencia y mayor efectividad en los Órganos del Estado.
Los resultados se conocen. Los dos Presidentes de la Asamblea por el Acuerdo, Laurentino Cortizo Cohen y Rubén Arosemena Valdés, se destacaron por su seriedad, su disciplina de trabajo y sobre todo su honradez. Con el apoyo de sus directivas, sus bancadas y los dos partidos, tomaron la iniciativa de reducir el costo de la Asamblea en B/8 millones, distribuyeron los fondos para personal y obras comunitarias por igual, reglamentaron el uso de las partidas circuitales, introdujeron licitaciones públicas en todas las inversiones y compras de la Asamblea, e hicieron que esta institución estatal fuera la que proporciona más información vía Internet (incluyendo sobre toda su actividad financiera). Más del 75% de los proyectos del Ejecutivo se aprobaron con sustanciales mejoras por parte de los legisladores, con un quórum proporcionado por los legisladores de oposición en la ausencia reiterada de muchos oficialistas.
Cortizo se puede enorgullecer de que logró que el contrato-ley del CEMIS dejara de ser una negación de la nacionalidad y una expresión de entreguismo económico tal que el Ejecutivo presentó, para convertirlo en un instrumento de desarrollo económico. Arosemena se puede enorgullecer que logró la aprobación de la Ley de Transparencia y el ejemplar cumplimiento de la misma por la propia Asamblea, mientras el Ejecutivo intentaba neutralizarla por medio de una reglamentación absurdamente restrictiva.
Contrasta dramáticamente con el Acuerdo Meta el pacto que la presidenta Moscoso, con el apoyo de los legisladores oficialistas, estableció con cinco legisladores del PRD que violaron la política de oposición de su propio partido. Este pacto merece se le denomine la Complicidad de Boquete, pues de la residencia presidencial salieron sus iniciativas.
No es un pacto institucional. La Presidenta negó el acuerdo que los legisladores arnulfistas Salas y Blandón, debidamente autorizados, recomendaban se estableciera con el legislador Héctor Alemán del PRD, en representación de META, para que en las directivas de la Asamblea participaran todas las bancadas, incluso bajo la presidencia del legislador Salas, si el oficialismo obtenía la mayoría.
Ella prefirió entenderse con los cinco legisladores del PRD desconocedores de la línea opositora de su propio partido. Incluido en este grupo se encuentra el legislador confeso de haber sido objeto de soborno por su voto a favor del CEMIS y acusado de haberlo sido también para que votara por los dos magistrados recién nombrados a la Corte Suprema, quienes no han tenido vergüenza de actuar desde la Corte para evitarle problemas legales a su presunto cómplice legislativo. Uno de estos Legisladores declaró que la Presidenta les había prometido las partidas circuitales a cambio de su voto.El hecho de que ahora ella se niegue a hacerlo, sugiere que otorgará la compensación vía el gasto presupuestario regular. Promover tan descaradamente el divisionismo en un partido con el que se está dialogando, revela de parte de la Presidenta lo poco que le importan los diálogos nacionales sobre los graves problemas económicos y sociales del país y lo poco que le importa que sus magistrados comprometan a la Corte en los asuntos electorales privativos del Tribunal Electoral.
Con la Complicidad de Boquete comprobaremos si la nueva mayoría oficialista avanza o retrocede en el esfuerzo que META inició desde la oposición por adecentar la Asamblea y hacerla más efectiva. De todos modos, se le terminaron las excusas a la Presidenta: con su quórum oficialista y su mayoría oficialista y con una Corte Suprema subordinada al oficialismo, tiene poder en exceso del que necesita para resolver los problemas del país. Si no lo hace, su ineptitud queda probada fuera de toda duda. El electorado habrá de hacérselo pagar en el 2004 a su partido y a los partidos y candidatos que la hayan apoyado o acompañado.
(ariyan@sinfo.net)
Aunque ambos partidos habían anunciado por adelantado que sostenían conversaciones sobre el futuro de la Asamblea Legislativa, el acuerdo sorprendió. Era la primera vez que el PDC/PP y el PRD, acérrimos adversarios desde tiempos de la lucha contra la dictadura, llegaban a un acuerdo, aunque los demás partidos ya habían aceptado previamente de diversas maneras la colaboración del PRD.
El acuerdo fue institucional, no entre personas para su beneficio individual, ni entre sectores de partidos en detrimento de los partidos en su conjunto. Fue un acuerdo entre los jefes de dos partidos, debidamente autorizados por sus organismos de decisión, sobre la base de darle al país el mínimo indispensable de dirección y estabilidad que el Ejecutivo actual no le da. Fue el acuerdo más transparente que se haya hecho en la Asamblea. Al firmarse en público, se dio a conocer su contenido programático de adecentamiento institucional y de agenda legislativa. El Acuerdo META respondió al clamor popular por más decencia y mayor efectividad en los Órganos del Estado.
Los resultados se conocen. Los dos Presidentes de la Asamblea por el Acuerdo, Laurentino Cortizo Cohen y Rubén Arosemena Valdés, se destacaron por su seriedad, su disciplina de trabajo y sobre todo su honradez. Con el apoyo de sus directivas, sus bancadas y los dos partidos, tomaron la iniciativa de reducir el costo de la Asamblea en B/8 millones, distribuyeron los fondos para personal y obras comunitarias por igual, reglamentaron el uso de las partidas circuitales, introdujeron licitaciones públicas en todas las inversiones y compras de la Asamblea, e hicieron que esta institución estatal fuera la que proporciona más información vía Internet (incluyendo sobre toda su actividad financiera). Más del 75% de los proyectos del Ejecutivo se aprobaron con sustanciales mejoras por parte de los legisladores, con un quórum proporcionado por los legisladores de oposición en la ausencia reiterada de muchos oficialistas.
Cortizo se puede enorgullecer de que logró que el contrato-ley del CEMIS dejara de ser una negación de la nacionalidad y una expresión de entreguismo económico tal que el Ejecutivo presentó, para convertirlo en un instrumento de desarrollo económico. Arosemena se puede enorgullecer que logró la aprobación de la Ley de Transparencia y el ejemplar cumplimiento de la misma por la propia Asamblea, mientras el Ejecutivo intentaba neutralizarla por medio de una reglamentación absurdamente restrictiva.
Contrasta dramáticamente con el Acuerdo Meta el pacto que la presidenta Moscoso, con el apoyo de los legisladores oficialistas, estableció con cinco legisladores del PRD que violaron la política de oposición de su propio partido. Este pacto merece se le denomine la Complicidad de Boquete, pues de la residencia presidencial salieron sus iniciativas.
No es un pacto institucional. La Presidenta negó el acuerdo que los legisladores arnulfistas Salas y Blandón, debidamente autorizados, recomendaban se estableciera con el legislador Héctor Alemán del PRD, en representación de META, para que en las directivas de la Asamblea participaran todas las bancadas, incluso bajo la presidencia del legislador Salas, si el oficialismo obtenía la mayoría.
Ella prefirió entenderse con los cinco legisladores del PRD desconocedores de la línea opositora de su propio partido. Incluido en este grupo se encuentra el legislador confeso de haber sido objeto de soborno por su voto a favor del CEMIS y acusado de haberlo sido también para que votara por los dos magistrados recién nombrados a la Corte Suprema, quienes no han tenido vergüenza de actuar desde la Corte para evitarle problemas legales a su presunto cómplice legislativo. Uno de estos Legisladores declaró que la Presidenta les había prometido las partidas circuitales a cambio de su voto.El hecho de que ahora ella se niegue a hacerlo, sugiere que otorgará la compensación vía el gasto presupuestario regular. Promover tan descaradamente el divisionismo en un partido con el que se está dialogando, revela de parte de la Presidenta lo poco que le importan los diálogos nacionales sobre los graves problemas económicos y sociales del país y lo poco que le importa que sus magistrados comprometan a la Corte en los asuntos electorales privativos del Tribunal Electoral.
Con la Complicidad de Boquete comprobaremos si la nueva mayoría oficialista avanza o retrocede en el esfuerzo que META inició desde la oposición por adecentar la Asamblea y hacerla más efectiva. De todos modos, se le terminaron las excusas a la Presidenta: con su quórum oficialista y su mayoría oficialista y con una Corte Suprema subordinada al oficialismo, tiene poder en exceso del que necesita para resolver los problemas del país. Si no lo hace, su ineptitud queda probada fuera de toda duda. El electorado habrá de hacérselo pagar en el 2004 a su partido y a los partidos y candidatos que la hayan apoyado o acompañado.
(ariyan@sinfo.net)
