Del debate conceptual a la vida política
UNO DE LOS problemas más serios que tenemos como sociedad, es una especie de paranoia constitucional.
Los juristas no podemos sentarnos con calma a debatir los presupuestos de un cambio constitucional, y/o los mecanismos y herramientas constitucionales que tenemos para que esos cambios se den, cuando la paranoia, sino la esquizofrenia, se apoderan de amplios sectores económicos y sociales.
El Derecho Constitucional es una rama del Derecho como el Derecho de Familia, o el Derecho Penal; pero cuando empezamos a hablar sobre temas constitucionales, incluso si esta conversación es tan sólo en el plano conceptual, sin agregar a ella tiempos, circunstancias políticas o consideraciones sobre viabilidad o no de llevarlos adelante, cunde el pánico en el vecindario, como diría Chespirito.
Por lo tanto, permítanme aclarar algunas cosas. La política siempre precede al Derecho Constitucional. Esto significa que no importa cuánto nos pasemos los abogados conversando sobre supuestos cambios que necesita la Constitución Nacional, estos cambios sólo se darán cuando las fuerzas políticas, económicas y sociales del país quieran que así suceda. Sin que esa voluntad política previa exista, esos cambios constitucionales podrán ser muy necesarios, pero jamás se materializarán.
Segundo, el país cuenta con un texto constitucional democrático. Que necesita enmendarse para ser más democrático y menos centralista, por supuesto, pero democrático, al fin y al cabo. Y podemos vivir con él por mucho tiempo más, no sólo porque es un texto constitucional democrático, sino también porque el resto de los acuciantes problemas que tiene el país, son muchísimo más importantes que emprender una nueva reforma constitucional.
Tercero, el hecho de que hayamos identificado y elaborado una lista de temas, que en nuestra opinión, deben ser objeto de revisión constitucional, no significa que exista suficiente consenso político sobre dichos cambios. Por ejemplo, si liberales, socialistas, solidarios y derechistas, no se ponen de acuerdo en el país, sobre la modificación del título que desarrolla la Economía Nacional, ¿alguien pretende que podemos implementar dichos cambios al margen de ese acuerdo? Lo mismo en materia de descentralización política.
¿Considera el lector que vale la pena convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin tener algunos presupuestos mínimos sobre el resultado plausible y posible de dicha iniciativa?
Otra vez, al traer sobre el escenario el tema, sólo hemos querido destacar la relevancia de su discusión conceptual fría al margen del calor de la contienda electoral. Después de la misma, seguro que tendremos mejores elementos de juicio para decidir si políticamente nos conviene dar ese salto cualitativo, en ese momento, o si la falta de consenso sobre su contenido, nos aconseja esperar.
El Puerto Panamá data de 1830. Fue reconstruido por el ex presidente Harmodio Arias Madrid, entre 1932 y 1936.
Ingenieros colombianos construyeron el lugar para el transporte de mercancías.
En 1974, el muelle pasó a manos de la desaparecida Autoridad Portuaria de Panamá.
Entre 1974 y 1990 hubo una gran actividad en el lugar y pasó a tener categoría de muelle internacional.
Los juristas no podemos sentarnos con calma a debatir los presupuestos de un cambio constitucional, y/o los mecanismos y herramientas constitucionales que tenemos para que esos cambios se den, cuando la paranoia, sino la esquizofrenia, se apoderan de amplios sectores económicos y sociales.
El Derecho Constitucional es una rama del Derecho como el Derecho de Familia, o el Derecho Penal; pero cuando empezamos a hablar sobre temas constitucionales, incluso si esta conversación es tan sólo en el plano conceptual, sin agregar a ella tiempos, circunstancias políticas o consideraciones sobre viabilidad o no de llevarlos adelante, cunde el pánico en el vecindario, como diría Chespirito.
Por lo tanto, permítanme aclarar algunas cosas. La política siempre precede al Derecho Constitucional. Esto significa que no importa cuánto nos pasemos los abogados conversando sobre supuestos cambios que necesita la Constitución Nacional, estos cambios sólo se darán cuando las fuerzas políticas, económicas y sociales del país quieran que así suceda. Sin que esa voluntad política previa exista, esos cambios constitucionales podrán ser muy necesarios, pero jamás se materializarán.
Segundo, el país cuenta con un texto constitucional democrático. Que necesita enmendarse para ser más democrático y menos centralista, por supuesto, pero democrático, al fin y al cabo. Y podemos vivir con él por mucho tiempo más, no sólo porque es un texto constitucional democrático, sino también porque el resto de los acuciantes problemas que tiene el país, son muchísimo más importantes que emprender una nueva reforma constitucional.
Tercero, el hecho de que hayamos identificado y elaborado una lista de temas, que en nuestra opinión, deben ser objeto de revisión constitucional, no significa que exista suficiente consenso político sobre dichos cambios. Por ejemplo, si liberales, socialistas, solidarios y derechistas, no se ponen de acuerdo en el país, sobre la modificación del título que desarrolla la Economía Nacional, ¿alguien pretende que podemos implementar dichos cambios al margen de ese acuerdo? Lo mismo en materia de descentralización política.
¿Considera el lector que vale la pena convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin tener algunos presupuestos mínimos sobre el resultado plausible y posible de dicha iniciativa?
Otra vez, al traer sobre el escenario el tema, sólo hemos querido destacar la relevancia de su discusión conceptual fría al margen del calor de la contienda electoral. Después de la misma, seguro que tendremos mejores elementos de juicio para decidir si políticamente nos conviene dar ese salto cualitativo, en ese momento, o si la falta de consenso sobre su contenido, nos aconseja esperar.
El Puerto Panamá data de 1830. Fue reconstruido por el ex presidente Harmodio Arias Madrid, entre 1932 y 1936.
Ingenieros colombianos construyeron el lugar para el transporte de mercancías.
En 1974, el muelle pasó a manos de la desaparecida Autoridad Portuaria de Panamá.
Entre 1974 y 1990 hubo una gran actividad en el lugar y pasó a tener categoría de muelle internacional.
