Del Fondo Complementario y otras trapacerías
Desde hace aproximadamente tres años, los contribuyentes del fondo complementario, que no recibíamos mayores beneficios, suspendimos el descuento relativo a este acápite y con posterioridad, aquellos que reuníamos los requisitos establecidos para que se nos devolviera (edad, monto, número de cuotas, etc.) hicimos los trámites respectivos para tal fin.
Como todos recordaremos, en las postrimerías del gobierno anterior se establecieron las bases para crear, "previa licitación" las empresas que administrarían los fondos, que en su momento traspasaría el Estado, custodio de los mismos. A la fecha, ya constituido el SIACAP, empresa administradora de estos fondos, sólo se ha elaborado unas doscientas resoluciones de devolución, las que firmadas por sus tenedores, aún no han sido compensadas económicamente, según refieren, porque el gobierno no ha entregado el dinero correspondiente. A qué se debe, vaya Ud. a saber, pues los descuentos de los servidores públicos se realizaron en los términos establecidos por la ley y deben estar depositados, a buen recaudo, en las arcas del Banco Nacional.
Indistintamente de dónde guarde el Estado nuestros fondos, lo cierto es que no encontramos ningún argumento válido para que a estas alturas posterguen de manera sistemática la entrega del dinero a sus verdaderos dueños. Una de las razones esgrimidas en su momento para el descuento obligatorio de esa cuota, fue la de proporcionarle a los derecho habitantes la posibilidad de un mayor ingreso en la etapa avanzada de su vida; no obstante ello, la postura asumida por la administración gubernamental, al no proveer los fondos requeridos, viola el derecho de los prestatarios, amén de que bastante se ha beneficiado el Estado con el dinero que rigurosa y forzosamente nos descontaron por espacio de veintitantos años.
Es triste tener que admitirlo, pero los funcionarios públicos generalmente estamos expuestos a un sin fin de circunstancias que no pocas veces se toman lesivas para nuestra dignidad personal y profesional. Ejemplo de esto último lo encontramos en las múltiples formas de coacción y presión a las que se nos somete cuando se trata de elegir autoridades de gobierno.
Los dirigentes y políticos se han creído que la cosa pública es una piñata o pastel que tienen que repartirse en virtud de determinada filiación política. Poca o ninguna consideración merece el desempeño laboral, técnico o profesional. Lo que menos importa es la calidad o capacidad. No se trata de que usted desempeñe bien su trabajo, sino de la filiación partidista o del candidato que apoyó; en consecuencia la dinámica que adquiere una administración con ese perfil, dista mucho de ser científica y racional, por lo que no es de extrañar que si el grupo en el poder carece de cuadros con solidez moral y profesional, las acciones administrativas carezcan de eficiencia, eficacia y honestidad. También implica que un grupo en el poder muy cerrado ideológicamente se torne sectario, acrítico, arrogante y prepotente.
Salvo por estas consideraciones, cómo explicarse que a los empleados públicos se le legisle e imponga normas contrarias a los derechos laborales, tales como en su momento lo fueron, la coerción y sanción por el voto; el incumplimiento del pago de vacaciones (varios meses) o la retribución de compromisos laborales a través de lo que se denominó "títulos prestacionales", sujetos a redimirse en diez y más años, o en su defecto, transar con algunos negociantes "fortuitos" al setenta, sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento de su valor, dependiendo del año de vencimiento del pagaré, mientras más lejano con menor compensación. Ahora bien, con independencia de las razones que impiden que el SIACAP honre sus compromisos con los servidores públicos, urgimos a, las autoridades correspondientes a satisfacer con prontitud las demandas de devolución del dinero del Fondo Complementario, pues no se trata de una concesión o regalía, sino de un dinero acumulado sin consultarnos, que les generó pingues ganancias.
Como todos recordaremos, en las postrimerías del gobierno anterior se establecieron las bases para crear, "previa licitación" las empresas que administrarían los fondos, que en su momento traspasaría el Estado, custodio de los mismos. A la fecha, ya constituido el SIACAP, empresa administradora de estos fondos, sólo se ha elaborado unas doscientas resoluciones de devolución, las que firmadas por sus tenedores, aún no han sido compensadas económicamente, según refieren, porque el gobierno no ha entregado el dinero correspondiente. A qué se debe, vaya Ud. a saber, pues los descuentos de los servidores públicos se realizaron en los términos establecidos por la ley y deben estar depositados, a buen recaudo, en las arcas del Banco Nacional.
Indistintamente de dónde guarde el Estado nuestros fondos, lo cierto es que no encontramos ningún argumento válido para que a estas alturas posterguen de manera sistemática la entrega del dinero a sus verdaderos dueños. Una de las razones esgrimidas en su momento para el descuento obligatorio de esa cuota, fue la de proporcionarle a los derecho habitantes la posibilidad de un mayor ingreso en la etapa avanzada de su vida; no obstante ello, la postura asumida por la administración gubernamental, al no proveer los fondos requeridos, viola el derecho de los prestatarios, amén de que bastante se ha beneficiado el Estado con el dinero que rigurosa y forzosamente nos descontaron por espacio de veintitantos años.
Es triste tener que admitirlo, pero los funcionarios públicos generalmente estamos expuestos a un sin fin de circunstancias que no pocas veces se toman lesivas para nuestra dignidad personal y profesional. Ejemplo de esto último lo encontramos en las múltiples formas de coacción y presión a las que se nos somete cuando se trata de elegir autoridades de gobierno.
Los dirigentes y políticos se han creído que la cosa pública es una piñata o pastel que tienen que repartirse en virtud de determinada filiación política. Poca o ninguna consideración merece el desempeño laboral, técnico o profesional. Lo que menos importa es la calidad o capacidad. No se trata de que usted desempeñe bien su trabajo, sino de la filiación partidista o del candidato que apoyó; en consecuencia la dinámica que adquiere una administración con ese perfil, dista mucho de ser científica y racional, por lo que no es de extrañar que si el grupo en el poder carece de cuadros con solidez moral y profesional, las acciones administrativas carezcan de eficiencia, eficacia y honestidad. También implica que un grupo en el poder muy cerrado ideológicamente se torne sectario, acrítico, arrogante y prepotente.
Salvo por estas consideraciones, cómo explicarse que a los empleados públicos se le legisle e imponga normas contrarias a los derechos laborales, tales como en su momento lo fueron, la coerción y sanción por el voto; el incumplimiento del pago de vacaciones (varios meses) o la retribución de compromisos laborales a través de lo que se denominó "títulos prestacionales", sujetos a redimirse en diez y más años, o en su defecto, transar con algunos negociantes "fortuitos" al setenta, sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento de su valor, dependiendo del año de vencimiento del pagaré, mientras más lejano con menor compensación. Ahora bien, con independencia de las razones que impiden que el SIACAP honre sus compromisos con los servidores públicos, urgimos a, las autoridades correspondientes a satisfacer con prontitud las demandas de devolución del dinero del Fondo Complementario, pues no se trata de una concesión o regalía, sino de un dinero acumulado sin consultarnos, que les generó pingues ganancias.
