del Ministerio Público
Cuando la pasada administración designó a Ana Matilde Gómez como jefa del Ministerio Publico, fui uno de los muchos panameños que ingenuamente pensamos que con ella se iniciaría un “revolcón judicial” que no solo adecentaría a dicha institución, sino que fortalecería el estado de derecho, combatiría la impunidad de los delincuentes de cuello blanco y sobre todo la corrupción gubernamental, con una batería de fiscales altamente calificados que respetasen la presunción de inocencia y los derechos humanos.
Por ello, como ciudadano responsable, le manifestamos en más de una ocasión, la actuación de ciertos fiscales que públicamente hacían gala de su machismo en detrimento de la protección de las víctimas de violencia de género o hechos violatorios al debido proceso y al buen funcionamiento de la justicia, como cuando una fiscal anticorrupción no solo dejó de asistir a una audiencia, sino que no había acreditado siquiera a su asistente para actuar en su lugar.
Sin embargo, en lugar de sancionar a dichos funcionarios, lo que ella ha hecho es cubrir con un manto de protección a una serie de fiscales ineptos e incompetentes que solo tienen el mérito de ser unos incondicionales de su pésima gestión al frente del Ministerio Publico y que no le hacen ver la triste realidad de un Ministerio Fiscal que vive una crisis endémica de credibilidad frente a una ciudadanía que lo único que le exige, es que realice a cabalidad su mandato constitucional que no es otros que perseguir los delitos.
De “indiferentes, inoportunas y trotonas” podrían ser calificadas sus actuaciones frente a casos sensitivos en donde ha demostrado un inadecuado y pobre manejo, como lo fue en las destituciones de fiscales que han costado una fortuna al erario publico, en el caso de los envenenados del Seguro Social en donde el Magistrado Salas le ha ordenado ampliar las investigaciones producto de las deficiencias de las mismas y recientemente con una serie de acusaciones que ha cruzado con la Secretaria Anticorrupción que lo único que propicia es un clima de falta de credibilidad y zozobra ciudadana.
Es hora de que la Procuradora de la Nación se deje de escudar con estadísticas de resultados y empiece a explicar casos en donde la acción fiscal no ha sido oportuna y deje a un lado los guiones de películas de gángster con los que trata de justificar y defender la propia incapacidad de unos subalternos que cada día pierden no solo los casos emblemáticos sino las consideraciones ciudadanas.
De lo contrario, es hora de que ella piense seriamente en “tirar la toalla” y ofrecer la oportunidad a que los vientos de cambio que estamos viviendo entren al Ministerio Publico para combatir eficazmente la ola de delincuencia e impunidad actuales, ya que mucha es de su entera responsabilidad.
