Del pecado, estigma y discriminación
Hace muchas décadas atrás cuando una joven se embarazaba sin estar casada, no solamente caía en un estado de pecado, sino que se le discriminaba socialmente, se le estigmatizaba, al punto que muchas recurrían al aborto a escondidas, utilizando los sistemas burdos, los que se convertían no sólo en la antesala de la muerte, sino en la muerte misma. Las que sobrevivían estas experiencias, a veces quedaban estériles, pero, sobre todo, con los peores sentimientos de culpa, frustración y con la angustia de cómo informarle a un futuro esposo que ya no eran vírgenes, un requisito indispensable para ir al matrimonio en aquellas épocas. Los tiempos evolucionan y, para fortuna de las jóvenes de hoy, nuestro país se ha situado a la vanguardia en materia de embarazos de adolescentes. Gracias a la visión de nuestra actual administración gubernamental, que a partir de la campaña electoral lo plasmó en su "Compromiso para el Cambio" desde el pasado 13 de junio contamos con la Ley No. 29, "que garantiza la salud y la educación de la adolescente embarazada", debidamente sancionada por la Presidenta Mireya E. Moscoso R.
Si bien es cierto que para nuestro gobierno este tema siempre fue una prioridad, también es cierto que la Ley 29 es el producto de acciones consensuadas entre los órganos Ejecutivo y Legislativo y la sociedad civil. Es importante resaltar la participación decidida de instituciones como los ministerios de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia; Salud y Educación, así como la Caja de Seguro Social, que dieron prioridad en sus agendas de trabajo en esta búsqueda de garantizarle el derecho a recibir atención de salud integral, así como su permanencia en el sistema educativo y la protección legal en los casos en que se amerite, a esas jóvenes que por avatares del destino se tienen que enfrentar a un embarazo. Definitivamente que las proyecciones de esta legislación no implican una patente de corso para que nuestra juventud se involucre en responsabilidades sexuales antes de poseer la madurez que conlleva el ser padres y madres de familia. Se trata de un instrumento jurídico que le ofrece garantías a menores de edad de ambos sexos para que puedan proseguir sus estudios y, de esta manera, continúen una preparación que les depare un futuro más promisorio para la pareja y para el vástago (a), con el menor porcentaje de traumas y desencantos.
Esta iniciativa que ha puesto en marcha la administración Moscoso, totalmente de vanguardia, da fe de la responsabilidad y sensibilidad de un gobierno hacia los sectores más vulnerables de la población, en este caso las adolescentes embarazadas. Ahora nos corresponde al resto de las partes involucradas en el cumplimiento de la norma jurídica, ofrecer todo el apoyo, sapiencia y buena voluntad, para lograr el fruto óptimo y que, en verdad, le ofrezca mejores condiciones de vida a estas jóvenes. No podemos pasar por alto la importancia que esta nueva legislación tiene para el devenir de la mujer, llámese joven, adulta, de la tercera edad, etc. La vislumbramos como un nuevo apoyo para que ella se inserte en la sociedad en igualdad de condiciones, con herramientas prácticas y con perspectivas positivas.
*Ministerio de la Juventud, la Niñez y la Familia
Si bien es cierto que para nuestro gobierno este tema siempre fue una prioridad, también es cierto que la Ley 29 es el producto de acciones consensuadas entre los órganos Ejecutivo y Legislativo y la sociedad civil. Es importante resaltar la participación decidida de instituciones como los ministerios de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia; Salud y Educación, así como la Caja de Seguro Social, que dieron prioridad en sus agendas de trabajo en esta búsqueda de garantizarle el derecho a recibir atención de salud integral, así como su permanencia en el sistema educativo y la protección legal en los casos en que se amerite, a esas jóvenes que por avatares del destino se tienen que enfrentar a un embarazo. Definitivamente que las proyecciones de esta legislación no implican una patente de corso para que nuestra juventud se involucre en responsabilidades sexuales antes de poseer la madurez que conlleva el ser padres y madres de familia. Se trata de un instrumento jurídico que le ofrece garantías a menores de edad de ambos sexos para que puedan proseguir sus estudios y, de esta manera, continúen una preparación que les depare un futuro más promisorio para la pareja y para el vástago (a), con el menor porcentaje de traumas y desencantos.
Esta iniciativa que ha puesto en marcha la administración Moscoso, totalmente de vanguardia, da fe de la responsabilidad y sensibilidad de un gobierno hacia los sectores más vulnerables de la población, en este caso las adolescentes embarazadas. Ahora nos corresponde al resto de las partes involucradas en el cumplimiento de la norma jurídica, ofrecer todo el apoyo, sapiencia y buena voluntad, para lograr el fruto óptimo y que, en verdad, le ofrezca mejores condiciones de vida a estas jóvenes. No podemos pasar por alto la importancia que esta nueva legislación tiene para el devenir de la mujer, llámese joven, adulta, de la tercera edad, etc. La vislumbramos como un nuevo apoyo para que ella se inserte en la sociedad en igualdad de condiciones, con herramientas prácticas y con perspectivas positivas.
*Ministerio de la Juventud, la Niñez y la Familia
