Delincuencia
CUATRO HECHOS delictivos gravísimos han ocurrido en menos de año y medio: el incendio intencional del Tribunal Marítimo, el asesinato del inspector Franklin Brewster, la destrucción de tres aldeas kunas y la captura de un cargamento de drogas multimillonario vinculado con un cartel mexicano, constituyen clara evidencia de que en Panamá, como en otros países, el crimen organizado está entre nosotros, aunque no hayamos querido darnos por enterados.
Durante los últimos años las ejecuciones, la captura de cargamentos y los tumbes de drogas han sido noticias cotidianas que su naturaleza violenta y repugnante no habían formado parte de nuestra realidad personal o colectiva así que resultó más fácil tranquilizarnos pensando que las víctimas y los delincuentes vinculados a estas actividades eran extranjeros, gente de mal vivir, que se liquidaban los unos a los otros en una especie de profilaxis hamponil que casi debíamos agradecer, porque nos libraba de seres indeseables que nada tenían que ver con nosotros.
La realidad es otra. El crimen organizado y sus actividades más notorias como son el tráfico de drogas y de personas y el lavado de dinero, comienzan a ser un elemento disociador y desestabilizador de nuestras frágiles instituciones y de nuestro alegre y confiado estilo de vida, como ya ha sucedido en varios países del mundo, y de manera particular en algunos de la región.
Los enormes recursos financieros generados por el crimen organizado le permiten a estas mafias armarse mejor que las autoridades que deben combatirlas, intimidar y sobornar a funcionarios de todas las instituciones y de todo rango y penetrar hasta lo más profundo de la sociedad. Así mismo, nuevos actores aparecen en esta siniestra trama como es el caso de los carteles mexicanos que han desplazado en Centroamérica a los capos colombianos, duramente golpeados por las autoridades de su país y por la DEA.
El entramado delictivo incluye actividades empresariales, con inversiones multimillonarias que facilitan el blanqueo de capitales y sirven como frente encubridor del quehacer delincuencial, en una red de complicidades en la que participan bancos, casinos, empresas constructoras y de bienes raíces, comercios, bufetes de abogados, así como otros profesionales y hombres de negocios en apariencia dedicados a actividades legítimas y prósperas.
Paralelas a las actividades del crimen organizado han continuado los delitos atribuibles a la maleantería local, como son los robos de autos, los asaltos a abarroterías y residencias, las riñas, los atracos a ciudadanos indefensos y la violencia intrafamiliar que es, sin lugar a dudas, el ámbito donde muchos aprenden a ser violentos y a no valorar ni la vida propia ni la ajena.
Sin embargo, hay indicios de que las dos esferas delictivas se han conectado lo que explica el incremento de delitos como el sicariato, el secuestro y los homicidios en los que el ensañamiento y la tortura introducen niveles de crueldad inéditos en Panamá, y el que bandas del patio, que hasta ahora actuaban de manera desorganizada, cuenten con armas y recursos importantes, al punto que una haya podido pagar una fianza de 50 mil dólares para conseguir la libertad condicional de sus integrantes.
Este complejo panorama se hace más confuso por una avalancha de noticias no siempre confiables y algunas rayanas en el amarillismo periodístico, que aumentan el miedo y el sentimiento de indefensión de los ciudadanos que reclaman con todo derecho más seguridad. Pero ésta no se producirá por arte de magia y requiere de la colaboración de toda la población y el compromiso de las autoridades del Ejecutivo, del Organo Judicial y el Ministerio Público, encargadas por la Constitución y las leyes para prevenir y castigar el delito, asumiendo cada una su responsabilidad.
El ambiente de discusión generado por las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente Martín Torrijos puede servir para un análisis integral y profundo de la actual coyuntura, pero para ello tendrá que dejarse a un lado la tesis de que la seguridad colectiva es sólo responsabilidad del Ejecutivo, sobre todo proviniendo de voceros de la oposición que son responsables de que las instituciones policivas se vieran seriamente socavadas y contaminadas por la delincuencia, como lo prueba el número de policías y agentes de la PTJ involucrados en delitos comunes y que trágicamente se manifestó en el asesinato del inspector Franklin Brewster, en su despacho y con la complicidad de elementos de la institución.
Es mucho lo que está en juego: nada más y nada menos que la propia vida y la de la nación.
Durante los últimos años las ejecuciones, la captura de cargamentos y los tumbes de drogas han sido noticias cotidianas que su naturaleza violenta y repugnante no habían formado parte de nuestra realidad personal o colectiva así que resultó más fácil tranquilizarnos pensando que las víctimas y los delincuentes vinculados a estas actividades eran extranjeros, gente de mal vivir, que se liquidaban los unos a los otros en una especie de profilaxis hamponil que casi debíamos agradecer, porque nos libraba de seres indeseables que nada tenían que ver con nosotros.
La realidad es otra. El crimen organizado y sus actividades más notorias como son el tráfico de drogas y de personas y el lavado de dinero, comienzan a ser un elemento disociador y desestabilizador de nuestras frágiles instituciones y de nuestro alegre y confiado estilo de vida, como ya ha sucedido en varios países del mundo, y de manera particular en algunos de la región.
Los enormes recursos financieros generados por el crimen organizado le permiten a estas mafias armarse mejor que las autoridades que deben combatirlas, intimidar y sobornar a funcionarios de todas las instituciones y de todo rango y penetrar hasta lo más profundo de la sociedad. Así mismo, nuevos actores aparecen en esta siniestra trama como es el caso de los carteles mexicanos que han desplazado en Centroamérica a los capos colombianos, duramente golpeados por las autoridades de su país y por la DEA.
El entramado delictivo incluye actividades empresariales, con inversiones multimillonarias que facilitan el blanqueo de capitales y sirven como frente encubridor del quehacer delincuencial, en una red de complicidades en la que participan bancos, casinos, empresas constructoras y de bienes raíces, comercios, bufetes de abogados, así como otros profesionales y hombres de negocios en apariencia dedicados a actividades legítimas y prósperas.
Paralelas a las actividades del crimen organizado han continuado los delitos atribuibles a la maleantería local, como son los robos de autos, los asaltos a abarroterías y residencias, las riñas, los atracos a ciudadanos indefensos y la violencia intrafamiliar que es, sin lugar a dudas, el ámbito donde muchos aprenden a ser violentos y a no valorar ni la vida propia ni la ajena.
Sin embargo, hay indicios de que las dos esferas delictivas se han conectado lo que explica el incremento de delitos como el sicariato, el secuestro y los homicidios en los que el ensañamiento y la tortura introducen niveles de crueldad inéditos en Panamá, y el que bandas del patio, que hasta ahora actuaban de manera desorganizada, cuenten con armas y recursos importantes, al punto que una haya podido pagar una fianza de 50 mil dólares para conseguir la libertad condicional de sus integrantes.
Este complejo panorama se hace más confuso por una avalancha de noticias no siempre confiables y algunas rayanas en el amarillismo periodístico, que aumentan el miedo y el sentimiento de indefensión de los ciudadanos que reclaman con todo derecho más seguridad. Pero ésta no se producirá por arte de magia y requiere de la colaboración de toda la población y el compromiso de las autoridades del Ejecutivo, del Organo Judicial y el Ministerio Público, encargadas por la Constitución y las leyes para prevenir y castigar el delito, asumiendo cada una su responsabilidad.
El ambiente de discusión generado por las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente Martín Torrijos puede servir para un análisis integral y profundo de la actual coyuntura, pero para ello tendrá que dejarse a un lado la tesis de que la seguridad colectiva es sólo responsabilidad del Ejecutivo, sobre todo proviniendo de voceros de la oposición que son responsables de que las instituciones policivas se vieran seriamente socavadas y contaminadas por la delincuencia, como lo prueba el número de policías y agentes de la PTJ involucrados en delitos comunes y que trágicamente se manifestó en el asesinato del inspector Franklin Brewster, en su despacho y con la complicidad de elementos de la institución.
Es mucho lo que está en juego: nada más y nada menos que la propia vida y la de la nación.
