Delincuencia, pobreza y economía
Desde que existen las sociedades organizadas, hace cerca de 8 mil años, en éstas se ha desarrollado la delincuencia. Los historiadores y escritores de todas las épocas se han encargado de testimoniarlas a través de sus obras. El famoso Código de Hammurabi, rey caldeo de la antigua Mesopotamia, contenía sanciones penales severas contra ciertos tipos de delitos, sobre todo aquellos que afectaban a personas y propiedades que ejercían actividades económicas de mucha importancia para la época. La legislación de la antigua Roma también contenía todo un articulado contra los delitos, y así se han venido dando toda una serie de mecanismos contra la delincuencia a través del espacio y el tiempo hasta nuestros días.
Las causas que llevan al individuo a delinquir son muchas. El economista Gary Becker, premio Nobel de Economía de 1992, es el que más estudiado el fenómeno de la delincuencia desde el punto de vista de la ciencia económica, y sus puntos de vista se encuentran en la obra "The Economics of Crime: Prevention, Enforcement and Punishment".
Desde ese enfoque, se asume que los delincuentes son individuos racionales que estarán dispuestos a cometer un delito en la medida en que los beneficios esperados sean mayores a los costos. En ese sentido, los beneficios son los recursos que se obtienen, directa o indirectamente a través del delito. Por otra parte, los costos del delincuente están dados no tan sólo por sus costos directos (de oportunidad en tiempo u ocupación o insumos para delinquir), sino por la probabilidad de ser detenido, procesado, condenado y recluido. Así, las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, deben estar enfocadas a disminuir los beneficios para el delincuente o bien aumentar sus costos.
De acuerdo a la teoría de Becker habría dos formas de controlar la delincuencia: una, elevando los costos mediante mayor control policial, procesos más rápidos y penas más severas. La otra es actuar por el lado de los beneficios: interviniendo, por ejemplo, sobre el desempleo, asegurando mayor educación y cultura, combatiendo la pobreza, promoviendo la socialización amigable, etc.
Es decir, el combate a la delincuencia implica que el Estado tiene que incrementar los gastos policiales y penitenciarios, fortalecer la acción expedita y eficiente del ministerio público y garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial y combinarlos con políticas sociales y económicas que actúen como mecanismo para prevenir que los individuos incursionen en el delito.
En Panamá, antes de la invasión de 1989, la delincuencia estaba más controlada en virtud de la eficiencia represiva de la entonces Guardia Nacional y luego, Fuerzas de Defensa. Estas últimas ejercían en la práctica un estricto control de la tenencia de armas en el país. Hoy la capacidad represiva de la Fuerza Pública ha disminuido y a esto se le agrega que se ha desarrollado un mercado de armas por todo el país tanto legal como ilegal y es muy fácil para cualquier particular obtener un arma, lo que se refleja en el incremento de asesinatos.
Por otro lado, el incremento de los niveles de pobreza y el desempleo ha dado lugar al surgimiento de un mercado laboral formado por individuos dispuestos a incursionar en el mundo delictivo a través de bandas organizadas y mafias que reclutan a éstos para diferentes tipos de delito: robos, asesinos a sueldos, intimidadores por contrato, trata de blancas, tráfico de drogas, etc.
O sea, una banda o una mafia es una empresa delictiva que tiene como fin la obtención de lucros y beneficios por vía de actividad ilegal y sus delincuentes son sus empleados.
Otro tipo de delito es la delincuencia de cuello blanco, cuyos efectos son más devastadores que los miles de delitos que a diario se cometen en las calles. En Panamá la quiebra fraudulenta del Grupo Triángulo y de Fotokina destruyó más de mil puestos de trabajo, provocó perjuicios al sistema bancario y efectos nocivos para un conjunto de empresas vinculadas a estos grupos en virtud de compromisos comerciales adquiridos. Se añade los escándalos del Banco DISA y del grupo Estrella Mar. Esta delincuencia de cuello blanco se desarrolla por la codicia de sus autores, aunada a la tolerancia de las autoridades de no perseguir con energía los delitos financieros.
En el país ya existe el crimen organizado y no se erradicará o, en su defecto, se reducirá con acciones propagandísticas, como la operación "mano dura", que si bien gana muchos aplausos, no ataca el fondo del problema. A las condiciones a que ha llegado la delincuencia, en Panamá el incremento de la capacidad represiva de los aparatos de seguridad pública es urgente en el corto plazo. Las políticas públicas que atacarían los problemas sociales que lo engendran toman más tiempo. El Estado deberá destinar recursos para ejecutar una política criminal para enfrentar este problema.
(mramos45@hotmail.com)
Sin embargo, la superación de la pobreza será viable en la medida en que se logre eliminar -o reducir significativamente- sus causas.
Esto es, en la medida en que se incremente la generación de excedentes económicos, se logre su distribución equitativa, y se superen las restricciones existentes en la oferta y la demanda de medios de satisfacción de las necesidades básicas e la población.
Las causas que llevan al individuo a delinquir son muchas. El economista Gary Becker, premio Nobel de Economía de 1992, es el que más estudiado el fenómeno de la delincuencia desde el punto de vista de la ciencia económica, y sus puntos de vista se encuentran en la obra "The Economics of Crime: Prevention, Enforcement and Punishment".
Desde ese enfoque, se asume que los delincuentes son individuos racionales que estarán dispuestos a cometer un delito en la medida en que los beneficios esperados sean mayores a los costos. En ese sentido, los beneficios son los recursos que se obtienen, directa o indirectamente a través del delito. Por otra parte, los costos del delincuente están dados no tan sólo por sus costos directos (de oportunidad en tiempo u ocupación o insumos para delinquir), sino por la probabilidad de ser detenido, procesado, condenado y recluido. Así, las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, deben estar enfocadas a disminuir los beneficios para el delincuente o bien aumentar sus costos.
De acuerdo a la teoría de Becker habría dos formas de controlar la delincuencia: una, elevando los costos mediante mayor control policial, procesos más rápidos y penas más severas. La otra es actuar por el lado de los beneficios: interviniendo, por ejemplo, sobre el desempleo, asegurando mayor educación y cultura, combatiendo la pobreza, promoviendo la socialización amigable, etc.
Es decir, el combate a la delincuencia implica que el Estado tiene que incrementar los gastos policiales y penitenciarios, fortalecer la acción expedita y eficiente del ministerio público y garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial y combinarlos con políticas sociales y económicas que actúen como mecanismo para prevenir que los individuos incursionen en el delito.
En Panamá, antes de la invasión de 1989, la delincuencia estaba más controlada en virtud de la eficiencia represiva de la entonces Guardia Nacional y luego, Fuerzas de Defensa. Estas últimas ejercían en la práctica un estricto control de la tenencia de armas en el país. Hoy la capacidad represiva de la Fuerza Pública ha disminuido y a esto se le agrega que se ha desarrollado un mercado de armas por todo el país tanto legal como ilegal y es muy fácil para cualquier particular obtener un arma, lo que se refleja en el incremento de asesinatos.
Por otro lado, el incremento de los niveles de pobreza y el desempleo ha dado lugar al surgimiento de un mercado laboral formado por individuos dispuestos a incursionar en el mundo delictivo a través de bandas organizadas y mafias que reclutan a éstos para diferentes tipos de delito: robos, asesinos a sueldos, intimidadores por contrato, trata de blancas, tráfico de drogas, etc.
O sea, una banda o una mafia es una empresa delictiva que tiene como fin la obtención de lucros y beneficios por vía de actividad ilegal y sus delincuentes son sus empleados.
Otro tipo de delito es la delincuencia de cuello blanco, cuyos efectos son más devastadores que los miles de delitos que a diario se cometen en las calles. En Panamá la quiebra fraudulenta del Grupo Triángulo y de Fotokina destruyó más de mil puestos de trabajo, provocó perjuicios al sistema bancario y efectos nocivos para un conjunto de empresas vinculadas a estos grupos en virtud de compromisos comerciales adquiridos. Se añade los escándalos del Banco DISA y del grupo Estrella Mar. Esta delincuencia de cuello blanco se desarrolla por la codicia de sus autores, aunada a la tolerancia de las autoridades de no perseguir con energía los delitos financieros.
En el país ya existe el crimen organizado y no se erradicará o, en su defecto, se reducirá con acciones propagandísticas, como la operación "mano dura", que si bien gana muchos aplausos, no ataca el fondo del problema. A las condiciones a que ha llegado la delincuencia, en Panamá el incremento de la capacidad represiva de los aparatos de seguridad pública es urgente en el corto plazo. Las políticas públicas que atacarían los problemas sociales que lo engendran toman más tiempo. El Estado deberá destinar recursos para ejecutar una política criminal para enfrentar este problema.
(mramos45@hotmail.com)
Sin embargo, la superación de la pobreza será viable en la medida en que se logre eliminar -o reducir significativamente- sus causas.
Esto es, en la medida en que se incremente la generación de excedentes económicos, se logre su distribución equitativa, y se superen las restricciones existentes en la oferta y la demanda de medios de satisfacción de las necesidades básicas e la población.
