Delincuencia y militarismo
Mucho antes de que Estados Unidos y México dieran paso al Pacto de Mérida, ya se debatía en la región sobre si el incremento del crimen organizado justificaba o no el retorno de los militares a puestos de dirección en el Estado.
Nadie olvida los crueles años de las dictaduras militares que sembraron de terror el continente. Impávidos y llenos de incertidumbres, importantes sectores de la sociedad latinoamericana han visto el incremento de factores que atentan contra la gobernabilidad democrática, y han exigido a las autoridades de turno medidas para frenar la amenaza.
Estados Unidos y México, por ejemplo, han debido militarizar su frontera común; Brasil debió atender con el ejército, movimientos organizados del narcotráfico en varias de sus favelas; y en Colombia ya se sabe de la guerra que transcurre. ¿Pero, en el caso de Panamá, puede justificarse en ese escenario que el nuevo gobierno que comienza el 1 de julio próximo haya designado en los más importantes cargos de la seguridad nacional a militares de las ex Fuerzas de Defensa? ¿Qué es lo que en realidad promete el nuevo gobierno en esta materia?
Cierto es que la sociedad panameña ha reclamado con urgencia mayor seguridad, y el nuevo gobierno debe actuar allí donde fracasó la administración saliente. A título de esta preocupación, debemos tener cuidado al momento de decidir, y hacer las correcciones necesarias, cuando sea necesario.
