Demagogia sobre la Telefónica
Y no nos referimos al ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, quien tuvo que publicar sendos escritos para ripostar a los ataques de la legisladora perredista Balbina Herrera, quien, en un ejercicio político, se ha desbocado en contra del gobierno de turno por el manejo de su relación con la telefónica.
Según Herrera, el gobierno no debió convenir en reformar las metas originalmente pactadas con Cable & Wireless a cambio de posponer el aumento en las tarifas, ya que en efecto estaba condonando el cobro de la fianza de cumplimiento de diez millones de dólares. No dice, sin embargo, qué hubiera hecho ella ante la situación en ese momento, cuando el gobierno se aprestaba a continuar la labor privatizadora del gobierno perredista ofreciendo en venta las acciones de la empresa telefónica en los mercados internacionales, para lo cual requería que la empresa estuviera en debido cumplimiento de su concesión; de otra forma nadie hubiera pagado un buen precio por estas acciones. Además, esos diez millones de dólares los está garantizando en gran parte el propio Estado panameño en su condición de socio accionista de Cable & Wireless Panamá, S.A., en la cual mantiene el 49% de las acciones, por lo cual su cobro iría en detrimento propio.
La legisladora también incurre en imprecisiones en relación con esta fianza, ya que bajo el contrato sólo procede su cobro por el incumplimiento sustancial de las metas, lo cual se produce sólo si incumple en al menos 80% de una misma meta durante dos años consecutivos o incumple al menos 15 de las 19 metas durante un mismo año.
Lo peor de toda esta alharaca política es que Herrera, presidenta del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ahora apoyada por el secretario general del partido, Martín Torrijos, está atacando actos de su propio partido. Con sus declaraciones está criticando los esfuerzos de privatización iniciados por el gobierno de Endara con la ley marco (la cual, contrario a lo dicho por Herrera, no incluía la venta del INTEL, IRHE o IDAAN), adelantados significativamente por Pérez Balladares con la venta parcial del IRHE e INTEL y tímidamente promovidos por la actual administración. Al criticar las tarifas acordadas por el gobierno perredista de Pérez Balladares, en el cual ambos Herrera y Torrijos participaron activamente, no hacen más que atacarse a sí mismos.
Por último, es positivo que hayan recurrido al Organo Judicial para presentar acciones legales en contra de lo hecho por el Gobierno, porque pone en manos de esta alta instancia el dilucidar quién tiene la razón. Mientras tanto, dejen la politiquería a un lado y concentren sus esfuerzos, y permitan que los gobernantes de turno concentren los suyos, en actividades productivas para el país.
Según Herrera, el gobierno no debió convenir en reformar las metas originalmente pactadas con Cable & Wireless a cambio de posponer el aumento en las tarifas, ya que en efecto estaba condonando el cobro de la fianza de cumplimiento de diez millones de dólares. No dice, sin embargo, qué hubiera hecho ella ante la situación en ese momento, cuando el gobierno se aprestaba a continuar la labor privatizadora del gobierno perredista ofreciendo en venta las acciones de la empresa telefónica en los mercados internacionales, para lo cual requería que la empresa estuviera en debido cumplimiento de su concesión; de otra forma nadie hubiera pagado un buen precio por estas acciones. Además, esos diez millones de dólares los está garantizando en gran parte el propio Estado panameño en su condición de socio accionista de Cable & Wireless Panamá, S.A., en la cual mantiene el 49% de las acciones, por lo cual su cobro iría en detrimento propio.
La legisladora también incurre en imprecisiones en relación con esta fianza, ya que bajo el contrato sólo procede su cobro por el incumplimiento sustancial de las metas, lo cual se produce sólo si incumple en al menos 80% de una misma meta durante dos años consecutivos o incumple al menos 15 de las 19 metas durante un mismo año.
Lo peor de toda esta alharaca política es que Herrera, presidenta del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ahora apoyada por el secretario general del partido, Martín Torrijos, está atacando actos de su propio partido. Con sus declaraciones está criticando los esfuerzos de privatización iniciados por el gobierno de Endara con la ley marco (la cual, contrario a lo dicho por Herrera, no incluía la venta del INTEL, IRHE o IDAAN), adelantados significativamente por Pérez Balladares con la venta parcial del IRHE e INTEL y tímidamente promovidos por la actual administración. Al criticar las tarifas acordadas por el gobierno perredista de Pérez Balladares, en el cual ambos Herrera y Torrijos participaron activamente, no hacen más que atacarse a sí mismos.
Por último, es positivo que hayan recurrido al Organo Judicial para presentar acciones legales en contra de lo hecho por el Gobierno, porque pone en manos de esta alta instancia el dilucidar quién tiene la razón. Mientras tanto, dejen la politiquería a un lado y concentren sus esfuerzos, y permitan que los gobernantes de turno concentren los suyos, en actividades productivas para el país.
