Demandas al Estado
Tenemos que entender que Estado nos representa a todos, por lo que los daños que se le infieran repercuten, de alguna forma, en los ciudadanos; es por eso que debe preocuparnos la gran cantidad demandas que le interponen los particulares.
Ciertas demandas son presentadas con razón, otras como una pesca en posible contubernio con funcionarios, basadas en un "juega vivo" para aprovecharse de la ineptitud o deshonestidad de funcionarios a cargo de responder esas demandas.
Algunas están relacionadas con los despedidos por la Ley 25, los del ferrocarril y los de la APN; un diferencial que reclaman los de la ACP; el señor Figalli; el representante de una terminal de buses en Colón; los operadores de los corredores Norte y Sur; la Kansas Railroard; los pacientes del SIRA; los pasajeros del bus incendiado; la constructora del proyecto Camino de Cruces; las famosas equiparaciones inventadas por algún abogado bribón y quién sabe cuántas más, que suman cientos de millones de dólares, que pretenden le sean escamoteados al pueblo para resarcir dudosos perjuicios.
Es necesario plantear una política de Estado seria para afrontar el tema, preparar una estrategia y reclutar y preparar una Unidad de Respuesta a Conflictos, la cual esté compuesta por profesionales capacitados para negociar en función de la Patria y despedir cuanto antes a los ?peleles? que hasta ahora nos han representado (que no digo defendido), porque por los resultados en los cuales el Estado ha sido condenado a pagar, han demostrado ser unos ineptos.
Se requieren profesionales honestos, capaces, estudiosos, inteligentes, con experiencia y brío para responder a las demandas con argumentos contundentes para rebatir de una vez por todas las pretendidas lesiones al Erario Público, que nos son más que zarpazos al Patrimonio de todos los panameños.
Esas negociaciones deben ser de conocimiento público. Debemos saber quiénes están al frente de la negociación y ellos deben tener claro que deben respondernos de su actuación.
Es inadmisible negociar a nombre del Estado, y de todos los panameños, y luego saltar al otro lado una vez se han fraguado las concesiones, ya sea en favor de la contraparte o propias, porque estamos ante el delito punible de colusión. Se han visto casos y fortunas acumuladas con este "juega vivo" en el país, sin que ninguna autoridad se sienta aludida a investigar.
