Demandas contra el Estado
Resulta penoso, conforme se ha hecho público, que el Estado está afrontando demandas judiciales por B/. 44 millones. Algunas de ellas se ventilan en tribunales internacionales; otras en los juzgados locales y otras en el ámbito de una justicia privada reconocida y autorizada por ley: el arbitraje.
Las interpuestas en los juzgados nacionales están todas, sin duda, destinadas a ser resueltas en cámara lenta. No se debe culpar a los jueces por mora en decidir. Ellos tienen en sus respectivos locales miles de expedientes que atender y no hay manera de hacerlo en tiempo perentorio. La dificultad estriba en que todavía hay muchos ciudadanos que no han comprendido que cometen un error el recurrir a los tribunales municipales o de circuito para resolver sus diferencias en vez de zanjarlas mediante arbitraje. Su gran ventaja consiste en que cuando se recurre a este tipo de justicia, se les crea a las partes un tribunal especial para atender su caso exclusivamente. Y en virtud de que los árbitros no estarán abrumados por una multitud de expedientes a resolver, podrán hacerlo en seis meses y hasta en menos tiempo, y antes de su muerte, como ha ocurrido y seguirá pasando. Podría suceder que resolvieran en menos tiempo y aún en cuestión de días si previamente recurrieran a un intento de conciliación o mediación.
Volviendo a las demandas contra el Estado, éste ha venido siendo víctima por la arbitrariedad de algunos de sus funcionarios que han causado daños a terceras personas y por ello lo han expuesto a ser demandado, y hasta ahora nadie le ha formulado a éstos reclamo alguno.
