Democracia, delincuencia y dictadura
Un futuro incierto se cierne para el próximo Presidente de la República. Mediante simples decretos de Gabinete se ha modificado profundamente la estructura normativa de los organismos de la Fuerza Pública. La legislación vigente desde 1990, había permitido por primera vez en más de 70 años, que el Organo Ejecutivo pudiera ejercer sus funciones sin la hipoteca de imposiciones de una cúpula uniformada.
La promulgación de estos Decretos-Leyes es un Golpe de Estado anticipado para cualquiera de los actuales candidatos a la Presidencia de la República que logre ser electo el próximo 3 de mayo. Los autores de estas acciones en contra de la naciente democracia panameña han actuado con premeditación, a sabiendas de que el próximo mandatario, de cualquier partido político, tendrá que negociar con los oficiales de la Fuerza Pública el nombramiento de un nuevo Director General. Y si el "Comandante" que el actual gobierno deje en el cargo tiene un perfil psicológico especial, sencillamente no abandona el cargo. El Presidente se somete o dimite.
De 1941 a 1990, ocho golpes de Estado se han ejecutado. Tres contra Arnulfo Arias Madrid, del Partido Panameñista. Uno contra el Dr. Daniel Chanis (Liberal). Cuatro contra Presidentes del Partido Revolucionario Democrático: Arístides Royo, Ricardo de la Espriella, Nicolás Ardito Barletta y Eric Arturo Delvalle. Todos estas alteraciones del orden constitucional fueron obra de la Policía Nacional, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Defensa.
El modelo de fuerza pública instaurado con la caída de la tiranía de Manuel Noriega, desarticulaba institucionalmente cualquier posibilidad de golpe de Estado por parte de los funcionarios encargados de velar por la seguridad ciudadana. El elemento clave de este modelo era el nombramiento de un civil allegado al Presidente de la República como Director General de cada uno de los componentes de la nuevas instituciones de seguridad. El segundo era la centralización de los servicios de inteligencia en el Ministerio de la Presidencia, bajo la supervisión directa del Presidente de la República, y el tercero el Servicio de Protección Institucional como una fuerza de elite encargada de proteger al Presidente y sus ministros.
Las principales víctimas de permitir que un uniformado ocupe el cargo de "Comandante en Jefe", han sido la Democracia y la Oficialidad de la fuerza pública. La democracia, puesto que la historia nos enseña que cada vez que un presidente antes de 1990 intentó designar libremente al jefe de la Fuerza Pública fue derrocado. Los oficiales de la fuerza pública antes de 1990 fueron víctimas directas de este sistema. Cada vez que un "Comandante" tenía que acogerse a la jubilación, su reacción inmediata era "no me voy ". Esto ocurrió con los generales Bolívar Vallarino, Omar Torrijos y Manuel Noriega. El único "Comandante" que se acogió a la jubilación con ilusión de la Presidencia de la República fue Rubén Darío Paredes.
Esas negativas de dejar el cargo provocaban revoluciones de palacio que acabaron con la carrera y en otras ocasiones con la vida de decenas de oficiales de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Defensa. Todo el escalafón se trastocaba y simples tenientes pasaban de la noche a la mañana a coroneles, como el caso de Manuel Noriega en 1969-70.
Hoy tenemos un escenario similar al que precedió el colapso institucional del 11 de octubre de 1968: Democracia, delincuencia y dictadura. La desarticulación social provocada por una sucesión de gobiernos corruptos ha provocado una explosión social que se manifiesta a través de la delincuencia y la irrupción de los jóvenes en este fenómeno. Ante el aumento de la delincuencia, el gobierno promueve la represión policial y las consecuentes violaciones a los derechos humanos.
Se culpa a la Policía Nacional del estado general de inseguridad, cuando es lo contrario: la Fuerza Pública es receptora final y víctima de una situación creada por presidentes y ministros incompetentes y corruptos, como es el caso de carteras como Educación, directamente vinculada al crecimiento exponencial de la delincuencia entre los jóvenes. La única instancia que semanalmente logra convocar a casi un millón de jóvenes en sus aulas es el Ministerio de Educación. Para los pobres y ante la anomia de la familia, la escuela es hoy día, una luz, casi la única forma de socialización que tienen los jóvenes en las áreas de pobreza y pobreza extrema.
¿Qué hacer ante este siniestro panorama? El Presidente de la República parece haber sucumbido a un maligno sortilegio articulado por un minúsculo grupo de ex-oficiales de la dictadura que pretenden que Panamá caiga otra vez en la inestabilidad y el caos que caracterizaron la vida política en el país antes de 1990.
