¿Democracia en peligro?
El legislador del PRD, Elías Castillo, dijo en Radio Caracol que existían grupos que estaban pensando en "elecciones anticipadas". Se trataba de un debate en el que yo participaba, así que manifesté que se trataba de una afirmación muy grave, ya que eso era imposible en las actuales circunstancias sin implicar un golpe de Estado, por lo que le pedí que señalara quiénes eran esos grupos. Sólo dijo que "eran personas que no estaban en el Ejecutivo ni en el Legislativo". Ese día, el presidente de la Asamblea y miembro del Pacto META, H.L. Rubén Arosemena, advirtió del peligro inminente de una crisis institucional que conllevara el fin de nuestra "corta democracia". ¿Tienen relación ambas declaraciones?
En 1995, iniciando el período presidencial de Pérez Balladares, con 72 legisladores, la Asamblea tenía un presupuesto de funcionamiento de alrededor de 21 millones de dólares. Cuatro años después, el Presupuesto del Legislativo ascendía a 38 millones sin contar con las partidas de la Defensoría del Pueblo. Con ligeras variaciones, es el mismo presupuesto que tiene la Asamblea hoy con 71 legisladores, uno menos que en el período constitucional anterior. Nótese que me refiero a los dineros para el funcionamiento de la Asamblea, lo que no incluye el presupuesto destinado a partidas circuitales, que es por una cantidad similar.
Para proteger el presupuesto de contratos y las partidas circuitales, la bancada mayoritaria del gobierno del PRD, después de las elecciones de mayo de 1999 y antes de la toma de posesión de Mireya Moscoso, reformó el Reglamento Interno de la Asamblea para impedir que el Ejecutivo ajustara el presupuesto de este Organo a la realidad presupuestaria del país. Sabían que lo que hacían era contrario a la Constitución, pero confiaban en que tendrían mayoría en el Legislativo y en que la Sala Quinta les ayudaría a conservar una mayoría en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para así conjurar el peligro de una sentencia de inconstitucionalidad en su contra. Las cosas no salieron como planearon y en este año, se declaran inconstitucionales los cambios al Reglamento Interno, así que, para el presupuesto del año 2002, por primera vez, podrá el Ejecutivo tener algo que decir en cuanto al presupuesto de funcionamiento y de partidas circuitales del Organo Legislativo.
En virtud del fallo de la Corte en Pleno y como producto de la crítica situación fiscal que afrontará el país el año venidero, el Ministerio de Economía y Finanzas decide proponer un recorte al presupuesto de funcionamiento de la Asamblea y eliminar las partidas circuitales. Pero la reacción del Pacto META no se hizo esperar. En vez de entrar, con argumentos, a justificar la necesidad de las partidas cuya reducción o eliminación se proponen por parte del MEF, lo que se hizo fue declarar la guerra y vaticinar serios enfrentamientos institucionales. El legislador Aníbal Culiolis, suplente de la legisladora Teresita de Arias, afirmó dos veces distintas en el Pleno (los jueves 6 y 13 de septiembre pasado) que la Presidenta podía ser juzgada por obstruir el funcionamiento de la Asamblea y que los recortes propuestos, en la práctica, obstruían el funcionamiento de este Organo del Estado. Y hay quienes señalan, desde el bando opositor, que si la Presidenta abandona el cargo antes de la mitad de su período, se debe convocar a elecciones anticipadas. Es así como surge la supuesta "crisis institucional", de la cual se hacen eco los legisladores Castillo y Arosemena.
Desde la oposición, se plantea que hay un enfrentamiento a raíz de las diferencias con la ratificación o rechazo de la designación de Winston Spadafora como Magistrado. Lo cierto es que, para algunos legisladores, la democracia está "en peligro" por cuestiones más prosaicas, presentes y ciertas: es decir, el futuro de las partidas circuitales y los contratos. Creo que están alejados de la realidad. En la mente de la población, el que los legisladores tengan o no recursos del Estado para hacer obras en sus comunidades no es un requisito sine qua non del régimen democrático. En todo caso, la Constitución establece mecanismos para resolver institucionalmente las controversias que han surgido.
En el caso de las ratificaciones, la Presidenta designa y la Asamblea aprueba o rechaza esa designación; si la rechaza, la Presidenta puede presentar una nueva designación y así sucesivamente, hasta que se ratifique alguna. Podrá causar inconvenientes y molestias, pero no se acabará el mundo por una designación que no se ratifique. Ya esto sucedió con el caso del presidente Endara y la democracia no estuvo en peligro. En cuanto a las exigencias presupuestarias de la Asamblea, ésta puede rechazar todo el Presupuesto del Estado como protesta por la eliminación de las partidas circuitales y la reducción del presupuesto de contratos o puede sugerir modificaciones donde insista en que se incluyan las partidas correspondientes, lo que deberá ser evaluado por el Ejecutivo. Si éste insiste en no incluirlas, siempre puede la mayoría legislativa rechazar el Presupuesto, para que quede vigente el actual (2001) que sí las contempla. En última instancia, como en todo Estado de Derecho, cualquier controversia con respecto a la interpretación correcta de la Constitución o las leyes, deberá resolverse ante la Corte o en la Sala Contencioso Administrativa.
Debo coincidir con Iván Cohen, presidente de la Cámara de Comercio, en cuanto a que estas declaraciones apocalípticas en poco o nada ayudan a crear el clima de confianza para la reactivación de la economía. A la clase política nos corresponde jugar un papel mucho más serio y responsable. La comunidad nos exige que demostremos madurez para adoptar medidas que incentiven la generación de inversiones y nuevos empleos. Tenemos que llevar a buen término el Diálogo Nacional y para ello, debe reinar un clima de estabilidad y de búsqueda de consensos.
El país no nos perdonará que sigamos con un discurso de confrontación. Si los políticos no logramos ponernos por encima de intereses partidistas y personales, lo único que estará en peligro es nuestra ya maltrecha credibilidad.
En 1995, iniciando el período presidencial de Pérez Balladares, con 72 legisladores, la Asamblea tenía un presupuesto de funcionamiento de alrededor de 21 millones de dólares. Cuatro años después, el Presupuesto del Legislativo ascendía a 38 millones sin contar con las partidas de la Defensoría del Pueblo. Con ligeras variaciones, es el mismo presupuesto que tiene la Asamblea hoy con 71 legisladores, uno menos que en el período constitucional anterior. Nótese que me refiero a los dineros para el funcionamiento de la Asamblea, lo que no incluye el presupuesto destinado a partidas circuitales, que es por una cantidad similar.
Para proteger el presupuesto de contratos y las partidas circuitales, la bancada mayoritaria del gobierno del PRD, después de las elecciones de mayo de 1999 y antes de la toma de posesión de Mireya Moscoso, reformó el Reglamento Interno de la Asamblea para impedir que el Ejecutivo ajustara el presupuesto de este Organo a la realidad presupuestaria del país. Sabían que lo que hacían era contrario a la Constitución, pero confiaban en que tendrían mayoría en el Legislativo y en que la Sala Quinta les ayudaría a conservar una mayoría en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para así conjurar el peligro de una sentencia de inconstitucionalidad en su contra. Las cosas no salieron como planearon y en este año, se declaran inconstitucionales los cambios al Reglamento Interno, así que, para el presupuesto del año 2002, por primera vez, podrá el Ejecutivo tener algo que decir en cuanto al presupuesto de funcionamiento y de partidas circuitales del Organo Legislativo.
En virtud del fallo de la Corte en Pleno y como producto de la crítica situación fiscal que afrontará el país el año venidero, el Ministerio de Economía y Finanzas decide proponer un recorte al presupuesto de funcionamiento de la Asamblea y eliminar las partidas circuitales. Pero la reacción del Pacto META no se hizo esperar. En vez de entrar, con argumentos, a justificar la necesidad de las partidas cuya reducción o eliminación se proponen por parte del MEF, lo que se hizo fue declarar la guerra y vaticinar serios enfrentamientos institucionales. El legislador Aníbal Culiolis, suplente de la legisladora Teresita de Arias, afirmó dos veces distintas en el Pleno (los jueves 6 y 13 de septiembre pasado) que la Presidenta podía ser juzgada por obstruir el funcionamiento de la Asamblea y que los recortes propuestos, en la práctica, obstruían el funcionamiento de este Organo del Estado. Y hay quienes señalan, desde el bando opositor, que si la Presidenta abandona el cargo antes de la mitad de su período, se debe convocar a elecciones anticipadas. Es así como surge la supuesta "crisis institucional", de la cual se hacen eco los legisladores Castillo y Arosemena.
Desde la oposición, se plantea que hay un enfrentamiento a raíz de las diferencias con la ratificación o rechazo de la designación de Winston Spadafora como Magistrado. Lo cierto es que, para algunos legisladores, la democracia está "en peligro" por cuestiones más prosaicas, presentes y ciertas: es decir, el futuro de las partidas circuitales y los contratos. Creo que están alejados de la realidad. En la mente de la población, el que los legisladores tengan o no recursos del Estado para hacer obras en sus comunidades no es un requisito sine qua non del régimen democrático. En todo caso, la Constitución establece mecanismos para resolver institucionalmente las controversias que han surgido.
En el caso de las ratificaciones, la Presidenta designa y la Asamblea aprueba o rechaza esa designación; si la rechaza, la Presidenta puede presentar una nueva designación y así sucesivamente, hasta que se ratifique alguna. Podrá causar inconvenientes y molestias, pero no se acabará el mundo por una designación que no se ratifique. Ya esto sucedió con el caso del presidente Endara y la democracia no estuvo en peligro. En cuanto a las exigencias presupuestarias de la Asamblea, ésta puede rechazar todo el Presupuesto del Estado como protesta por la eliminación de las partidas circuitales y la reducción del presupuesto de contratos o puede sugerir modificaciones donde insista en que se incluyan las partidas correspondientes, lo que deberá ser evaluado por el Ejecutivo. Si éste insiste en no incluirlas, siempre puede la mayoría legislativa rechazar el Presupuesto, para que quede vigente el actual (2001) que sí las contempla. En última instancia, como en todo Estado de Derecho, cualquier controversia con respecto a la interpretación correcta de la Constitución o las leyes, deberá resolverse ante la Corte o en la Sala Contencioso Administrativa.
Debo coincidir con Iván Cohen, presidente de la Cámara de Comercio, en cuanto a que estas declaraciones apocalípticas en poco o nada ayudan a crear el clima de confianza para la reactivación de la economía. A la clase política nos corresponde jugar un papel mucho más serio y responsable. La comunidad nos exige que demostremos madurez para adoptar medidas que incentiven la generación de inversiones y nuevos empleos. Tenemos que llevar a buen término el Diálogo Nacional y para ello, debe reinar un clima de estabilidad y de búsqueda de consensos.
El país no nos perdonará que sigamos con un discurso de confrontación. Si los políticos no logramos ponernos por encima de intereses partidistas y personales, lo único que estará en peligro es nuestra ya maltrecha credibilidad.
