Democracia, Estado de derecho y proceso

DURANTE más de quince viernes consecutivos hemos venido escribiendo, junto a la coautoría del Dr. Wilfredo Sáenz, en torno a las propuestas de reformas judiciales que se vienen presentando en el seno de la Sub-Comisión Codificadora del Proyecto de Código Procesal Penal integrada por los juristas Jerónimo Mejía, Wigberto Quintero, Mercedes Araúz, Carlos Enrique Muñoz Pope y el suscrito. Han colaborado, haciendo enjundiosos aportes y participando en algunas sesiones con derecho a opinión, los juristas Jaime Padilla González, Rafael Rodríguez, Rosendo Miranda, Rolando Rodríguez, Dionisio Rodríguez, Carlos Jones y otros. El Ministerio Público no ha dejado de estar presente a través de los juristas Grisel Mojica y William Parodi, quienes inclusive han participado con derecho a voto y sus propuestas han sido consideradas y no pocas de ellas tomadas en cuenta. Hemos procurado, en lo sumo, considerar todas las propuestas y recomendaciones que se nos han hecho. El Informe de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia no ha sido soslayado, por el contrario, éste junto al Proyecto de Código Procesal Penal elaborado en el pasado por los juristas Carlos Muñoz Pope, Lenis Ortega y Juan José Ceballos lo mismo que el Informe rendido por el Comité Técnico, han sido, tal vez, los documentos más importantes de los que se ha valido la comisión para los efectos de redactar la nueva propuesta. En otro orden de ideas, precisa señalar que nos hemos asistido de ordenamientos procesales punitivos de países como Chile, España, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra, Colombia, por destacar los más consultados, a efectos de analizar y estudiar, amplia y profundamente, cada una de sus disposiciones que dicen hacer tránsito obligado en el sistema procesal de corte acusatorio y así, a través de este método, ver cuál de ellas podía ser o no incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. Se ha hecho un trabajo de sistemática, coherencia lógica y unidad filosófica. Desde un principio, sin escatimar energías y esfuerzos la Comisión pudo entender que había que empezar a trabar y que la tarea que se nos había encomendado no era nada fácil dado que la misma demandaba mucho empeño, inteligencia, agudo análisis y, sobre todo, buena voluntad de querer servir a la Patria. El trabajo ha sido ad honorem. Y así lo hicimos y lo seguimos haciendo: invirtiendo más de cuatro horas diarias, en algunas jornadas hasta ocho horas, en no pocas ocasiones haciendo alto en una determinada propuesta para concluir en el día de trabajo tan sólo con un artículo aprobado por los codificadores. Cuando esto sucedía el desaliento pretendía apoderarse de nosotros, sin embargo, entendíamos que era mejor hacerlo así, de esa manera, que improvisar instituciones que más tarde, cuando se implementaran en la praxis, fueran rechazadas por no ajustarse a la filosofía procesal que alienta las propuestas de reformas judiciales penales: el sistema acusatorio entendido éste como un proceso republicano, adversarial o de partes, en donde la regla del nemo iudex sine actore "no hay juicio o proceso sin actor, resulta ser de primaria importancia y, por otra lado, que el concepto de nemo idex sine acusatore "no hay juicio sin acusador", deviene en el norte que indica la filosofía acusatoria como un sistema procesal de verdadero corte democrático y que respeta la idea lógica de proceso: dos partes antagónicas, de allí el carácter dual del proceso, que debaten respecto a un mismo bien de la vida -pretensión jurídica punitiva- en un plano de absoluta y perfecta igualdad frente a un tercero independiente, imparcial e impartial llamado juez. Como el juez no puede crear el proceso ni formular cargos -nullum iudicium sine actore- desaparece la figura del auto de enjuiciamiento.
Para el día 31 de mayo del año en curso la Comisión Codificadora debe presentar al Órgano Ejecutivo sendos proyectos de Código Penal y Procesal Penal. Dios mediante así lo haremos y el país podrá conocer los grandes avances que en materia de justicia penal los codificadores hemos preparado para nuestra nación, para nuestro pueblo. Creemos, en lo que concierne al sistema de juzgamiento punitivo, que le estamos dando al país entero una propuesta potable en donde la idea pilar del proceso radica en el fiel y pleno respeto a los derechos, libertades y garantías procesales que se consagran en la Constitución y en los instrumentos internacionales que han sido ratificados por Panamá. No se trata de un tipo de proceso copiado de otros órdenes normativos; tampoco en la repetición de foráneas instituciones que en nada se acoplan a nuestra realidad. No es así, dado que a juicio de varios comisionados hemos redactado un texto procesal punitivo "muy a la panameña", expresión con la cual se quiere resaltar la impronta o sello de autoría nacional que tienen las propuestas.
El resultado que converge en un Proyecto de Código Procesal Penal no será de la autoría de tal o cual comisionado; de tal o cual grupo u organización, sino del diligente esfuerzo que el pueblo panameño ha desarrollado, durante décadas, a través de hombres y mujeres críticos -resaltan los medios de comunicación-, quienes pusieron en evidencia, desnudando a las instituciones no funcionales ni operativas, antinómicas a los principios del Derecho, para concluir que el sistema de justicia penal ha quedado total y absolutamente desfasado. Por ello, la propuesta de lege ferenda que tiene eminente carácter acusatorio, destrona al nefasto y perverso sistema inquisitivo que desconoce e ignora la dignidad humana, los derechos de las partes, y que relega a un olvidado plano la igualdad de las partes en el plano del proceso judicial. Convincentemente consideramos que Panamá, con las propuestas que oportunamente se darán a conocer, se ubica en la vanguardia de países que cuentan con democráticos, justos, equitativos, racionales, dignos, sistemas de juzgamiento punitivo. Ahora sí, una vez aprobado sendos proyectos, creemos que se produce la unidad imprescindible entre Democracia, Estado de Derecho y Proceso.
Yo quiero reiterar lo siguiente. Lo bueno que dije de los medios de comunicación social es que fueron y son un factor importante contra los malos gobiernos y que fueron determinantes para la caída de la dictadura panameña. Pero nada de eso se destacó en los medios, todo lo contrario, se omitió veladamente.
También les dije lo malo, esto es, que lo que le pasa a un hijo de la vecina lo publican, pero lo que le sucede a un periodista o a los de su entorno, lo ocultan y lo callan. Y lo feo que tienen es que critican a todo el mundo y, a eso lo llaman libertad de expresión, pero si alguien los critica a ellos, entonces constituye un ataque.
Quieren que los demás sean tolerantes y soporten las críticas, pero ellos, los periodistas, no las resisten.
Deben aceptar que también cometen errores, que no son infalibles. Es preciso que entiendan cómo se sienten los que son criticados por los medios, con razón o sin ella.
Indiqué que algunos titulares no corresponden a la realidad o al contenido de la noticia y sostengo que los medios de comunicación son instrumentos de educación y, por tanto, no pueden ni deben ser descomedidos con los titulares y contenidos noticiosos.
Uno de esos titulares me impactó en particular, pues decía " Se la sacaron", para referirse a una golpiza que había recibido un hombre. Titulares como estos abundan en nuestros medios escritos.
Responder con insultos y faltas de respeto a la opinión de los demás, sin dar oportunidad de defenderse en igualdad de condiciones, no es caballeroso, ético ni decente.
El respeto a la libertad de expresión empieza y acaba en un principio muy simple: todos tenemos derecho a opinar respetuosamente y a que se nos respete nuestra opinión, aunque no sea compartida. La conquista de la Democracia no supone que los Medios, otrora amordazados, se erijan en los nuevos tiranos de la opinión pública.