Democracia, justicia y corrupción
La lectura de la lucha contra la corrupción no puede soslayar necesarios capítulos que guardan relación con el ordenamiento jurídico penal patrio. Desde esta perspectiva realista precisa indicar que los procesos de democratización latinoamericanos, entre ellos el de Panamá, se encuentran amaniatados por una perversa relación de interdependencia con las rancias o vetustas instituciones jurídico penales que aún pernoctan en nuestros países. Si es el caso que la evidente y cruda realidad panameña pone de relieve que tenemos un grave déficit fiscal que afecta toda eventual posibilidad de invertir en obras de beneficio social; que el erario público se encuentra en total y casi absoluto desgreño; que los desniveles de descomposición social se acentúan en grados superlativos y que la depresión al igual que la ansiedad social hacen presa de nuestros hombres y mujeres que no ven resueltas sus opciones de trabajo o por un mejor mañana; se requiere entonces tomar los correctivos necesarios e indispensables que permitan a la nación entera encarrilarse por los rieles del adecentamiento social, la moral pública y la ética política.
En consecuencia, se impone una reforma integral y ejemplar de nuestro sistema penal que les indique a todos los panameños que sí existe la real y efectiva voluntad de hacer que la justicia penal opere en nuestro país.
Si hablamos de una nueva Patria o Patria Nueva, la lectura, insistimos, de esos cambios de paradigmas tiene que darse en un plano valorativo o axiológico. Los valores jurídicos, en primer lugar, deben ser plasmados en la legislación. Por ello se requiere de un Ministerio Público que interprete los ideales de justicia de la sociedad en general; que disponga de un personal de carne y hueso; que acredite mediante sus actuaciones y diligencias que es total y absolutamente falso el viejo paradigma de que mientras más jueces y fiscales de hierro existan mejor se administra justicia penal en la nación. La sociedad entera demanda de un sistema de personeros y fiscales de carne y hueso: hombres y mujeres que sean genuinos y fieles lectores de los problemas sociales y que puedan interpretar que cuando la norma se aplica, interpreta o ejecuta ello no es una tarea que pueda hacerse divorciándose del entorno social o de las cruentas y crudas realidades que vive nuestro pueblo.
Los que dilapidaron las arcas del Estado, más temprano que tarde, tendrán que rendir cuentas ante el altar de la Patria; a los que se burlaron del pueblo panameño tiene que acabárseles la vida principesca; los ex gobernantes que se mofaban de los líderes y caudillos populares no pueden continuar o seguir pernoctando en la nebulosa de la vanidad y engreimiento.
En países como Argentina, Chile, Nicaragua, Costa Rica, se han venido dando muestras claras y evidentes que la corrupción tiene que ser castigada, sancionada de modo ejemplar. No podemos entrar en una especie de enfriamiento con los detractores del desarrollo; que los piratas y filibusteros de las arcas del Estado no merecen piedad ni compasión; son corsarios actuales los que han producido el más grande desgreño administrativo y financiero en que se encuentra subsumida la nación y las arcas oficiales. La lucha frontal contra la corrupción no puede tener, de ninguna manera, consideraciones de ninguna naturaleza.
No podemos tratar a los enemigos de la Patria como que aquí nada ha pasado. Sí ha ocurrido algo, algo muy desastroso que ha relegado a un último plano, al rincón del sótano, las expectativas de desarrollo y de progreso de nuestro pueblo; algo que ha aguantado el plan de gobierno, su ejecutoria inmediata, del actual Presidente Martín Torrijos.
Por otra parte, los detractores no pierden oportunidad; sin embargo, no se han percatado que cada vez que critican al gobierno de Torrijos, un pueblo entero sale a calificarlos de injustos, de necios, dado que ni siquiera le han permitido al Presidente sentarse bien en la silla presidencial y ya están criticando sus políticas de gobierno.
El Presidente requiere, en consecuencia, de un Ministerio Público serio, transparente, conformado por hombres y mujeres que entiendan que ellos no administran poder, de ninguna clase, sino que son dispensadores de auténtica juridicidad, de justicia penal, de investigaciones serias, respetuosas del debido proceso.
Una nueva era de la justicia penal está a punto de iniciarse en Panamá. Vientos frescos de la justicia penal empiezan a sentirse con nuestro discurso. Se habrán de acabar los juegas vivos en los despachos de instrucción; se acabará la nefasta práctica de congelar expedientes, sea en la Policía Técnica Judicial o donde sea; el hombre y la mujer de este país deben saber, desde ya, que traduciremos la promesa del Presidente Torrijos en realidad: cero corrupción. Nuestros detractores y enemigos son aquellos que no quieren el cambio prometido; que tienen miedo a caer víctimas de los tentáculos del poder; que temen, no duermen, solo con pensar que nada podrán hacer con un Presidente que ha prometido luchar contra la corrupción y con un Procurador, caso de ser uno de nosotros electo por el Presidente, que no tolerará ni permitirá la chicana, la burla, coima, añagaza o la artería. Los panameños sabrán que cuentan con una justicia límpida y transparente. Estamos trabajando por la Patria. Amanecerá y veremos.
En consecuencia, se impone una reforma integral y ejemplar de nuestro sistema penal que les indique a todos los panameños que sí existe la real y efectiva voluntad de hacer que la justicia penal opere en nuestro país.
Si hablamos de una nueva Patria o Patria Nueva, la lectura, insistimos, de esos cambios de paradigmas tiene que darse en un plano valorativo o axiológico. Los valores jurídicos, en primer lugar, deben ser plasmados en la legislación. Por ello se requiere de un Ministerio Público que interprete los ideales de justicia de la sociedad en general; que disponga de un personal de carne y hueso; que acredite mediante sus actuaciones y diligencias que es total y absolutamente falso el viejo paradigma de que mientras más jueces y fiscales de hierro existan mejor se administra justicia penal en la nación. La sociedad entera demanda de un sistema de personeros y fiscales de carne y hueso: hombres y mujeres que sean genuinos y fieles lectores de los problemas sociales y que puedan interpretar que cuando la norma se aplica, interpreta o ejecuta ello no es una tarea que pueda hacerse divorciándose del entorno social o de las cruentas y crudas realidades que vive nuestro pueblo.
Los que dilapidaron las arcas del Estado, más temprano que tarde, tendrán que rendir cuentas ante el altar de la Patria; a los que se burlaron del pueblo panameño tiene que acabárseles la vida principesca; los ex gobernantes que se mofaban de los líderes y caudillos populares no pueden continuar o seguir pernoctando en la nebulosa de la vanidad y engreimiento.
En países como Argentina, Chile, Nicaragua, Costa Rica, se han venido dando muestras claras y evidentes que la corrupción tiene que ser castigada, sancionada de modo ejemplar. No podemos entrar en una especie de enfriamiento con los detractores del desarrollo; que los piratas y filibusteros de las arcas del Estado no merecen piedad ni compasión; son corsarios actuales los que han producido el más grande desgreño administrativo y financiero en que se encuentra subsumida la nación y las arcas oficiales. La lucha frontal contra la corrupción no puede tener, de ninguna manera, consideraciones de ninguna naturaleza.
No podemos tratar a los enemigos de la Patria como que aquí nada ha pasado. Sí ha ocurrido algo, algo muy desastroso que ha relegado a un último plano, al rincón del sótano, las expectativas de desarrollo y de progreso de nuestro pueblo; algo que ha aguantado el plan de gobierno, su ejecutoria inmediata, del actual Presidente Martín Torrijos.
Por otra parte, los detractores no pierden oportunidad; sin embargo, no se han percatado que cada vez que critican al gobierno de Torrijos, un pueblo entero sale a calificarlos de injustos, de necios, dado que ni siquiera le han permitido al Presidente sentarse bien en la silla presidencial y ya están criticando sus políticas de gobierno.
El Presidente requiere, en consecuencia, de un Ministerio Público serio, transparente, conformado por hombres y mujeres que entiendan que ellos no administran poder, de ninguna clase, sino que son dispensadores de auténtica juridicidad, de justicia penal, de investigaciones serias, respetuosas del debido proceso.
Una nueva era de la justicia penal está a punto de iniciarse en Panamá. Vientos frescos de la justicia penal empiezan a sentirse con nuestro discurso. Se habrán de acabar los juegas vivos en los despachos de instrucción; se acabará la nefasta práctica de congelar expedientes, sea en la Policía Técnica Judicial o donde sea; el hombre y la mujer de este país deben saber, desde ya, que traduciremos la promesa del Presidente Torrijos en realidad: cero corrupción. Nuestros detractores y enemigos son aquellos que no quieren el cambio prometido; que tienen miedo a caer víctimas de los tentáculos del poder; que temen, no duermen, solo con pensar que nada podrán hacer con un Presidente que ha prometido luchar contra la corrupción y con un Procurador, caso de ser uno de nosotros electo por el Presidente, que no tolerará ni permitirá la chicana, la burla, coima, añagaza o la artería. Los panameños sabrán que cuentan con una justicia límpida y transparente. Estamos trabajando por la Patria. Amanecerá y veremos.
