Democracia y educación de las fuerzas del orden
En Panamá, como en casi toda América Latina, los procesos de democratización están creando nuevos módulos de relación entre civiles y militares. Por supuesto, es idea común que la consolidación de estos cambios requieren afianzar la aceptación del control del poder civil. Tenemos que reconocer que, en este plano, en Panamá, hace aproximadamente una década, se ha realizado un intenso trabajo para capacitar expertos individuales, respecto de la problemática de un control efectivo de las fuerzas del orden (Policía, PTJ, Servicio de Protección Institucional, etc.) en los campos de defensa y seguridad pública. Sin embargo, no se ha efectuado un esfuerzo similar en lo que concierne a la aceptación de los valores democráticos y al respecto de los derechos humanos en el seno de las instituciones militares y de las fuerzas defensores de la ley.
El objetivo de esa nota es, esencialmente, plantear una discusión sobre el tema con el propósito de mejorar lo poco que se ha avanzado en este campo. Es por ello que me referiré a sus fundamentos políticos y pedagógicos en un sano intento de aproximación a las posibilidades de implantación de un programa nacional sobre esa cuestión.
FUNDAMENTOS POLITICOS
Es de todo punto de vista cierto, que en casi todo el continente, las amargas experiencias del pasado fundamentan la exigencia de incorporar una ética que salvaguarde el empleo legítimo de la violencia. En algunos países se ha hecho hincapié en memorizar el pasado, destacando las dramáticas etapas de la historia inmediata, así como compensar a las víctimas de ésta y castigar temporalmente a algunos de los responsables de graves violaciones. Pero poco se ha realizado en el campo de la planificación y la implementación futura, pero esto es en la educación de las fuerzas del orden, para impedir la recurrencia de dichas violaciones de la democracia y los derechos humanos.
A nivel general, estas infracciones han disminuido, aunque las ejecuciones extra-judiciales, desapariciones, torturas, arrestos arbitrarios y otros abusos no se han extinguido totalmente, y son, esporádica y aisladamente, documentados en los informes anuales de Amnistía Internacional.
La gran mayoría coincide en que una manera importante de evitar el aumento de la violencia política y social es instruir a los sectores más vulnerables de la población en la exigencia de la protección de sus derechos; ejercitar y asesorar a los grupos activos de la sociedad civil en el control de las conductas de sus gobiernos, y perfeccionar y fortalecer a las instituciones representativas. Pero, aunque todas estas condiciones son necesarias para la consolidación de la democracia, ellas no son suficientes. En cualquier momento, la falla de algunas instituciones, la tentación de grupos de intereses y de partidos políticos de actuar extra-parlamentaria e ilegalmente, así como la desesperación de las masas que podría inducirlas a participar o apoyar actos de violencia popular, constituyen aspectos que incrementan la propensión de las fuerzas del orden a ser inflamadas, incentivadas en el uso de la violencia contra sus propios pueblos, o incrementan la propensión a exigir una alta cuota de participación política, recurriendo al no tan antiguo fundamento retórico de su importancia en el rol tutelar de la patria, rol que no se subordina al gobierno civil sino a una vaga noción de "nación".
Este desenlace no es accidental. Puede ocurrir por negligencia, debido a que los civiles, legítimamente ocupados en tomar más poder y conciencia de su papel dominante en el país, han marginado a las fuerzas del orden. Algunos consideran que la exclusión de la sociedad civil de este importante sector es una especie de castigo por el rol que han tenido en etapas de gobiernos de facto y por el hecho de que en el pasado las instituciones castrenses se habían mantenido aisladas de la población general. Empero, en la actualidad, miembros de ese sector se sienten segregados, e inclusive discriminados, y piensan que sus derechos legítimos no forman parte de la agenda democrática de esa sociedad excluyente. No es demás recordar que los miembros frustrados de instituciones que se autovisualizan como víctimas de procesos en los cuales no pueden incidir, constituyen un mal vaticinio para un futuro armónico y estable.
Por otra parte, no olvidemos que líderes demagogos y absolutistas pueden hacer, como lo han hecho en el pasado, uso y abuso de las fuerzas del orden resentidas y no pensantes, y convertirlas en un instrumento represivo y violador de los derechos humanos. Por eso, la propagación de una "cultura para la democracia" debe, por razones pragmáticas y aun programáticas, incluir la internalización de esos valores por los miembros de las fuerzas del orden. Y la pregunta ya no es si llevar a cabo esa empresa, sino cómo realizarla.
FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS
La idea de introducir el tema de la democracia y los derechos humanos en la enseñanza de las academias policiales y de los servicios de seguridad e inteligencia, posee, en primer lugar, una lógica similar a la que fundamenta la educación de la población general en estos temas. La apertura de una "ventana de oportunidades" es visible en muchos países del continente. En Panamá, estimamos nosotros, es mucho más visible. La meta pedagógica de esta posible empresa educativa no se restringe a llevar a cabo un trabajo memorizante, ni a presentar las reglas del juego del combatiente, ni a especificar castigos otorgados a los violadores de derechos humanos. La meta es aportar una amplia comprensión del tema y enfocar aquellos abusos que podrían ser perpetuados por las fuerzas del orden. No se trata sólo de impartir conocimientos e información, sino de intentar instruir un modo de pensar similar al de los defensores de los derechos humanos.
Sería deseable, por demás, seguir el ejemplo de los países de la Comunidad Europea, que han iniciado la instrucción de los derechos humanos de las fuerzas armadas en América Latina. Tal es el caso de la instrucción de la policía de Brasil, llevado a cabo por Holanda o la realizada por España en las nuevas fuerzas de seguridad pública de El Salvador. Por otra parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha efectuado cursos breves para representantes de las fuerzas del orden, principalmente en San José, Costa Rica; asimismo, en algunos países (Perú y Ecuador), Organizaciones no Gubernamentales, con acceso a las academias militares y policiales han conducido cursos sobre el tema ().
En resumen, para lograr este objetivo es necesario planificar una estrategia eficaz para la institucionalización del tema de la democracia y los derechos humanos en la educación de las fuerzas del orden, como tópico legítimo, prestigioso y regular en los establecimientos educativos de las fuerzas del orden, a lo cual contribuiría altamente la formación de una red de educadores y militares especializados.
() Véase "Los Derechos Humanos en la Educación de las Fuerzas Defensoras de la Ley" por Edy Kaufman, Universidad Hebrea de Jerusalén.
El objetivo de esa nota es, esencialmente, plantear una discusión sobre el tema con el propósito de mejorar lo poco que se ha avanzado en este campo. Es por ello que me referiré a sus fundamentos políticos y pedagógicos en un sano intento de aproximación a las posibilidades de implantación de un programa nacional sobre esa cuestión.
FUNDAMENTOS POLITICOS
Es de todo punto de vista cierto, que en casi todo el continente, las amargas experiencias del pasado fundamentan la exigencia de incorporar una ética que salvaguarde el empleo legítimo de la violencia. En algunos países se ha hecho hincapié en memorizar el pasado, destacando las dramáticas etapas de la historia inmediata, así como compensar a las víctimas de ésta y castigar temporalmente a algunos de los responsables de graves violaciones. Pero poco se ha realizado en el campo de la planificación y la implementación futura, pero esto es en la educación de las fuerzas del orden, para impedir la recurrencia de dichas violaciones de la democracia y los derechos humanos.
A nivel general, estas infracciones han disminuido, aunque las ejecuciones extra-judiciales, desapariciones, torturas, arrestos arbitrarios y otros abusos no se han extinguido totalmente, y son, esporádica y aisladamente, documentados en los informes anuales de Amnistía Internacional.
La gran mayoría coincide en que una manera importante de evitar el aumento de la violencia política y social es instruir a los sectores más vulnerables de la población en la exigencia de la protección de sus derechos; ejercitar y asesorar a los grupos activos de la sociedad civil en el control de las conductas de sus gobiernos, y perfeccionar y fortalecer a las instituciones representativas. Pero, aunque todas estas condiciones son necesarias para la consolidación de la democracia, ellas no son suficientes. En cualquier momento, la falla de algunas instituciones, la tentación de grupos de intereses y de partidos políticos de actuar extra-parlamentaria e ilegalmente, así como la desesperación de las masas que podría inducirlas a participar o apoyar actos de violencia popular, constituyen aspectos que incrementan la propensión de las fuerzas del orden a ser inflamadas, incentivadas en el uso de la violencia contra sus propios pueblos, o incrementan la propensión a exigir una alta cuota de participación política, recurriendo al no tan antiguo fundamento retórico de su importancia en el rol tutelar de la patria, rol que no se subordina al gobierno civil sino a una vaga noción de "nación".
Este desenlace no es accidental. Puede ocurrir por negligencia, debido a que los civiles, legítimamente ocupados en tomar más poder y conciencia de su papel dominante en el país, han marginado a las fuerzas del orden. Algunos consideran que la exclusión de la sociedad civil de este importante sector es una especie de castigo por el rol que han tenido en etapas de gobiernos de facto y por el hecho de que en el pasado las instituciones castrenses se habían mantenido aisladas de la población general. Empero, en la actualidad, miembros de ese sector se sienten segregados, e inclusive discriminados, y piensan que sus derechos legítimos no forman parte de la agenda democrática de esa sociedad excluyente. No es demás recordar que los miembros frustrados de instituciones que se autovisualizan como víctimas de procesos en los cuales no pueden incidir, constituyen un mal vaticinio para un futuro armónico y estable.
Por otra parte, no olvidemos que líderes demagogos y absolutistas pueden hacer, como lo han hecho en el pasado, uso y abuso de las fuerzas del orden resentidas y no pensantes, y convertirlas en un instrumento represivo y violador de los derechos humanos. Por eso, la propagación de una "cultura para la democracia" debe, por razones pragmáticas y aun programáticas, incluir la internalización de esos valores por los miembros de las fuerzas del orden. Y la pregunta ya no es si llevar a cabo esa empresa, sino cómo realizarla.
FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS
La idea de introducir el tema de la democracia y los derechos humanos en la enseñanza de las academias policiales y de los servicios de seguridad e inteligencia, posee, en primer lugar, una lógica similar a la que fundamenta la educación de la población general en estos temas. La apertura de una "ventana de oportunidades" es visible en muchos países del continente. En Panamá, estimamos nosotros, es mucho más visible. La meta pedagógica de esta posible empresa educativa no se restringe a llevar a cabo un trabajo memorizante, ni a presentar las reglas del juego del combatiente, ni a especificar castigos otorgados a los violadores de derechos humanos. La meta es aportar una amplia comprensión del tema y enfocar aquellos abusos que podrían ser perpetuados por las fuerzas del orden. No se trata sólo de impartir conocimientos e información, sino de intentar instruir un modo de pensar similar al de los defensores de los derechos humanos.
Sería deseable, por demás, seguir el ejemplo de los países de la Comunidad Europea, que han iniciado la instrucción de los derechos humanos de las fuerzas armadas en América Latina. Tal es el caso de la instrucción de la policía de Brasil, llevado a cabo por Holanda o la realizada por España en las nuevas fuerzas de seguridad pública de El Salvador. Por otra parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha efectuado cursos breves para representantes de las fuerzas del orden, principalmente en San José, Costa Rica; asimismo, en algunos países (Perú y Ecuador), Organizaciones no Gubernamentales, con acceso a las academias militares y policiales han conducido cursos sobre el tema ().
En resumen, para lograr este objetivo es necesario planificar una estrategia eficaz para la institucionalización del tema de la democracia y los derechos humanos en la educación de las fuerzas del orden, como tópico legítimo, prestigioso y regular en los establecimientos educativos de las fuerzas del orden, a lo cual contribuiría altamente la formación de una red de educadores y militares especializados.
() Véase "Los Derechos Humanos en la Educación de las Fuerzas Defensoras de la Ley" por Edy Kaufman, Universidad Hebrea de Jerusalén.
