Democracia y orden público
Que los administradores del Estado incurran en la ruptura del orden público, con el pretexto de imponer el orden, demuestra un estado tal de esquizofrenia política, que asusta. Si lo analizamos desde la sociología, más que desde el Derecho, el orden público se entiende como una forma de vida, como un estatus social establecido por la voluntad comunitaria en función de su tradición histórica, de sus convicciones éticas más arraigadas, sus costumbres y convencionalismos más generalizados, de sus necesidades y exigencias más sentidas.
Este orden público, pues, se establece como regulador del orden social, tal que no pueda ser alterado por la voluntad de los individuos. Una de las magistrales aplicaciones del orden público, generada por la gran Revolución Francesa en 1789, es aquel concepto que afirma que libertad y orden público no son contrarios sino interdependientes, que el uno asegura la vigencia del otro, coexistiendo en la sociedad, y que son pilares funcionales de toda democracia.
Al final debemos comprender que el Estado de Derecho no puede estar representado por la voluntad de una persona o de una minoría que se impone a una mayoría y, en ese sentido, solo habrá Estado de Derecho cuando este emerja de la soberanía popular.
Que el Gobierno desoiga lo que la soberanía popular está diciéndole en cuanto a legislar por decreto el tema de seguridad nacional y ciudadana, significa el rompimiento de estas reglas de convivencia, del orden público que, según pregona, está interesado en proteger.
