Democracia y reformas electorales
Las reformas constitucionales del año 2004 establecieron en el primer párrafo del artículo 147 que la Asamblea Nacional de Diputados estará conformada por setenta y un (71) Diputados, lo cual conlleva que a partir de las elecciones del 2009 se eliminarán 7 diputados y a que además, se tengan que hacer reformas necesarias inherentes a la proporcionalidad de los circuitos electorales. El hecho de que esté establecido un número concreto de diputados en nuestra Constitución significa que ninguna ley puede ir en contra de lo dictaminado en la Carta Magna, además de restringir de una vez por todas la suma y resta de diputados cada cinco años, ya que la forma idónea para realizar reformas constitucionales está establecido en los artículos 313 y 314 de la Constitución Nacional, procedimiento mucho más rígido que la creación, reforma y abolición de leyes, ya sean orgánicas y ordinarias.
El proyecto de reformas electorales pretende unir dos circuitos, el 8-7 (Calidonia, Santa Ana, San Felipe, Curundú, El Chorrillo) y el circuito 8-8 (Betania, Pueblo Nuevo, Bella Vista y Ancón). En las últimas elecciones, en el circuito 8-7 votaron 43, 982 personas, donde salieron elegidos 3 diputados, mientras que el circuito 8-8 lo hicieron 59, 709 votantes, donde se eligen 4 Diputados. Son 7 los diputados elegidos si sumamos ambos circuitos, pero el proyecto ya mencionado eliminaría 2, reduciendo a que en dicho campo electoral se escogería en las próximas elecciones solamente 5. Estoy claro en que se van a tener que hacer sacrificios para poder a llevar a cabo lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional, pero la unión 8-7/8-8 conlleva a lo que lamentablemente ocurre en el circuito 8-9 (Juan Díaz, San Francisco, Rió Abajo, Parque Lefevre), donde se eligen 5 representantes (102 783 votos) ante la Asamblea Nacional, pero sin embargo, ninguno proviene del corregimiento de San Francisco, de alguna manera incumpliendo con nuestro sistema denominado la Democracia representativa.
La Democracia representativa, según Manuel Osorio, es aquella en que los ciudadanos dan mandato, por medio del sufragio activo, a otras personas, para que en su nombre ejerzan el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en las repúblicas presidencialistas. El circuito 8-8, es considerado, electoralmente hablando, como el más difícil en el país, ya que está conformado en su mayoría por profesionales y en mi opinión, el que históricamente ha llevado los diputados más eficientes a la Asamblea Nacional (Víctor Méndez Fábrega, Rubén Arosemena, Oydén Ortega, etc), mientras que en el circuito 8-7, se escoge como diputado al sSeñor Sergio Gálvez por su clientelismo, cuya labor en la Asamblea Nacional es mínima, lo cual dicho sea de paso, deja muy mal a la clase política panameña. No estoy criticando ni comparando a las personas que viven en ambos circuitos, si no que presiento que los profesionales, que también son pueblo, no estarán representados en la Asamblea Nacional a partir del 2009.
Esta reforma también afectará a los partidos políticos. En el circuito 8-8, el Partido Popular, antiguo Demócrata Cristiano, al ser un partido de cuadros (le interesa más la calidad de los miembros que su número), ha obtenido al menos un diputado en las últimas 5 elecciones (Carlos Arellano Lennox, Ada de Gordón, Rubén Arosemena y Jorge Hernán Rubio), al contrario del circuito 8-7, donde el ultimo demócrata cristiano elegido como diputado fue José Antonio Sossa en el año 1989. En otras palabras, los partidos de cuadros, creyentes en su ideología y en la acción política más no en el clientelismo, serán ignorados por el electorado al momento de ejercer su derecho al sufragio.
Ya he comentado en artículos anteriores que la forma de levantar la imagen de la clase política panameña es inculcando ideologías y valores a los partidos políticos, pero de igual forma pienso que estas reformas deben de ser estudiadas con lupa y detenimiento para hacer respetar nuestra democracia representativa.
El pueblo panameño, hasta ahora, tiene, en términos generales una actitud positiva frente a la eventual ampliación del Canal. Se le ha vendido esperanza y, en su desesperación por dejar atrás la pobreza mediante el acceso a un empleo bien remunerado, está dispuesto a aferrarse a ella. Pero si las respuestas y las explicaciones que se le dan, frente a cuestionamientos legítimos, no demuestran, claramente, cómo se materializará esa esperanza, su entusiasmo se trocará en frustración, y exigirá cuentas.
Los temas abiertos a debate son muchos, pero el pueblo, los hombres y mujeres de la calle tienen sus prioridades. Ellos quieren saber cosas directas: si tendrán un trabajo, cuánto durará y cuanto les pagarán. Y también quieren saber, si el país no terminará hipotecado hasta la generación de sus nietos y biznietos. Responder a esas interrogantes es prioritario; sin alardes técnicos, sin arrogancia y con claridad. Ojalá que así lo entendieran los voceros de la ACP, y nos demuestren que son capaces de hacerlo.
El proyecto de reformas electorales pretende unir dos circuitos, el 8-7 (Calidonia, Santa Ana, San Felipe, Curundú, El Chorrillo) y el circuito 8-8 (Betania, Pueblo Nuevo, Bella Vista y Ancón). En las últimas elecciones, en el circuito 8-7 votaron 43, 982 personas, donde salieron elegidos 3 diputados, mientras que el circuito 8-8 lo hicieron 59, 709 votantes, donde se eligen 4 Diputados. Son 7 los diputados elegidos si sumamos ambos circuitos, pero el proyecto ya mencionado eliminaría 2, reduciendo a que en dicho campo electoral se escogería en las próximas elecciones solamente 5. Estoy claro en que se van a tener que hacer sacrificios para poder a llevar a cabo lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional, pero la unión 8-7/8-8 conlleva a lo que lamentablemente ocurre en el circuito 8-9 (Juan Díaz, San Francisco, Rió Abajo, Parque Lefevre), donde se eligen 5 representantes (102 783 votos) ante la Asamblea Nacional, pero sin embargo, ninguno proviene del corregimiento de San Francisco, de alguna manera incumpliendo con nuestro sistema denominado la Democracia representativa.
La Democracia representativa, según Manuel Osorio, es aquella en que los ciudadanos dan mandato, por medio del sufragio activo, a otras personas, para que en su nombre ejerzan el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en las repúblicas presidencialistas. El circuito 8-8, es considerado, electoralmente hablando, como el más difícil en el país, ya que está conformado en su mayoría por profesionales y en mi opinión, el que históricamente ha llevado los diputados más eficientes a la Asamblea Nacional (Víctor Méndez Fábrega, Rubén Arosemena, Oydén Ortega, etc), mientras que en el circuito 8-7, se escoge como diputado al sSeñor Sergio Gálvez por su clientelismo, cuya labor en la Asamblea Nacional es mínima, lo cual dicho sea de paso, deja muy mal a la clase política panameña. No estoy criticando ni comparando a las personas que viven en ambos circuitos, si no que presiento que los profesionales, que también son pueblo, no estarán representados en la Asamblea Nacional a partir del 2009.
Esta reforma también afectará a los partidos políticos. En el circuito 8-8, el Partido Popular, antiguo Demócrata Cristiano, al ser un partido de cuadros (le interesa más la calidad de los miembros que su número), ha obtenido al menos un diputado en las últimas 5 elecciones (Carlos Arellano Lennox, Ada de Gordón, Rubén Arosemena y Jorge Hernán Rubio), al contrario del circuito 8-7, donde el ultimo demócrata cristiano elegido como diputado fue José Antonio Sossa en el año 1989. En otras palabras, los partidos de cuadros, creyentes en su ideología y en la acción política más no en el clientelismo, serán ignorados por el electorado al momento de ejercer su derecho al sufragio.
Ya he comentado en artículos anteriores que la forma de levantar la imagen de la clase política panameña es inculcando ideologías y valores a los partidos políticos, pero de igual forma pienso que estas reformas deben de ser estudiadas con lupa y detenimiento para hacer respetar nuestra democracia representativa.
El pueblo panameño, hasta ahora, tiene, en términos generales una actitud positiva frente a la eventual ampliación del Canal. Se le ha vendido esperanza y, en su desesperación por dejar atrás la pobreza mediante el acceso a un empleo bien remunerado, está dispuesto a aferrarse a ella. Pero si las respuestas y las explicaciones que se le dan, frente a cuestionamientos legítimos, no demuestran, claramente, cómo se materializará esa esperanza, su entusiasmo se trocará en frustración, y exigirá cuentas.
Los temas abiertos a debate son muchos, pero el pueblo, los hombres y mujeres de la calle tienen sus prioridades. Ellos quieren saber cosas directas: si tendrán un trabajo, cuánto durará y cuanto les pagarán. Y también quieren saber, si el país no terminará hipotecado hasta la generación de sus nietos y biznietos. Responder a esas interrogantes es prioritario; sin alardes técnicos, sin arrogancia y con claridad. Ojalá que así lo entendieran los voceros de la ACP, y nos demuestren que son capaces de hacerlo.
