Democracias vulnerables: I. Nueve casos
Durante buena parte del siglo XX, el peligro para las democracias latinoamericanas han sido los militares. La seguridad nacional, en relación con la Guerra Fría, servía de pretexto para que las fuerzas armadas crecieran en número, en sofisticación y costo de su armamento y en lo abarcador de su poderío. Solían tomar la iniciativa de usurpar el poder público para su propio beneficio.
Cabe analizar someramente el nuevo tipo de vulnerabilidad de nuestras democracias:
Carlos Andrés Pérez de Venezuela, quien gobernó por segunda vez desde el 2 de febrero de 1989, le hizo frente a dos intentos de golpe militar, hasta el 31 de agosto de 1992, cuando fue depuesto por el Congreso por razones económicas y de corrupción. Quedó sujeto a acciones judiciales.
Fernando Collor de Mello de Brasil, gobernó del 15 de marzo de 1990 al 26 de diciembre de 1992, cuando renunció justo antes de que el Congreso completara su deposición por corrupción, quedando implicaciones judiciales en su contra.
Jorge Antonio Serrano Elías de Guatemala, gobernó del 14 de enero de 1991 hasta el 1 de junio de 1993, habiendo intentado un autogolpe a la manera de Fujimori, con la clausura de los otros Órganos del Estado, motivado por la corrupción tanto presidencial como legislativa y por discrepancias en el desarrollo de las conversaciones del gobierno con la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) acerca de los derechos humanos y de la subordinación de los militares a la autoridad civil.
El desbalance de los Órganos del Estado paralizó la gestión de gobierno y estimuló el rechazo generalizado, nacional e internacional, a su acción anticonstitucional, quedando Serrano sujeto a acción judicial.
Abdalá Bucaram Ortiz de Ecuador, gobernó del 10 de agosto de 1996 al 11 de febrero de 1997, cuando el Congreso lo declaró "cesante" por "incapacidad mental" y él se trasladó a Panamá. Sucedió en razón de la situación caótica bajo su presidencia, a raíz del nepotismo descarado, la corrupción desvergonzada y las excentricidades limítrofes que lo caracterizaron, en el contexto de una política neoliberal a ultranza que contradecía el populismo de sus discursos de campaña. Quedó con una primera sentencia condenatoria a prisión y 56 otras acusaciones pendientes de trámite judicial.
Raúl Alberto Cubas Grau de Paraguay, quien gobernó del 15 de agosto de 1998 al 28 de marzo de 1999, llegó a la presidencia comprometido con el General Oviedo. Su gestión a favor de exonerarlo de las condenas que le habían impedido el acceso a la presidencia, lo opusieron al Vicepresidente Argaña, cuyo asesinato el 23 de marzo le fue achacado al Presidente y a Oviedo, dando pie al inicio de una acción del Congreso en su contra "por mal desempeño de sus funciones" que lo condujo a renunciar y asilarse en el Brasil. Quedó sujeto a acción judicial.
Jamil Mauad Witt de Ecuador, quien ocupó la presidencia del 10 agosto de 1998 al 22 de enero del 2000, intentó hacerle frente, por la dolarización de la economía, a la honda crisis financiera y económica que afectaba al país, y también tomó medidas drásticas de liberalizar los precios, de tal forma que aunque las medidas fueran correctas técnicamente, socialmente eran drásticas.
Como consecuencia de que miles de indígenas y personal de los rangos inferiores de las fuerzas armadas iniciaron un levantamiento que obligó a Mauad a refugiarse en una base militar, mientras se instalaba una Junta de Salvación y terminó por asumir la presidencia el Vicepresidente Gustavo Noboa Bajarano. S e ha iniciado un proceso penal contra Mauad.
Alberto Fujimori de Perú gobernó desde el 28 de julio de 1990, dándose un autogolpe y convocando a una Asamblea Constituyente, lo cual le permitió otro primer período bajo la nueva constitución, de 1995 a 2000, e intentó un período adicional, a partir 28 de julio del 2000. Pero el 20 de noviembre del 2000 se vio obligado a renunciar por un escándalo de corrupción y de fraude electoral, ambos con implicaciones en las fuerzas armadas y con la participación del siniestro Vladimiro Montesinos, en un contexto de dificultades económicas. Se han dado consecuencias judiciales para los dos.
Fernando de la Rúa Bruno de Argentina, quien gobernó del 10 de diciembre de 1999 al 21 de diciembre del 2001, recibió una economía en descenso, con una deuda enorme. En medio de esta situación desastrosa estalló una crisis debido a las acusaciones de que el Ejecutivo sobornó a legisladores, lo cual produjo incluso una huelga general, con manifestaciones, saqueo y vandalismo, lo cual condujo a la renuncia ante el Congreso. Ha quedando sujeto a una acción judicial.
Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia, quien gobernó por segunda vez del 6 de agosto de 2002 al 15 de octubre del 2003, confrontando a quienes se oponían a la política cocalera que consideraba ilegal la siembra de coca, a una nueva política fiscal y al plan de exportaciones gasíferas, todo lo cual se evidenció con huelgas y manifestaciones violentas, quedando el ejército como el único apoyo del presidente. El presidente tuvo que retroceder en las medidas anunciadas, a pesar de lo cual la agitación continuó y Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar, a pesar del apoyo internacional que recibió.
Nueve casos de presidentes depuestos sobre todo por razones económicas y de corrupción desde 1992. Quedan tres otros casos por considerar, cada uno con su propia originalidad: el de Jean Bertrand Aristide; el de Hugo Rafael Chávez Frías, y el de José Arnoldo Alemán Lacayo. La próxima semana consideraré brevemente estos casos y propondré algunas reflexiones sobre esta nueva vulnerabilidad de nuestras democracias.
(ariyan@sinfo.net).
Cabe analizar someramente el nuevo tipo de vulnerabilidad de nuestras democracias:
Carlos Andrés Pérez de Venezuela, quien gobernó por segunda vez desde el 2 de febrero de 1989, le hizo frente a dos intentos de golpe militar, hasta el 31 de agosto de 1992, cuando fue depuesto por el Congreso por razones económicas y de corrupción. Quedó sujeto a acciones judiciales.
Fernando Collor de Mello de Brasil, gobernó del 15 de marzo de 1990 al 26 de diciembre de 1992, cuando renunció justo antes de que el Congreso completara su deposición por corrupción, quedando implicaciones judiciales en su contra.
Jorge Antonio Serrano Elías de Guatemala, gobernó del 14 de enero de 1991 hasta el 1 de junio de 1993, habiendo intentado un autogolpe a la manera de Fujimori, con la clausura de los otros Órganos del Estado, motivado por la corrupción tanto presidencial como legislativa y por discrepancias en el desarrollo de las conversaciones del gobierno con la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) acerca de los derechos humanos y de la subordinación de los militares a la autoridad civil.
El desbalance de los Órganos del Estado paralizó la gestión de gobierno y estimuló el rechazo generalizado, nacional e internacional, a su acción anticonstitucional, quedando Serrano sujeto a acción judicial.
Abdalá Bucaram Ortiz de Ecuador, gobernó del 10 de agosto de 1996 al 11 de febrero de 1997, cuando el Congreso lo declaró "cesante" por "incapacidad mental" y él se trasladó a Panamá. Sucedió en razón de la situación caótica bajo su presidencia, a raíz del nepotismo descarado, la corrupción desvergonzada y las excentricidades limítrofes que lo caracterizaron, en el contexto de una política neoliberal a ultranza que contradecía el populismo de sus discursos de campaña. Quedó con una primera sentencia condenatoria a prisión y 56 otras acusaciones pendientes de trámite judicial.
Raúl Alberto Cubas Grau de Paraguay, quien gobernó del 15 de agosto de 1998 al 28 de marzo de 1999, llegó a la presidencia comprometido con el General Oviedo. Su gestión a favor de exonerarlo de las condenas que le habían impedido el acceso a la presidencia, lo opusieron al Vicepresidente Argaña, cuyo asesinato el 23 de marzo le fue achacado al Presidente y a Oviedo, dando pie al inicio de una acción del Congreso en su contra "por mal desempeño de sus funciones" que lo condujo a renunciar y asilarse en el Brasil. Quedó sujeto a acción judicial.
Jamil Mauad Witt de Ecuador, quien ocupó la presidencia del 10 agosto de 1998 al 22 de enero del 2000, intentó hacerle frente, por la dolarización de la economía, a la honda crisis financiera y económica que afectaba al país, y también tomó medidas drásticas de liberalizar los precios, de tal forma que aunque las medidas fueran correctas técnicamente, socialmente eran drásticas.
Como consecuencia de que miles de indígenas y personal de los rangos inferiores de las fuerzas armadas iniciaron un levantamiento que obligó a Mauad a refugiarse en una base militar, mientras se instalaba una Junta de Salvación y terminó por asumir la presidencia el Vicepresidente Gustavo Noboa Bajarano. S e ha iniciado un proceso penal contra Mauad.
Alberto Fujimori de Perú gobernó desde el 28 de julio de 1990, dándose un autogolpe y convocando a una Asamblea Constituyente, lo cual le permitió otro primer período bajo la nueva constitución, de 1995 a 2000, e intentó un período adicional, a partir 28 de julio del 2000. Pero el 20 de noviembre del 2000 se vio obligado a renunciar por un escándalo de corrupción y de fraude electoral, ambos con implicaciones en las fuerzas armadas y con la participación del siniestro Vladimiro Montesinos, en un contexto de dificultades económicas. Se han dado consecuencias judiciales para los dos.
Fernando de la Rúa Bruno de Argentina, quien gobernó del 10 de diciembre de 1999 al 21 de diciembre del 2001, recibió una economía en descenso, con una deuda enorme. En medio de esta situación desastrosa estalló una crisis debido a las acusaciones de que el Ejecutivo sobornó a legisladores, lo cual produjo incluso una huelga general, con manifestaciones, saqueo y vandalismo, lo cual condujo a la renuncia ante el Congreso. Ha quedando sujeto a una acción judicial.
Gonzalo Sánchez de Lozada de Bolivia, quien gobernó por segunda vez del 6 de agosto de 2002 al 15 de octubre del 2003, confrontando a quienes se oponían a la política cocalera que consideraba ilegal la siembra de coca, a una nueva política fiscal y al plan de exportaciones gasíferas, todo lo cual se evidenció con huelgas y manifestaciones violentas, quedando el ejército como el único apoyo del presidente. El presidente tuvo que retroceder en las medidas anunciadas, a pesar de lo cual la agitación continuó y Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar, a pesar del apoyo internacional que recibió.
Nueve casos de presidentes depuestos sobre todo por razones económicas y de corrupción desde 1992. Quedan tres otros casos por considerar, cada uno con su propia originalidad: el de Jean Bertrand Aristide; el de Hugo Rafael Chávez Frías, y el de José Arnoldo Alemán Lacayo. La próxima semana consideraré brevemente estos casos y propondré algunas reflexiones sobre esta nueva vulnerabilidad de nuestras democracias.
(ariyan@sinfo.net).
