Denuncias de legisladores
No deberíamos admitir que el affaire de las denuncias sobre cobros ilegales de comisiones por préstamos otorgados por bancos públicos internacionales concluya nutriendo el rico folklore de las anécdotas políticas. Para evitarlo no debemos permitir que caiga en saco roto el episodio de las denuncias de legisladores oficialistas. El balance del episodio es negativo en primera instancia. Sin embargo, en segunda instancia hay que analizarlo para que se extraigan experiencias positivas de lo negativo, evitando su repetición, y procurando que el saldo sea favorable a la educación cívica nacional. Porque no es admisible que un legislador de la república no se asesore debidamente por expertos en la materia antes de lanzar acusaciones de calibre, buscando el desprestigio de políticos adversarios para acabar desprestigiado el mismo autor o autores de la denuncia de marras.
Al final de cuentas, se ha empañado mucho más la imagen de la institución parlamentaria y ha quedado maltrecha la de Panamá como Estado serio y democrático, al lanzarse tachas sobre la honorabilidad de funcionarios, sin investigaciones responsables previas que acrediten el fundamento de la acusación.
En el caso en cuestión, también se llegó a involucrar indirectamente a instituciones financieras internacionales por una ignorancia inexcusable del funcionamiento del sistema de costos del crédito internacional. Al aclarar los funcionarios de las agencias internacionales de crédito los costos inherentes a los préstamos y quedar al descubierto la magnitud del dislate de los legisladores oficialistas, el ministro de Economía, Víctor Juliao, se vio precisado a formular un desmentido a la acusación salida de su propia tolda política, desmentido en el que algunos percibieron el sabor agridulce de la disculpa pública, para salvar la cara del gobierno ante el dislate de la acusación reiterada con afán contumaz por legisladores oficialistas.
No quede duda de que la función de los legisladores es investigar el manejo de los fondos públicos y que, en los casos en que pueda existir base para dudar de la falta de transparencia en préstamos millonarios, no vacilar en demandar explicaciones a quien corresponda suministrarlas. Apoyando esa atribución inquisitiva, cada uno de los legisladores dispone de una partida mensual de cuatro mil balboas para el pago de asesores y empleados que contribuyan al cumplimiento de sus obligaciones. Si el legislador no conocía el tema contaba con recursos económicos para contratar a un economista especializado en préstamos de agencias de crédito internacional y así investigar con propiedad y solvencia técnica las dudas sobre la transparencia de determinadas operaciones. Cumplida la fase de investigación, procedía formular o descartar la denuncia. Sin embargo, en ésta como en otras situaciones está a la vista que no existió asesoramiento, y que por consiguiente no hay trazas de que se llevó a cabo una investigación medianamente responsable. Precisamente, por esta inexplicable carencia de asesoramiento, quedó al descubierto la notoria intencionalidad política de la acusación que no pudo aterrizar por no tener pista suficiente y dio volteretas ridículas de pista circense.
En situaciones semejantes, no se debería clasificar a los legisladores como legisladores oficialistas o legisladores de la oposición, sino como legisladores ilustrados o legisladores ignorantes, o quizás como legisladores responsables o irresponsables. La opinión pública decidirá cuál es la clasificación correspondiente.
Al final de cuentas, se ha empañado mucho más la imagen de la institución parlamentaria y ha quedado maltrecha la de Panamá como Estado serio y democrático, al lanzarse tachas sobre la honorabilidad de funcionarios, sin investigaciones responsables previas que acrediten el fundamento de la acusación.
En el caso en cuestión, también se llegó a involucrar indirectamente a instituciones financieras internacionales por una ignorancia inexcusable del funcionamiento del sistema de costos del crédito internacional. Al aclarar los funcionarios de las agencias internacionales de crédito los costos inherentes a los préstamos y quedar al descubierto la magnitud del dislate de los legisladores oficialistas, el ministro de Economía, Víctor Juliao, se vio precisado a formular un desmentido a la acusación salida de su propia tolda política, desmentido en el que algunos percibieron el sabor agridulce de la disculpa pública, para salvar la cara del gobierno ante el dislate de la acusación reiterada con afán contumaz por legisladores oficialistas.
No quede duda de que la función de los legisladores es investigar el manejo de los fondos públicos y que, en los casos en que pueda existir base para dudar de la falta de transparencia en préstamos millonarios, no vacilar en demandar explicaciones a quien corresponda suministrarlas. Apoyando esa atribución inquisitiva, cada uno de los legisladores dispone de una partida mensual de cuatro mil balboas para el pago de asesores y empleados que contribuyan al cumplimiento de sus obligaciones. Si el legislador no conocía el tema contaba con recursos económicos para contratar a un economista especializado en préstamos de agencias de crédito internacional y así investigar con propiedad y solvencia técnica las dudas sobre la transparencia de determinadas operaciones. Cumplida la fase de investigación, procedía formular o descartar la denuncia. Sin embargo, en ésta como en otras situaciones está a la vista que no existió asesoramiento, y que por consiguiente no hay trazas de que se llevó a cabo una investigación medianamente responsable. Precisamente, por esta inexplicable carencia de asesoramiento, quedó al descubierto la notoria intencionalidad política de la acusación que no pudo aterrizar por no tener pista suficiente y dio volteretas ridículas de pista circense.
En situaciones semejantes, no se debería clasificar a los legisladores como legisladores oficialistas o legisladores de la oposición, sino como legisladores ilustrados o legisladores ignorantes, o quizás como legisladores responsables o irresponsables. La opinión pública decidirá cuál es la clasificación correspondiente.
