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Derecho al sufragio


La solicitud de la Conferencia Episcopal Panameña a través de su Pastoral Penitenciaria de apoyar el derecho al sufragio de los privados de libertad "no condenados", ha levantado un inquietante revuelo y se ha podido escuchar -en menos de lo que canta un gallo- toda suerte de afirmaciones sobre el proyecto de ley No.131, que uno se pregunta si estamos en el siglo XXI o en Panamá se marcha hacia atrás. La Corte Constitucional de Colombia, en sentencia de 10 de diciembre de 1992, señaló que "los presos no tienen derechos de menor categoría; tienen derechos restringidos o limitados, y cuando esto no sucede; es decir, cuando la pena impuesta no se encuentra en contradicción con el ejercicio pleno de un derecho, éste debe ser tan protegido y respetado como el de cualquier otra persona". Claro, no olvidemos que Colombia vivió en 1991 un proceso constituyente y la población aprendió a conocer más y mejor sus derechos.
Decenas de internos de la cárcel "Nueva Esperanza" en Colón han suscrito un comunicado sobre el tema: "Queremos manifestarle nuestra preocupación porque a pesar de las tantas veces que se han escuchado, a través de los diferentes medios de comunicación, los vejámenes, injusticias, mora judicial, torturas físicas, mentales y psicológicas que sufren, padecen y experimentan los presos o privados de libertad en las cárceles de nuestro país que ya forman parte de la historia patria, hasta la fecha no se vislumbra a corto, mediano o largo plazo soluciones reales, concretas y efectivas para la vergüenza llamada cárcel o para ser más benévolos con el término "centros de rehabilitación".
A nosotros, los privados de libertad, nos motiva enviarle esta misiva ...debido a las múltiples y variadas opiniones escuchadas, leídas y vistas en la prensa de opinión en torno a nuestra solicitud para poder votar en las elecciones populares de mayo de 2004, en donde se dice principalmente que organizaciones criminales influenciarían significativamente en la opinión política de los detenidos bajo su control, que se necesitarán fuerzas de seguridad adicionales a las ya existentes para garantizar el orden y validez del sufragio, que el detenido por sus propias condiciones es vulnerable a ser influenciado en sus tendencias políticas por los administradores y agentes de seguridad a cargo de su custodia. También se dice que falta poco menos de un año para el torneo electoral, razón por la cual es contraproducente modificar el Código Electoral, que el Padrón Electoral para cárceles será inefectivo debido a las constantes fluctuaciones de la población penal preventiva, que la mayoría de los detenidos no tienen cédula para votar, inclusive se llegó a decir que la Iglesia Católica es ingenua y que esté siendo engañada por los detenidos, entre otras observaciones más.
...Para nosotros es importante dejar establecido que no estamos limosneando derechos, sino exigiendo que se respeten y apliquen disposiciones consagradas en la Constitución Política de la República, como lo es el derecho al sufragio de toda persona que se presume inocente, que no ha sido juzgada, que no tenga impedimento legal para ejercer el sufragio independientemente que pese sobre ella o él una medida cautelar privativa de libertad ordenada por autoridad competente. Es bajo ese fundamento y no otro, que expresamos a continuación nuestra disconformidad con las opiniones mencionadas.
Sobre la opinión respecto al control o influencia de las bandas, capos o mafias en el parecer político de los detenidos bajo su control, es infundada porque los jefes y bandas están en sus respectivas celdas y galerías mientras se efectúa la votación en otro lugar designado. Lo que hace imposible que actúen o participen activamente a interpares con los representantes de los partidos políticos y autoridades electorales en el mismo lugar de la votación; mucho menos, remotamente, pueden participar en el conteo y escrutinio de votos de cada mesa para entonces poder sabiamente determinar y deducir con lista de votantes en mano quién desobedeció so pena de muerte las órdenes y consignas impartidas. Esto hace imposible la injerencia y control de cualquier población penal en las elecciones por medios coactivos.
Respecto a las aludidas fuerzas de seguridad adicionales necesarias para garantizar la seguridad y orden de las elecciones, debemos decir que, como hecho común, en las cárceles periódicamente se reciben visitas por parte de gran cantidad de funcionarios competentes del Órgano Judicial y el Ministerio Público (entre ellos magistrados) donde son entrevistados después de largas filas los detenidos "no condenados", lo mismo podría darse para emitir el voto con los representantes de los partidos, funcionarios del Tribunal Electoral y los detenidos "no condenados". Valga decir que hasta la fecha no se ha dado incidente alguno que obligue a interrumpir o cancelar las llamadas visitas de cárcel.
Sobre la vulnerabilidad de los detenidos en su opinión política por parte de carceleros, la situación encuentra similitud a lo explicado anteriormente relacionado al radio de acción de las bandas en los penales, mas debemos manifestar que podría ocurrir de igual forma que puede suceder en la calle por parte de proselitistas profesionales o algunos políticos en los centros de votación No obstante, al llegar a la mesa de votación, el detenido estará solo, siendo que el voto es libre, secreto, universal y directo bajo estrecha supervisión y vigilancia de los representantes de partidos políticos y del Tribunal Electoral como ocurre en cualquier otro centro de votación del país.
En cuanto a la premura consecuentemente contraproducente para hacer cambios a la ley electoral, respetuosamente decimos que es inaceptable la premeditada violación de la ley por limitantes o mediciones de tiempo, peor aún es ampararse en esa excusa para violentar el ordenamiento jurídico relativa a derechos humanos y principios doctrinales de la Constitución Política en perjuicio de un cuantioso número de votantes, lo mismo el Padrón Electoral debe ser elaborado oportunamente por las autoridades electorales para su real eficiencia y efectividad; lo similar que ocurre con el reemplazo de cédulas a la mayoría de ciudadanos para poder votar, debe perfeccionarse para los detenidos no condenados sin cédula.
Con respecto a que la Iglesia Católica es ingenua y está siendo engañada por los privados de libertad, sólo nos resta decir que es la única que nos ha estado ayudando y ha escuchado nuestras peticiones de forma verdadera y efectiva, porque tiene conocimiento imparcial de la precaria situación que viven los detenidos; también nos apoya porque en el derecho al sufragio, descansan los cimientos de un sistema democrático, mas coartar ese derecho en un estado democrático y de derecho como es el nuestro, genera situaciones adversas a la sociedad, al ordenamiento jurídico y al propio detenido. También nos ayuda porque hemos escogido los medios idóneos para hacer valer nuestros derechos sin alterar el orden carcelario con medidas de presión violentas o radicales, pero sobre todo nos ayuda, sin igual, por su "Caridad cristiana", imitando a nuestro Señor, Jesucristo." Esperamos que estas explicaciones sirvan para entender mejor el sufragio de detenidos.
(mabernal@sinfo.net)
En Panamá hay dos grupos con más de 500 años de presencia en el país: los afrodescendientes y los indígenas. Los otros grupos étnicos son producto de migraciones posteriores. Para Melvin Brown, en Panamá no se ha hecho el esfuerzo mediante ley de reconocer las tierras, pero para el comité de afrodescendientes la situación de las tierras va más allá, pues no es solamente que se les reconozcan los terrenos, sino las áreas ancestrales como parte de un desarrollo sostenible para radicar la pobreza.
Sin embargo, hay voluntad política, pero falta que esa voluntad se plasme en una legislación para iniciar un proceso de desarrollo y reconocimiento de las zonas ancestrales. En cuanto a materia de desarrollo, la plataforma señala que la integración de los afrodescendientes es inclusiva, democrática y participativa, ya que no tienen ningún problema en trabajar conjuntamente con otros grupos que no sean afrodescentientes.
La plataforma política de los afrodescendientes es el primer paso para que sean discutidos diversos aspectos para luego llegar a la creación de una legislación nacional que les retribuyan sus tierras perdidas para el desarrollo y a participar en los proyectos del gobierno nacional.

101 años de Panamá América

 
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