Derecho ambiental vs. Justicia ambiental

Decía hace poco un abogado funcionario de la ANAM, que en Panamá existían las mejores o las más adecuadas leyes ambientales, y por lo tanto, teóricamente, debíamos estar en una "situación" ambiental ideal. Y si no era así, se debía a que los ciudadanos no cumplían con estas normas legales.

Eso es como si un comisionado de Policía dijera que en Panamá hay leyes excelentes para prevenir y combatir el delito, pero que éstas no funcionan porque los ciudadanos no las cumplen. (Y menos los delincuentes).

Y es que el paradigma es, de facto, que las leyes no garantizan la justicia, el derecho per se, que es teoría, palabras o papel impreso, no es nada sin la justicia efectiva, o sea el cumplimiento en la práctica de la teoría de las leyes. Y para que esta justicia sea efectiva necesita absolutamente de las autoridades responsables por la misma ley, de hacer cumplirlas. Y éstas son, al final, las únicas responsables de que el sistema funcione.

La Ley General del Ambiente y las normas relacionadas son muy claras; sin embargo, los encargados de hacer cumplirla muchas veces no lo hacen con honestidad y honradez. Vemos, por ejemplo, que la Ley se aplica en forma notablemente diferente según sea el "delincuente ambiental". Las empresas millonarias son tratadas con "Guantes de seda" y privilegios insólitos, que algunas veces violan las propias normas ambientales.

En la "Seguridad Jurídica" la fortaleza crece dependiendo de los millones del capital de la empresa, o de los socios locales influyentes que tenga. Las sanciones o multas son generalmente irrisorias, y la mayoría de las veces nunca se pagan, sometiendo a las autoridades a interminables pleitos en los tribunales, o a inventar tecnicismos para que estas remedien sus infracciones ambientales, por lo menos en apariencias.

En Panamá, aunque existen leyes muy claras al respecto, a la fecha, la ANAM no ha impuesto una sola multa de 10 millones de balboas, o ha clausurado definitivamente una empresa millonaria, por más delitos ambientales o ecológicos que se prueben. Al final las situaciones se debaten a nivel publicitario en los medios de comunicación, como si dar declaraciones o salir en fotografias se considerara un cumplimiento de obligaciones legales o profesionales.

Así se construyo una de más grandes porquerizas del país en plena Cuenca del Canal, se desarrollan proyectos mineros altamente contaminantes, se rellenan fondos marinos impunemente, se destruyen manglares en todo el país, se cambian las leyes para favorecer a los atuneros, se plantan antenas de retransmisión celular cerca escuelas y poblados, todos con permisos ambientales y de salud aprobados. Entonces, vemos que aunque tengamos un excelente Derecho Ambiental, tenemos, como todos saben, una muy deficiente justicia ambiental. Estas deficiencias, ya sea por omisión o corrupción, son las que nos tienen en esta lamentable situación.

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