Derechos cívicos y políticos de la mujer
Hoy y mañana (8 de septiembre) se celebra internacionalmente el día por los derechos cívicos de las mujeres y el día por los derechos políticos de las mujeres, respectivamente. Estas dos fechas son importantes para celebrar el avance del género femenino en la conquista y en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y políticos, pero es también ocasión propicia para reflexionar sobre lo que hace falta para que las féminas tengan acceso a una ciudadanía plena y a participar en el espacio político en condiciones de equidad con el hombre.
En Panamá, las mujeres adquirimos parcialmente el derecho al voto en 1945 y plenamente con la entrada en vigencia de la Constitución de 1946, y aunque su participación en la esfera política ha ido en aumento respecto al ejercicio del sufragio, su incidencia y su participación en la postulación y en el acceso a cargos de elección popular sigue muy baja, como lo demuestran las estadísticas de las dos últimas contiendas electorales. Y es que no basta para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos por parte de las mujeres, de la existencia a nivel internacional de una Declaración de Derechos Humanos, de un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su respectivo protocolo facultativo, de una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o de que en el plano nacional estos documentos hayan sido aprobados, ratificados por Panamá y que se haya expedido una ley de cuotas electorales o una Ley de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, pues tales instrumentos aunque son esenciales para el disfrute de nuestros derechos, por sí solos no son suficientes, ni garantizan una mayor representatividad femenina en espacios de decisión.
Para lograr la verdadera equidad entre los géneros, es necesario que esas leyes vayan acompañadas de mecanismos y de políticas públicas que garanticen su plena efectividad, lo que significa crear las estructuras y dotarlas de recursos económicos, humanos y tecnológicos que permitan capacitar sistemáticamente a las mujeres para el liderazgo político desde la perspectiva de género. Como dice la escritora española Pilar Rahola: "Hemos modificado las leyes, pero no hemos modificado en nada la estructura social que las ha hecho necesarias", por eso, hasta que ese cambio social no ocurra, seguiremos necesitando de las leyes para lograrlo.
Dentro de todo lo que he mencionado, tenemos el reto de una menguada participación en la economía mundial y la decreciente productividad de nuestro país tiene su correlato en la depreciación de nuestros recursos humanos.
Y la cobertura y calidad de nuestros sistemas educativos es deficiente, considerando las repeticiones, la deserción y la obsolescencia e irrelevancia curricular. Para que la educación se transforme en el eje de la transformación productiva y se dinamice, es necesario superar el relativo aislamiento del sistema de educación, de capacitación y de adquisición de conocimientos científico-tecnológicos, y abrirla a los requerimientos sociales.
La apertura debe asegurar el acceso universal al conjunto de conocimientos y destrezas necesarios para participar en la vida pública y desenvolverse productivamente en la sociedad moderna: dar acceso a los denominados códigos de la modernidad.
Es necesario impulsar la creatividad y promover el acceso, la difusión y la innovación en materia científico-tecnológica. Para ello, deben cumplirse condiciones, tales como una gestión institucional responsable, una profesionalización y protagonismo de los educadores, un compromiso financiero de la sociedad con la educación, la capacitación y el esfuerzo científico-tecnológico. ¡Hay tanto por hacer en nuestro país!
En Panamá, las mujeres adquirimos parcialmente el derecho al voto en 1945 y plenamente con la entrada en vigencia de la Constitución de 1946, y aunque su participación en la esfera política ha ido en aumento respecto al ejercicio del sufragio, su incidencia y su participación en la postulación y en el acceso a cargos de elección popular sigue muy baja, como lo demuestran las estadísticas de las dos últimas contiendas electorales. Y es que no basta para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos por parte de las mujeres, de la existencia a nivel internacional de una Declaración de Derechos Humanos, de un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su respectivo protocolo facultativo, de una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o de que en el plano nacional estos documentos hayan sido aprobados, ratificados por Panamá y que se haya expedido una ley de cuotas electorales o una Ley de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, pues tales instrumentos aunque son esenciales para el disfrute de nuestros derechos, por sí solos no son suficientes, ni garantizan una mayor representatividad femenina en espacios de decisión.
Para lograr la verdadera equidad entre los géneros, es necesario que esas leyes vayan acompañadas de mecanismos y de políticas públicas que garanticen su plena efectividad, lo que significa crear las estructuras y dotarlas de recursos económicos, humanos y tecnológicos que permitan capacitar sistemáticamente a las mujeres para el liderazgo político desde la perspectiva de género. Como dice la escritora española Pilar Rahola: "Hemos modificado las leyes, pero no hemos modificado en nada la estructura social que las ha hecho necesarias", por eso, hasta que ese cambio social no ocurra, seguiremos necesitando de las leyes para lograrlo.
Dentro de todo lo que he mencionado, tenemos el reto de una menguada participación en la economía mundial y la decreciente productividad de nuestro país tiene su correlato en la depreciación de nuestros recursos humanos.
Y la cobertura y calidad de nuestros sistemas educativos es deficiente, considerando las repeticiones, la deserción y la obsolescencia e irrelevancia curricular. Para que la educación se transforme en el eje de la transformación productiva y se dinamice, es necesario superar el relativo aislamiento del sistema de educación, de capacitación y de adquisición de conocimientos científico-tecnológicos, y abrirla a los requerimientos sociales.
La apertura debe asegurar el acceso universal al conjunto de conocimientos y destrezas necesarios para participar en la vida pública y desenvolverse productivamente en la sociedad moderna: dar acceso a los denominados códigos de la modernidad.
Es necesario impulsar la creatividad y promover el acceso, la difusión y la innovación en materia científico-tecnológica. Para ello, deben cumplirse condiciones, tales como una gestión institucional responsable, una profesionalización y protagonismo de los educadores, un compromiso financiero de la sociedad con la educación, la capacitación y el esfuerzo científico-tecnológico. ¡Hay tanto por hacer en nuestro país!
