Derechos humanos vs PTJ
Son las 6:00 p.m. de un sábado cualquiera, cuando agentes de la P.T.J. privan de su libertad ambulatoria al panameño Pedro Pablo Pérez (nombre ficticio) en el Centro Comercial Los Pueblos. No le dicen por qué es detenido ni le entregan orden escrita de autoridad competente. Es llevado a la P.T. J. de San Miguelito de donde luego es trasladado a la sede de la institución en Ancón. Al llegar le indican, que en una denuncia de noviembre de 1998 se mencionó por parte de la afectada que uno de los sujetos que la despojó de su auto, llamó a otro por su apodo similar al de él. No le permiten a Pedro Pablo Pérez llamar a su abogado por teléfono ni muchos menos a su familia. El tiempo transcurre, algunos curiosos alertaron a su esposa, quien se contactó con el abogado. Inmediatamente, el penalista llama a la P. T. J. y se comunica con el Inspector Aranda, quien cortés, pero secamente le dice que su cliente pasará la noche en las húmedas, frías y hacinadas cárceles de la P.T.J. para su investigación.
Al día siguiente, el abogado se presenta a la institución a las 9 a.m. en compañía de la esposa del infortunado quien le lleva sus artículos de aseo personal y desayuno. Ambos no pueden siquiera ingresar a la Sala de Guardia, son atendidos por una pequeña ventana de hierro, donde luego de insistir son atendidos por una pequeña ventana de hierro, por el Inspector Escala. Este les dice que al panameño Pérez no se le puede pasar comida (a pesar de tener 15 horas sin comer) y que los fines de semana no se acepta asistencia de abogado para los que caen detenidos, los días viernes, sábado o domingo. La razón de su proceder está cimentada en órdenes superiores.
El recuento narrativo aquí expuesto es real, acaba de suceder y sucede todos los fines de semana. ¿Cómo es posible que la P.T.J. de manera absurda, ilegal e inconstitucional prive a los panameños y extranjeros del derecho universal de ser asistido por un abogado, so pretexto de que es fin de semana?¿ Acaso los fines de semana no hay derechos humanos? ¿Para qué se detiene en fines de semana si no hay tramitantes en la Fiscalía Auxiliar? La respuesta a todas estas interrogantes deben ser respondidas por el Director de la P.T.J., quien de paso es abogado y fue litigante.
No atinamos a entender, ¿cómo en plena era democrática se sigan violando los derechos humanos consignados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y cuanto tratado, ley y convención Panamá firmó.
De qué sirve recibir donaciones de países y organizaciones internacionales si no se respetan los derechos inalienables a toda persona humana. Para todos es fácil recordar cómo en el antiguo DENI se irrespetaba la condición humana. Sin embargo, aún se siguen dando estos hechos atroces que en nada dignifican el nombre de una Policía que no actúa técnicamente ni con apego al respeto a la justicia. Los tiempos, los hombres y las circunstancias cambian rápidamente y ojalá en un futuro cercano no le toque a los rectores de esa institución tener que ser huéspedes de ese sistema represivo y arbitrario que ellos han continuado fomentado y patrocinando en desmedro de la dignidad de toda persona humana.
Los ciudadanos no sienten confianza en el trabajo que profesionalmente debería hacer la P.T.J.; se siente un elevado nivel de desconfianza que nace, precisamente, por el accionar poco edificante de sus miembros. Se mira a todos los investigados como presuntamente culpables y se les intimida y se coacciona con gestos, palabras y movimientos agresivos.
La constante pugna con los funcionarios de la Fiscalía Auxiliar, a quienes poco caso les hacen, es otro de los puntos de discordia. Digno es mencionar que muchas veces la P.T.J. convierte a los agentes delegados en simples firmadores y notarios de sus actos irregulares y hasta ilícitos.
El Departamento de Estado Norteamericano, en su último informe anual, revela una preocupación de primer orden, por la corrupción existente en la P.T.J., la justicia penal y los Derechos Humanos en materia penal. Este "elogio" no es inmerecido, es el premio por los constantes escándalos en esa institución del Ministerio Público, por la indiferencia por el ser humano, por las miserias de la investigación penal y por el desprecio patológico hacia las leyes respetuosas del garantismo judicial.
Al día siguiente, el abogado se presenta a la institución a las 9 a.m. en compañía de la esposa del infortunado quien le lleva sus artículos de aseo personal y desayuno. Ambos no pueden siquiera ingresar a la Sala de Guardia, son atendidos por una pequeña ventana de hierro, donde luego de insistir son atendidos por una pequeña ventana de hierro, por el Inspector Escala. Este les dice que al panameño Pérez no se le puede pasar comida (a pesar de tener 15 horas sin comer) y que los fines de semana no se acepta asistencia de abogado para los que caen detenidos, los días viernes, sábado o domingo. La razón de su proceder está cimentada en órdenes superiores.
El recuento narrativo aquí expuesto es real, acaba de suceder y sucede todos los fines de semana. ¿Cómo es posible que la P.T.J. de manera absurda, ilegal e inconstitucional prive a los panameños y extranjeros del derecho universal de ser asistido por un abogado, so pretexto de que es fin de semana?¿ Acaso los fines de semana no hay derechos humanos? ¿Para qué se detiene en fines de semana si no hay tramitantes en la Fiscalía Auxiliar? La respuesta a todas estas interrogantes deben ser respondidas por el Director de la P.T.J., quien de paso es abogado y fue litigante.
No atinamos a entender, ¿cómo en plena era democrática se sigan violando los derechos humanos consignados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y cuanto tratado, ley y convención Panamá firmó.
De qué sirve recibir donaciones de países y organizaciones internacionales si no se respetan los derechos inalienables a toda persona humana. Para todos es fácil recordar cómo en el antiguo DENI se irrespetaba la condición humana. Sin embargo, aún se siguen dando estos hechos atroces que en nada dignifican el nombre de una Policía que no actúa técnicamente ni con apego al respeto a la justicia. Los tiempos, los hombres y las circunstancias cambian rápidamente y ojalá en un futuro cercano no le toque a los rectores de esa institución tener que ser huéspedes de ese sistema represivo y arbitrario que ellos han continuado fomentado y patrocinando en desmedro de la dignidad de toda persona humana.
Los ciudadanos no sienten confianza en el trabajo que profesionalmente debería hacer la P.T.J.; se siente un elevado nivel de desconfianza que nace, precisamente, por el accionar poco edificante de sus miembros. Se mira a todos los investigados como presuntamente culpables y se les intimida y se coacciona con gestos, palabras y movimientos agresivos.
La constante pugna con los funcionarios de la Fiscalía Auxiliar, a quienes poco caso les hacen, es otro de los puntos de discordia. Digno es mencionar que muchas veces la P.T.J. convierte a los agentes delegados en simples firmadores y notarios de sus actos irregulares y hasta ilícitos.
El Departamento de Estado Norteamericano, en su último informe anual, revela una preocupación de primer orden, por la corrupción existente en la P.T.J., la justicia penal y los Derechos Humanos en materia penal. Este "elogio" no es inmerecido, es el premio por los constantes escándalos en esa institución del Ministerio Público, por la indiferencia por el ser humano, por las miserias de la investigación penal y por el desprecio patológico hacia las leyes respetuosas del garantismo judicial.
