Desalojo inevitable en Las 600 de San Miguelito
En el sector conocido como La Loma en Las 600 de San Miguelito, 120 familias temen de que los desalojen de la misma forma como lo hicieron con los de Mocambo Abajo por lo que solicitaron a la mandataria Mireya Moscoso que intervenga en el litigio de tierra que mantienen con el Banco Hipotecario Nacional (BHN).
Las familias ocupan de forma ilegal desde 1996, la finca 31615, supuestamente propiedad del BHN.
Los terrenos están detrás de la Policlínica de la Caja de Seguro Social de San Miguelito. Para subir hasta las casas hay que tener mucha resistencia física.
Mariela Argumedes, presidenta del comité de vecinos de Las 600, pidió a la jefa del Ejecutivo, de que los ayude para que detenga el desalojo ya que ellos tienen siete años de ocupar los terrenos.
La dirigente indicó que la mayoría de los residentes, con su esfuerzo propio, han construido sus casas de bloque y sería una lástima de que les derriben el esfuerzo de toda una vida.
"Hemos invertido el último centavo para levantar estas cuatro paredes y también hemos pedido hasta préstamos", señaló Argumedes.
Explicó que la corregidora del corregimiento José Domingo Espinar, Obelitza Goudbourne, dictó en noviembre pasado una orden de desalojo en Las 600 y además pidió el apoyo de los miembros de la Policía Nacional.
Ante tal situación, el comité de vecinos, buscó el auxilio, del abogado Eduardo Fergurson, quien mediante un recurso de nulidad logró detener la acción de desalojo.
Pero de acuerdo con otra vecina del lugar, Saida Sánchez, no es la primera vez que la corregidora intenta desalojarlos ya que el año pasado derrumbó algunas viviendas y se hizo acompañar de antimotines.
González señaló que lo único que ellos quieren es que les lotifiquen los terrenos y se los vendan porque tampoco es que quieren vivir gratis.
Por su parte, la vecina, Nieves González aseguró que en una reunión sostenida el mes pasado con el Gerente del BHN, Waldo Arrocha, este les comentó de que los terrenos ya habían sido cedidos a una empresa particular que llevaría a cabo un proyecto de vivienda.
La precarista se preguntó: por qué realizar un proyecto de vivienda en el lugar dónde ya existen casas.
Denunció que el BHN quiere aplicar la reciente legislación aprobada que cede a la empresa privada terrenos para construir casas.
No obstante, la señora González destacó que la ley dice que los terrenos tienen que ser lotes baldíos sin uso y éste ellos los ocupan desde hace siete años.
La presidenta del comité, Mariela Argumedes, negó la versión de la corregidora de que en la comunidad viven 50 familias.
Señaló que en Las 600 habitan 120 familias y no la cantidad que dice la corregidora con la finalidad de minimizar el problema.
También rechazó la versiones de que los terrenos son insalubres ya que cuentan con agua potable y electricidad.
"Nosotros nos estamos amparando en la Constitución Nacional que establece que el Estado debe proporcionarnos vivienda", señaló la dirigente.
Indicó que rechazan la privatización del BHN porque esa medida agilizaría el desalojo de las tierras que ocuparon.
Manifestó que no tienen apoyo de ninguna autoridad ya que han pedido la ayuda de los legisladores, la Representante de Corregimiento, Elsa Cajar y del Alcalde, Rubén Darío Campos, sin que hayan tenido respuestas de ellos.
Por su parte, la Representante, Elsa Cajar, señaló que apoya la necesidades de viviendas que tienen los moradores de Las 600, pero que en reunión sostenida recientemente con el gerente del BHN, Waldo Arrocha, fue informada de que es inevitable el desalojo porque esos terrenos ya no pertenecen a esa institución.
De acuerdo con la concejal, el gerente del BHN le informó que la institución entregó esos terrenos en fideicomiso a una empresa particular, cuyos propietarios reclaman la finca para desarrollar un proyecto.
"Según lo que me informó el señor Arrocha el desalojo de las familias en Las 600 será inevitable", aseguró Cajar.
Explicó que le pidió a Arrocha que le comunique por escrito la situación de los terrenos para que ella les informe oficialmente a los moradores.
Cajar dijo que una vez tenga la carta de Arrocha se reunirá con los moradores para darles la noticia de que tienen que salir del sector.
La concejal aseguró que interrogó a Arrocha sobre la posibilidad de otra alternativa para los residentes de Las 600 y la respuesta fue negativa.
Indicó que en otra reunión sostenida con los asesores del MIVI y del BHN en el Consejo Municipal de San Miguelito se informó de que los terrenos son insalubres porque no existe alcantarillados ni agua potable.
La concejal manifestó que no se explica cómo esas personas construyeron casas de bloques en unos terrenos que no eran de ellos.
Las familias ocupan de forma ilegal desde 1996, la finca 31615, supuestamente propiedad del BHN.
Los terrenos están detrás de la Policlínica de la Caja de Seguro Social de San Miguelito. Para subir hasta las casas hay que tener mucha resistencia física.
Mariela Argumedes, presidenta del comité de vecinos de Las 600, pidió a la jefa del Ejecutivo, de que los ayude para que detenga el desalojo ya que ellos tienen siete años de ocupar los terrenos.
La dirigente indicó que la mayoría de los residentes, con su esfuerzo propio, han construido sus casas de bloque y sería una lástima de que les derriben el esfuerzo de toda una vida.
"Hemos invertido el último centavo para levantar estas cuatro paredes y también hemos pedido hasta préstamos", señaló Argumedes.
Explicó que la corregidora del corregimiento José Domingo Espinar, Obelitza Goudbourne, dictó en noviembre pasado una orden de desalojo en Las 600 y además pidió el apoyo de los miembros de la Policía Nacional.
Ante tal situación, el comité de vecinos, buscó el auxilio, del abogado Eduardo Fergurson, quien mediante un recurso de nulidad logró detener la acción de desalojo.
Pero de acuerdo con otra vecina del lugar, Saida Sánchez, no es la primera vez que la corregidora intenta desalojarlos ya que el año pasado derrumbó algunas viviendas y se hizo acompañar de antimotines.
González señaló que lo único que ellos quieren es que les lotifiquen los terrenos y se los vendan porque tampoco es que quieren vivir gratis.
Por su parte, la vecina, Nieves González aseguró que en una reunión sostenida el mes pasado con el Gerente del BHN, Waldo Arrocha, este les comentó de que los terrenos ya habían sido cedidos a una empresa particular que llevaría a cabo un proyecto de vivienda.
La precarista se preguntó: por qué realizar un proyecto de vivienda en el lugar dónde ya existen casas.
Denunció que el BHN quiere aplicar la reciente legislación aprobada que cede a la empresa privada terrenos para construir casas.
No obstante, la señora González destacó que la ley dice que los terrenos tienen que ser lotes baldíos sin uso y éste ellos los ocupan desde hace siete años.
La presidenta del comité, Mariela Argumedes, negó la versión de la corregidora de que en la comunidad viven 50 familias.
Señaló que en Las 600 habitan 120 familias y no la cantidad que dice la corregidora con la finalidad de minimizar el problema.
También rechazó la versiones de que los terrenos son insalubres ya que cuentan con agua potable y electricidad.
"Nosotros nos estamos amparando en la Constitución Nacional que establece que el Estado debe proporcionarnos vivienda", señaló la dirigente.
Indicó que rechazan la privatización del BHN porque esa medida agilizaría el desalojo de las tierras que ocuparon.
Manifestó que no tienen apoyo de ninguna autoridad ya que han pedido la ayuda de los legisladores, la Representante de Corregimiento, Elsa Cajar y del Alcalde, Rubén Darío Campos, sin que hayan tenido respuestas de ellos.
Por su parte, la Representante, Elsa Cajar, señaló que apoya la necesidades de viviendas que tienen los moradores de Las 600, pero que en reunión sostenida recientemente con el gerente del BHN, Waldo Arrocha, fue informada de que es inevitable el desalojo porque esos terrenos ya no pertenecen a esa institución.
De acuerdo con la concejal, el gerente del BHN le informó que la institución entregó esos terrenos en fideicomiso a una empresa particular, cuyos propietarios reclaman la finca para desarrollar un proyecto.
"Según lo que me informó el señor Arrocha el desalojo de las familias en Las 600 será inevitable", aseguró Cajar.
Explicó que le pidió a Arrocha que le comunique por escrito la situación de los terrenos para que ella les informe oficialmente a los moradores.
Cajar dijo que una vez tenga la carta de Arrocha se reunirá con los moradores para darles la noticia de que tienen que salir del sector.
La concejal aseguró que interrogó a Arrocha sobre la posibilidad de otra alternativa para los residentes de Las 600 y la respuesta fue negativa.
Indicó que en otra reunión sostenida con los asesores del MIVI y del BHN en el Consejo Municipal de San Miguelito se informó de que los terrenos son insalubres porque no existe alcantarillados ni agua potable.
La concejal manifestó que no se explica cómo esas personas construyeron casas de bloques en unos terrenos que no eran de ellos.
