Desarrollo económico con justicia social
Dentro de los conceptos básicos que presenta el plan de desarrollo nacional de la Alianza Unión por Panamá, está el de redefinir la política estatal en todas sus estructuras.
Este programa conlleva un compromiso serio y responsable con la sociedad panameña, en lo que respecta a la defensa de las instituciones democráticas, a resolverle las justas aspiraciones de las poblaciones marginadas; a exigir transparencia en todos los actos públicos, para garantizar el normal desenvolvimiento de la vida nacional; en fin un plan que tienda al desarrollo integral de todos los sectores productivos, en el marco de la justicia social, la probidad administrativa y moralidad pública entre tantos.
El nuevo gobierno que asuma el poder el 1¼. de septiembre, que no tengo la menor duda será el de la Alianza Unión por Panamá, tendrá que redefinir y reformar la política estatal para evitar los traumas que ha dejado el actual, liderizado por una cúpula corrupta, en su afán de implantar un sistema económico lejos de la realidad nacional, importado de otros países del área, de condiciones sociales, políticas y económicas diferentes.
No puede haber crecimiento económico, ni justicia social, cuando las instituciones públicas son ineficientes, donde no hay transparencia en los actos públicos, donde la mora e incredulidad en el orden jurídico y sobre todo donde los gobiernos son corruptos.
Es necesario que un nuevo orden político redefina el concepto de fortalecimiento de la sociedad civil, los mecanismos y procesos que permitan atacar la corrupción en todo su contexto; es necesario que en nuestro sistema administrativo se defina claramente el concepto de transparencia que conlleve a los procesos de licitaciones, concesiones y privatizaciones sanas.
Una nueva administración pública tendrá que revisar, supervisar y reducir los gastos improductivos; (partidas secretas, partidas circuitales las que se han convertido en un botín para los actuales legisladores, los viajes de funcionarios al extranjero, a veces con comitivas voluminosas que no le dejan ningún beneficio al Estado). Es necesario fortalecer el Organo Legislativo, que el mismo no se convierta en un centro inoperante de holgazanes; sino en un órgano de participación, de verdadera representación ciudadana; que ejerza eficientemente su rol de legislador, control y fiscalización.
El nuevo gobierno tendrá el gran compromiso de implementar una política social lo más urgente posible. Es la deuda que nos dejará el actual régimen perredista, de lo contrario se originará la violencia y el caos en la población. Esta política social debe centrarse en la persona humana y su dignidad, como objeto y sujeto de participación ciudadana, buscando siempre la superación de los estados de pobreza, la marginación, en vez de renegar a los que siempre han vivido en la miseria y humillación, ante la indiferencia de los gobernantes.
La solidaridad social es una obligación moral y ética, por eso el Estado debe procurar que el desarrollo económico y la política social reflejen el compromiso y la preocupación de la sociedad por los más necesitados.
El plan de modernización de la economía por el actual gobierno ha fracasado, porque no se han establecido reformas económicas de acuerdo a la realidad que le son propias al país; esto ha dado motivo a que se beneficien grupos económicos poderosos, creándose una nueva casta de ricos, y dejando a las grandes mayorías sin esperanzas y en el más absoluto abandono. Es decir: la pirámide del desarrollo económico, aunque parezca contradictorio, se ha hecho de arriba hacia abajo.
Los otros aspectos que han llevado al fracaso la política gubernamental, se deben a que no se ha consolidado un modelo de desarrollo sostenido y equitativo; a que el funcionamiento de la economía ha tropezado con estructuras tradicionales y obsoletas; en que cada día es más ineficiente e inoperante la administración pública. Esta situación ha generado problemas en la privatización del IDAAN, en el Hospital Santo Tomás, en el Seguro Social, en el sistema educacional, etc.
Redefinir el Estado panameño conlleva un proceso de reformas políticas orientadas a consolidar el derecho democrático y que por lo tanto éste debe ser integral y abarcar todo el ambiente institucional y normativo que rodea la actividad económica social y política.
De esa manera las reformas al Estado deben concebirse en función de extenderse al poder judicial, legislativo a las demás instituciones públicas del sistema democrático incluyendo el sistema electoral y de partidos políticos.
El cambio a que aspira la Alianza Unión por Panamá, debe ser profundo, debe ser un proceso complementario y recíproco de fortalecimiento de la sociedad civil, ya que no hay Estado eficiente, con una sociedad civil débil. Las reformas a las políticas de desarrollo económico debe empezar de abajo hacia arriba sólo así salvaremos a este país del subdesarrollo, la pobreza y la miseria extrema.
Este programa conlleva un compromiso serio y responsable con la sociedad panameña, en lo que respecta a la defensa de las instituciones democráticas, a resolverle las justas aspiraciones de las poblaciones marginadas; a exigir transparencia en todos los actos públicos, para garantizar el normal desenvolvimiento de la vida nacional; en fin un plan que tienda al desarrollo integral de todos los sectores productivos, en el marco de la justicia social, la probidad administrativa y moralidad pública entre tantos.
El nuevo gobierno que asuma el poder el 1¼. de septiembre, que no tengo la menor duda será el de la Alianza Unión por Panamá, tendrá que redefinir y reformar la política estatal para evitar los traumas que ha dejado el actual, liderizado por una cúpula corrupta, en su afán de implantar un sistema económico lejos de la realidad nacional, importado de otros países del área, de condiciones sociales, políticas y económicas diferentes.
No puede haber crecimiento económico, ni justicia social, cuando las instituciones públicas son ineficientes, donde no hay transparencia en los actos públicos, donde la mora e incredulidad en el orden jurídico y sobre todo donde los gobiernos son corruptos.
Es necesario que un nuevo orden político redefina el concepto de fortalecimiento de la sociedad civil, los mecanismos y procesos que permitan atacar la corrupción en todo su contexto; es necesario que en nuestro sistema administrativo se defina claramente el concepto de transparencia que conlleve a los procesos de licitaciones, concesiones y privatizaciones sanas.
Una nueva administración pública tendrá que revisar, supervisar y reducir los gastos improductivos; (partidas secretas, partidas circuitales las que se han convertido en un botín para los actuales legisladores, los viajes de funcionarios al extranjero, a veces con comitivas voluminosas que no le dejan ningún beneficio al Estado). Es necesario fortalecer el Organo Legislativo, que el mismo no se convierta en un centro inoperante de holgazanes; sino en un órgano de participación, de verdadera representación ciudadana; que ejerza eficientemente su rol de legislador, control y fiscalización.
El nuevo gobierno tendrá el gran compromiso de implementar una política social lo más urgente posible. Es la deuda que nos dejará el actual régimen perredista, de lo contrario se originará la violencia y el caos en la población. Esta política social debe centrarse en la persona humana y su dignidad, como objeto y sujeto de participación ciudadana, buscando siempre la superación de los estados de pobreza, la marginación, en vez de renegar a los que siempre han vivido en la miseria y humillación, ante la indiferencia de los gobernantes.
La solidaridad social es una obligación moral y ética, por eso el Estado debe procurar que el desarrollo económico y la política social reflejen el compromiso y la preocupación de la sociedad por los más necesitados.
El plan de modernización de la economía por el actual gobierno ha fracasado, porque no se han establecido reformas económicas de acuerdo a la realidad que le son propias al país; esto ha dado motivo a que se beneficien grupos económicos poderosos, creándose una nueva casta de ricos, y dejando a las grandes mayorías sin esperanzas y en el más absoluto abandono. Es decir: la pirámide del desarrollo económico, aunque parezca contradictorio, se ha hecho de arriba hacia abajo.
Los otros aspectos que han llevado al fracaso la política gubernamental, se deben a que no se ha consolidado un modelo de desarrollo sostenido y equitativo; a que el funcionamiento de la economía ha tropezado con estructuras tradicionales y obsoletas; en que cada día es más ineficiente e inoperante la administración pública. Esta situación ha generado problemas en la privatización del IDAAN, en el Hospital Santo Tomás, en el Seguro Social, en el sistema educacional, etc.
Redefinir el Estado panameño conlleva un proceso de reformas políticas orientadas a consolidar el derecho democrático y que por lo tanto éste debe ser integral y abarcar todo el ambiente institucional y normativo que rodea la actividad económica social y política.
De esa manera las reformas al Estado deben concebirse en función de extenderse al poder judicial, legislativo a las demás instituciones públicas del sistema democrático incluyendo el sistema electoral y de partidos políticos.
El cambio a que aspira la Alianza Unión por Panamá, debe ser profundo, debe ser un proceso complementario y recíproco de fortalecimiento de la sociedad civil, ya que no hay Estado eficiente, con una sociedad civil débil. Las reformas a las políticas de desarrollo económico debe empezar de abajo hacia arriba sólo así salvaremos a este país del subdesarrollo, la pobreza y la miseria extrema.
