Desarrollo incluyente
Casi la totalidad de los indígenas en Panamá están inmersos en el mundo de la pobreza, como producto de la marginación económica, política y social. Enfrentar esta situación es un tema prioritario en la perspectiva del combatir la pobreza, pero éste debe realizarse tomando en cuenta las propuestas de los propios afectados, los pueblos indígenas de Panamá.
El 12 de octubre de 1995 los representantes de los Congresos indígenas Ngobe-buglé, Kuna, Emberá-wounaan-drua y Madugandí presentaron públicamente al gobierno nacional el Plan de desarrollo de los pueblos indígenas que tiene su antecedente en un plan elaborado por una comisión de alto nivel en 1993.
Los pueblos indígenas solicitan el derecho al uso, administración y usufructo de los recursos naturales terrestres (suelo y subsuelo) y acuáticos (fluviales, marítimos, lagos y lagunas) enmarcados en su territorio. El estudio, exploración y explotación de recursos naturales (minería, flora, fauna, genéticos o de paisaje) que se quieran realizar en los territorios, deben contar no sólo con la aprobación sino también con participación de los congresos indígenas.
Exponen la necesidad del desarrollo productivo, pero armonizado con la identidad y la experiencia histórica indígena. Entre las acciones que recomiendan está la prioridad de programas de seguridad alimentaria, pues el gobierno en conjunto con ellos debe permitir el acceso de los productores indígenas a la comercialización y tecnología apropiada. Los proyectos de cooperación internacional y nacional deben coordinarse con las autoridades indígenas y generar la participación real y efectiva de los pueblos indígenas desde la concepción teórica hasta la ejecución en el terreno de los diversos proyectos de desarrollo económico, político y social. Entienden por participación como "un proceso de transferencia de recursos, capacitación de los usuarios/beneficiarios indígenas para su uso adecuado, de modo que éstos puedan devenir autónomos en el uso de tales recursos a beneficio de sus comunidades".
El Estado debe garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a los programas de salud, situando equipos adecuados y transporte necesario para mover pacientes a otros centros u hospitales. Igualmente claman por capacitación de personal de salud y salubridad comunitaria.
Ahora bien todos estos componentes deben articularse con la salud tradicional, promoviendo armónicamente la medicina autóctona. La educación debe incrementarse a través de diversos programas, pero en forma bilingüe, incluyendo textos escolares que comprendan la visión histórica e identidad indígena.
Las comarcas se convierten en un espacio de articulación de los pueblos indígenas con relación a los intereses económicos y políticos que los rodean. Deben ser, por lo tanto, el foco de una propuesta destinada a mejorar la calidad de vida de la población, pero conciliándola con la permanencia de su identidad, autonomía y cultura. Además, deben incluirse en esos planes a los indígenas que por determinadas razones viven fuera de las comarcas.
"La cultura étnica contiene en sí misma un potencial de desarrollo capaz de generar transformaciones endógenas y gestionadas autónomamente. Ese potencial está implícito en la experiencia histórica de los pueblos indios desde el momento mismo del contacto, y se fue desarrollando a lo largo de las distintas fases por las que ha pasado la formación, consolidación y desarrollo del estado nacional" (Valencia,1996).
En la actualidad los asuntos indígenas se dirimen desde una oficina del Ministerio de Gobierno y Justicia, que no tiene ni los recursos ni la capacidad para responder a las necesidades, demandas y aspiraciones de los aborígenes, por lo que urge propiciar espacios de articulación diferentes mucho más ligados a las propuestas que ellos levantan y con las cuales todos podemos y debemos contribuir.
Se trata pues de un modelo de desarrollo incluyente, es decir con y para los pueblos indígenas, en lugar de ignorarlos como si no tuvieran la capacidad de contribuir con su propio desarrollo, y de usarlos como símbolo turístico y folclórico mientras se les trata muchas veces como parias en su propia tierra.
El 12 de octubre de 1995 los representantes de los Congresos indígenas Ngobe-buglé, Kuna, Emberá-wounaan-drua y Madugandí presentaron públicamente al gobierno nacional el Plan de desarrollo de los pueblos indígenas que tiene su antecedente en un plan elaborado por una comisión de alto nivel en 1993.
Los pueblos indígenas solicitan el derecho al uso, administración y usufructo de los recursos naturales terrestres (suelo y subsuelo) y acuáticos (fluviales, marítimos, lagos y lagunas) enmarcados en su territorio. El estudio, exploración y explotación de recursos naturales (minería, flora, fauna, genéticos o de paisaje) que se quieran realizar en los territorios, deben contar no sólo con la aprobación sino también con participación de los congresos indígenas.
Exponen la necesidad del desarrollo productivo, pero armonizado con la identidad y la experiencia histórica indígena. Entre las acciones que recomiendan está la prioridad de programas de seguridad alimentaria, pues el gobierno en conjunto con ellos debe permitir el acceso de los productores indígenas a la comercialización y tecnología apropiada. Los proyectos de cooperación internacional y nacional deben coordinarse con las autoridades indígenas y generar la participación real y efectiva de los pueblos indígenas desde la concepción teórica hasta la ejecución en el terreno de los diversos proyectos de desarrollo económico, político y social. Entienden por participación como "un proceso de transferencia de recursos, capacitación de los usuarios/beneficiarios indígenas para su uso adecuado, de modo que éstos puedan devenir autónomos en el uso de tales recursos a beneficio de sus comunidades".
El Estado debe garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a los programas de salud, situando equipos adecuados y transporte necesario para mover pacientes a otros centros u hospitales. Igualmente claman por capacitación de personal de salud y salubridad comunitaria.
Ahora bien todos estos componentes deben articularse con la salud tradicional, promoviendo armónicamente la medicina autóctona. La educación debe incrementarse a través de diversos programas, pero en forma bilingüe, incluyendo textos escolares que comprendan la visión histórica e identidad indígena.
Las comarcas se convierten en un espacio de articulación de los pueblos indígenas con relación a los intereses económicos y políticos que los rodean. Deben ser, por lo tanto, el foco de una propuesta destinada a mejorar la calidad de vida de la población, pero conciliándola con la permanencia de su identidad, autonomía y cultura. Además, deben incluirse en esos planes a los indígenas que por determinadas razones viven fuera de las comarcas.
"La cultura étnica contiene en sí misma un potencial de desarrollo capaz de generar transformaciones endógenas y gestionadas autónomamente. Ese potencial está implícito en la experiencia histórica de los pueblos indios desde el momento mismo del contacto, y se fue desarrollando a lo largo de las distintas fases por las que ha pasado la formación, consolidación y desarrollo del estado nacional" (Valencia,1996).
En la actualidad los asuntos indígenas se dirimen desde una oficina del Ministerio de Gobierno y Justicia, que no tiene ni los recursos ni la capacidad para responder a las necesidades, demandas y aspiraciones de los aborígenes, por lo que urge propiciar espacios de articulación diferentes mucho más ligados a las propuestas que ellos levantan y con las cuales todos podemos y debemos contribuir.
Se trata pues de un modelo de desarrollo incluyente, es decir con y para los pueblos indígenas, en lugar de ignorarlos como si no tuvieran la capacidad de contribuir con su propio desarrollo, y de usarlos como símbolo turístico y folclórico mientras se les trata muchas veces como parias en su propia tierra.
