Desarrollo y equidad, expectativas para el Nuevo Año
Sin duda, en Panamá, las deficiencias que exhibe el marco institucional jurídico provoca que la ciudadanía en gran parte perciba que los mecanismos diseñados para ofrecer una aplicación equitativa y confiable de justicia no son efectivos. Esta situación tiende, en el ámbito económico, a disminuir los incentivos para los agentes económicos que actúan en el mercado, ya que generalmente tienen que enfrentar costos de transacción más altos, de tal forma que sus capacidades para funcionar y dinamizar el mercado se ven reducidas, encareciendo las actividades económicas en general. Igualmente, otra percepción del ciudadano común, es que solamente aquellos con suficientes recursos tienen la posibilidad de participar exitosamente en el mercado, ya sea porque tienen pleno acceso a los mecanismos políticos establecidos, o porque tienen las relaciones personales o ya sea porque disponen de recursos económicos en cantidades suficientes para obtener la colaboración de agentes en el sistema, condiciones que les permiten proteger sus derechos jurídicos y mantener sus ventajas. Por ende, la mayoría de población que no goza de este tipo de protección o ventajas, considera que sus posibilidades de superar su posición económica, léase salir de la pobreza, son escasas ya que el sistema institucionalizado no les ofrece las seguridades que debería ofrecer un Estado de Derecho en donde la justicia se aplique de forma uniforme.
Para tratar de corregir esta situación, habría que contar con una estrategia de desarrollo que incluya el fortalecimiento de las instituciones en las cuales descansa tanto el funcionamiento económico como la aplicación de justicia, a fin de generar confianza y seguridad en el mercado. En otras palabras, hay que adecuar la estructura institucional, específicamente en lo jurídico y político, para acompañar a la formulación financiera y económica, la que en Panamá parece estar funcionando de forma eficaz, ya que ha logrando ganar la confianza de los inversionistas locales e internacionales.
En este sentido, habría entonces que agendar para el 2010, acciones directas para eliminar aspectos que actualmente limitan las acciones y derechos de los participantes con escasos recursos, en virtud de las limitantes antes anotadas. Son pocos los que negarían que para generar desarrollo, ya sea económico, social o cultural, hay que necesariamente construir un Estado de Derecho con una estructura institucional madura, con equidad jurídica y canales formales de aplicación que permitan a la población más desprovista alcanzar cambios económicos que reduzcan los niveles de pobreza y desigualdad social.
Por tales motivos, muchos aspiran que en el 2010, el Presidente de la República sea el motor que promueva un cambio en la institucionalidad jurídica del país, a pesar que algunos traten de confundir sus iniciativas bajo el argumento de la “injerencias del Poder Ejecutivo en el Judicial”. Esta argumentación, recientemente muy de moda, me parece muy semántica y poco efectiva para lo que el país realmente necesita, en función de las metas que contribuyen a alcanzar un verdadero ritmo de desarrollo socioeconómico. Aspiramos disfrutar de una sociedad verdaderamente próspera, justa y con horizontes para los cuales el cielo es el único límite. En este sentido, es válida la expectativa que el 2010 sea el año del cambio definitivo hacia la modernización de la institucionalidad jurídica en Panamá.
