Desarticulación conceptual
Ha existido siempre una relación profunda entre la localización de un pueblo, su cultura, las fuentes de sustento y la política que en su momento han aplicado sus gobernantes para amalgamar todo lo antes expuesto.
No creo conocer en América Latina - quizás ocurra en pocos lugares del mundo- un país que ostente una vocación más clara como la República de Panamá, y que sus dos ciudades principales -muy próximas entre sí - tengan tanta riqueza latente esparcida en sus inmediaciones. Bien aprovechadas -entiéndase explotarlas racionalmente y no tallarlas a la medida que demande un postor dado o, peor aún, entregarlas graciosamente para sustentar causas que no son prioridades dentro de la agenda nacional- representan los elementos más valiosos con que contamos para configurar un esquema de desarrollo sostenido, coherente y que beneficie a la Nación en general.
Cuando se preparó el documento conocido como Plan General de Usos de Suelo para la Región Interoceánica -elevado a Ley de la República como la número 21 de 2 de julio de 1997- pensé que esa aportación armónica de todos los sectores que componen la sociedad panameña sería el inicio de una nueva actitud para aprovechar, razonadamente y de manera responsable, todo el potencial que encierra esta condición privilegiada que favorece a nuestro país.
111...liberar a dicha empresa del pago de 22 millones en concepto de canon de arrendamiento y el 10% de los ingresos brutos como anualidades fijas al erario público, no tiene sentido...
Lástima que la aplicación obligada de aquel instrumento que preparó la ARI, al igual que la necesaria implantación de políticas adecuadas y que debieron emanar en su momento de los diferentes ministerios involucrados, no se llevaron a cabo con la seriedad, premura y sentido de Patria que la situación ameritaba.
Pensé, entonces, que el forzoso catalizador para explotar esta privilegiada situación en su conjunto sería la Autoridad del Canal de Panamá, habida cuenta que el 31 de diciembre de 1999 la vía interoceánica, además de las áreas e instalaciones aún ocupadas por el ejército norteamericano, estarían bajo control absoluto de nuestra Nación. A pesar de las apresuradas privatizaciones que se dieron sobre elementos muy sensitivos dentro del plan de la ARI, aún acariciaba la idea que la ACP -como parte que es del Estado panameño- jugaría un papel más inteligente complementando sus servicios con la habilitación del ferrocarril, autopistas y facilidades portuarias en ambos mares.
Infortunadamente no fue así y la ACP -al parecer más preocupada por complacer a la opinión internacional que integrarse realmente al bienestar nacional- no participa directamente de estas actividades accesorias que bien manejadas, tal y como lo han demostrado el éxito de los puertos en ambos mares, hubieran contribuido al mejoramiento socioeconómico del país mientras se consolidaba esa vocación natural de que ha hecho gala el istmo desde antes de la colonia. Por tal motivo, y frente al exabrupto que pretende llevar a cabo el Ministro de Comercio e Industria a favor de la Panama Ports Company, no puedo menos que repudiar tan incongruente acción.
Pretender -especialmente en la precaria situación fiscal en que se encuentra el país- liberar a dicha empresa del pago de 22 millones en concepto de canon de arrendamiento y el 10% de los ingresos brutos como anualidades fijas al erario público, no tiene sentido ni justificación alguna.
Los trueques de espejo por oro son cosas del pasado. Si la Panama Ports Company no considera atractiva -y por lo visto poco rentable- su operación en nuestro país, entonces que rescindan el contrato, integren a Joaquín Jácome y la firma de abogados locales que los representan dentro de sus cuadros directivos para encontrar otro lugar del mundo donde montar este vergonzoso desatino. Mientras tanto la República de Panamá, fusionando los buenos oficios de dependencias gubernamentales como la AMP, el MPPE y la ACP, bien pudiera articular tan estratégicas instalaciones para crear, de una vez por todas, una genuina política estatal cónsona con nuestra innegable - y muy valiosa - vocación histórica.
(rbermudez@cableonda.net)
No creo conocer en América Latina - quizás ocurra en pocos lugares del mundo- un país que ostente una vocación más clara como la República de Panamá, y que sus dos ciudades principales -muy próximas entre sí - tengan tanta riqueza latente esparcida en sus inmediaciones. Bien aprovechadas -entiéndase explotarlas racionalmente y no tallarlas a la medida que demande un postor dado o, peor aún, entregarlas graciosamente para sustentar causas que no son prioridades dentro de la agenda nacional- representan los elementos más valiosos con que contamos para configurar un esquema de desarrollo sostenido, coherente y que beneficie a la Nación en general.
Cuando se preparó el documento conocido como Plan General de Usos de Suelo para la Región Interoceánica -elevado a Ley de la República como la número 21 de 2 de julio de 1997- pensé que esa aportación armónica de todos los sectores que componen la sociedad panameña sería el inicio de una nueva actitud para aprovechar, razonadamente y de manera responsable, todo el potencial que encierra esta condición privilegiada que favorece a nuestro país.
111...liberar a dicha empresa del pago de 22 millones en concepto de canon de arrendamiento y el 10% de los ingresos brutos como anualidades fijas al erario público, no tiene sentido...
Lástima que la aplicación obligada de aquel instrumento que preparó la ARI, al igual que la necesaria implantación de políticas adecuadas y que debieron emanar en su momento de los diferentes ministerios involucrados, no se llevaron a cabo con la seriedad, premura y sentido de Patria que la situación ameritaba.
Pensé, entonces, que el forzoso catalizador para explotar esta privilegiada situación en su conjunto sería la Autoridad del Canal de Panamá, habida cuenta que el 31 de diciembre de 1999 la vía interoceánica, además de las áreas e instalaciones aún ocupadas por el ejército norteamericano, estarían bajo control absoluto de nuestra Nación. A pesar de las apresuradas privatizaciones que se dieron sobre elementos muy sensitivos dentro del plan de la ARI, aún acariciaba la idea que la ACP -como parte que es del Estado panameño- jugaría un papel más inteligente complementando sus servicios con la habilitación del ferrocarril, autopistas y facilidades portuarias en ambos mares.
Infortunadamente no fue así y la ACP -al parecer más preocupada por complacer a la opinión internacional que integrarse realmente al bienestar nacional- no participa directamente de estas actividades accesorias que bien manejadas, tal y como lo han demostrado el éxito de los puertos en ambos mares, hubieran contribuido al mejoramiento socioeconómico del país mientras se consolidaba esa vocación natural de que ha hecho gala el istmo desde antes de la colonia. Por tal motivo, y frente al exabrupto que pretende llevar a cabo el Ministro de Comercio e Industria a favor de la Panama Ports Company, no puedo menos que repudiar tan incongruente acción.
Pretender -especialmente en la precaria situación fiscal en que se encuentra el país- liberar a dicha empresa del pago de 22 millones en concepto de canon de arrendamiento y el 10% de los ingresos brutos como anualidades fijas al erario público, no tiene sentido ni justificación alguna.
Los trueques de espejo por oro son cosas del pasado. Si la Panama Ports Company no considera atractiva -y por lo visto poco rentable- su operación en nuestro país, entonces que rescindan el contrato, integren a Joaquín Jácome y la firma de abogados locales que los representan dentro de sus cuadros directivos para encontrar otro lugar del mundo donde montar este vergonzoso desatino. Mientras tanto la República de Panamá, fusionando los buenos oficios de dependencias gubernamentales como la AMP, el MPPE y la ACP, bien pudiera articular tan estratégicas instalaciones para crear, de una vez por todas, una genuina política estatal cónsona con nuestra innegable - y muy valiosa - vocación histórica.
(rbermudez@cableonda.net)
