Desburocratización
Cuando se trata de disminuir los engorros en los trámites ante el gobierno para hacer negocios, usualmente las autoridades se concentran en medidas como ventanas únicas, simplificación y uniformidad de requisitos, eliminación de formalidades, etc. Sin embargo, una medida que puede aportar algo para el mismo propósito sería la eliminación del requerimiento de abogado para trámites sencillos y para micros y pequeños empresarios, que no justifican el costo.
Por ejemplo, un micro y mediano empresario, debería poder tramitar directamente sus permisos para operar, sus exoneraciones e incentivos, etc. Hay otros trámites sencillos, como licencia comercial o industrial, devoluciones de impuesto y fianzas, que implican el mero llenar de un formulario, que no parecen ameritar la intermediación de un jurisconsulto, salvo tratándose de negocios de cierta complejidad e repercusión, entre estos, bancos, compañías de seguro, explotaciones mineras, etc.
En el caso de asuntos de migración, los extranjeros también tienen que hacerse representar por un abogado, lo cual podría justificarse por el hecho de la complejidad de las alternativas y la exposición del peticionario a negativas arbitrarias. Pero, en sentido contrario, el requerimiento de un abogado para tramitar registros sanitarios no se justifica, pues implica más conocimientos científicos que legales. Es posible que un punto medio sería exigir la presencia de un letrado en caso de que la solicitud hubiere sido negada, para que éste asuma la defensa de los derechos del peticionario. Esto último sería válido para las negativas en otros trámites. Lo cierto es que la adopción de medidas de filtrado o verificación previa de cumplimiento de requisitos aliviaría mucho el peso burocrático, pues cada vez que se produce una negativa o se duplica un trámite, pierde el país, el contribuyente y el inversionista. Nos preguntamos si en esos casos y en docenas de otros, bastaría para la causa de la burocratización, el simplificar trámites a través de formularios de instrucción, preparados en forma clara y sencilla, bien asistidos por los respectivos funcionarios.
Nadie discute que el abogado es necesario y conveniente para trámites judiciales e incluso para ciertos trámites administrativos con algo de complejidad, como algunos que se dan ante la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores y el Ente Regulador de Servicios Públicos. Pero en otros, sencillos como los expuestos, los propios interesados debieran poder adelantarlos personalmente.
Valdría la pena revisar, junto con el gremio forense, los trámites administrativos que hoy requieren de abogado, para determinar cuáles pueden obviar la exigencia, y las circunstancias en que su presencia se amerita.
Por otro lado, a medida que el gobierno electrónico se desarrolla, las autoridades bien podrían promover mecanismos más expeditos y sencillos para lograr trámites rutinarios que son necesarios, pero que no deben ser obstáculos para el desarrollo del país. No obstante, siempre debe quedar a discreción de los usuarios optar por hacerse representar por un abogado, si lo considera en sus mejores intereses.
Por ejemplo, un micro y mediano empresario, debería poder tramitar directamente sus permisos para operar, sus exoneraciones e incentivos, etc. Hay otros trámites sencillos, como licencia comercial o industrial, devoluciones de impuesto y fianzas, que implican el mero llenar de un formulario, que no parecen ameritar la intermediación de un jurisconsulto, salvo tratándose de negocios de cierta complejidad e repercusión, entre estos, bancos, compañías de seguro, explotaciones mineras, etc.
En el caso de asuntos de migración, los extranjeros también tienen que hacerse representar por un abogado, lo cual podría justificarse por el hecho de la complejidad de las alternativas y la exposición del peticionario a negativas arbitrarias. Pero, en sentido contrario, el requerimiento de un abogado para tramitar registros sanitarios no se justifica, pues implica más conocimientos científicos que legales. Es posible que un punto medio sería exigir la presencia de un letrado en caso de que la solicitud hubiere sido negada, para que éste asuma la defensa de los derechos del peticionario. Esto último sería válido para las negativas en otros trámites. Lo cierto es que la adopción de medidas de filtrado o verificación previa de cumplimiento de requisitos aliviaría mucho el peso burocrático, pues cada vez que se produce una negativa o se duplica un trámite, pierde el país, el contribuyente y el inversionista. Nos preguntamos si en esos casos y en docenas de otros, bastaría para la causa de la burocratización, el simplificar trámites a través de formularios de instrucción, preparados en forma clara y sencilla, bien asistidos por los respectivos funcionarios.
Nadie discute que el abogado es necesario y conveniente para trámites judiciales e incluso para ciertos trámites administrativos con algo de complejidad, como algunos que se dan ante la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores y el Ente Regulador de Servicios Públicos. Pero en otros, sencillos como los expuestos, los propios interesados debieran poder adelantarlos personalmente.
Valdría la pena revisar, junto con el gremio forense, los trámites administrativos que hoy requieren de abogado, para determinar cuáles pueden obviar la exigencia, y las circunstancias en que su presencia se amerita.
Por otro lado, a medida que el gobierno electrónico se desarrolla, las autoridades bien podrían promover mecanismos más expeditos y sencillos para lograr trámites rutinarios que son necesarios, pero que no deben ser obstáculos para el desarrollo del país. No obstante, siempre debe quedar a discreción de los usuarios optar por hacerse representar por un abogado, si lo considera en sus mejores intereses.
