Descarada corrupción
Corrupción. Una palabra hartamente conocida por los panameños que ya se han acostumbrado casi a vivir con esta mala práctica que corroe, socava y contradice todos los elementos democráticos.
En Panamá, la corrupción se remonta al período colonial cuando la codicia del oro, la captación de esclavos y todo el andamiaje comercial instaurado en el Istmo, generaron comportamientos sociales y culturales con valores tergiversados que se expresaban con deslealtades, traiciones y crímenes.
También a lo largo de la historia del período Republicano se registran hechos ligados a las prácticas corruptas y aún después del advenimiento de la democracia tras el derrocamiento del régimen militar, si bien han cambiado las reglas del juego, la corrupción continúa.
La corrupción ha existido siempre, pero ahora "es cada vez más descarada", reconoció la procuradora suplente Mercedes Araúz de Grimaldo.
"Ahora la gente está perdiendo la vergüenza y realizando actos cada vez más atrevidos y la comunidad está observando estos hechos con preocupación", expresó la procuradora suplente.
Para el año pasado, el Ministerio Público contabilizó un total de 758 expedientes relativos al delito de corrupción y las fiscalías anticorrupción investigaron peculados por la suma de B/.7.3 millones contra bienes del Estado panameño.
Un promedio de 97 denuncias mensuales reciben las fiscalías anticorrupción, dijo la fiscal Cecilia López, quien lidera una de las dos fiscalías especializadas para investigar casos de corrupción.
Sin embargo, organismos de la sociedad civil como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad, no comparten estas cifras. Para ellos, las denuncias de casos de corrupción son muchas más que las que atiende el Ministerio Público.
La máxima pena que ha dictado la justicia panameña por corrupción ha sido contra el General Manuel Antonio Noriega, quien fue condenado a 8 años de prisión, en el 2001, por el peculado cometido contra el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) por B/.794,515.00 a través del antiguo Banco Patria.
El ex director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Harris, acusado de negociar cupos para taxis, ha sido uno de los funcionarios del actual gobierno despedido por un caso de corrupción.
La situación de la corrupción llegó a tal punto que el asesor presidencial Roberto Eisemann, renunció al cargo, alegando que en el Gobierno "hay maleantes disfrazados de empresarios", que pretenden sacar provecho del Estado.
La propia Iglesia Católica a través de sus máximos obispos han hecho continuos señalamientos sobre los casos de corrupción que se están dando en el actual Gobierno.
La mandataria Mireya Moscoso ha negado que en su Gobierno haya más corrupción que en otros y ha solicitado en reiteradas ocasiones que el que tenga una denuncia contra los funcionarios que presente las pruebas.
Durante la presente administración gubernamental los casos de corrupción denunciados incluyen una larga lista, que comprende a funcionarios de los tres órganos del Estado. Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
En Panamá, la corrupción se remonta al período colonial cuando la codicia del oro, la captación de esclavos y todo el andamiaje comercial instaurado en el Istmo, generaron comportamientos sociales y culturales con valores tergiversados que se expresaban con deslealtades, traiciones y crímenes.
También a lo largo de la historia del período Republicano se registran hechos ligados a las prácticas corruptas y aún después del advenimiento de la democracia tras el derrocamiento del régimen militar, si bien han cambiado las reglas del juego, la corrupción continúa.
La corrupción ha existido siempre, pero ahora "es cada vez más descarada", reconoció la procuradora suplente Mercedes Araúz de Grimaldo.
"Ahora la gente está perdiendo la vergüenza y realizando actos cada vez más atrevidos y la comunidad está observando estos hechos con preocupación", expresó la procuradora suplente.
Para el año pasado, el Ministerio Público contabilizó un total de 758 expedientes relativos al delito de corrupción y las fiscalías anticorrupción investigaron peculados por la suma de B/.7.3 millones contra bienes del Estado panameño.
Un promedio de 97 denuncias mensuales reciben las fiscalías anticorrupción, dijo la fiscal Cecilia López, quien lidera una de las dos fiscalías especializadas para investigar casos de corrupción.
Sin embargo, organismos de la sociedad civil como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad, no comparten estas cifras. Para ellos, las denuncias de casos de corrupción son muchas más que las que atiende el Ministerio Público.
La máxima pena que ha dictado la justicia panameña por corrupción ha sido contra el General Manuel Antonio Noriega, quien fue condenado a 8 años de prisión, en el 2001, por el peculado cometido contra el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) por B/.794,515.00 a través del antiguo Banco Patria.
El ex director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Harris, acusado de negociar cupos para taxis, ha sido uno de los funcionarios del actual gobierno despedido por un caso de corrupción.
La situación de la corrupción llegó a tal punto que el asesor presidencial Roberto Eisemann, renunció al cargo, alegando que en el Gobierno "hay maleantes disfrazados de empresarios", que pretenden sacar provecho del Estado.
La propia Iglesia Católica a través de sus máximos obispos han hecho continuos señalamientos sobre los casos de corrupción que se están dando en el actual Gobierno.
La mandataria Mireya Moscoso ha negado que en su Gobierno haya más corrupción que en otros y ha solicitado en reiteradas ocasiones que el que tenga una denuncia contra los funcionarios que presente las pruebas.
Durante la presente administración gubernamental los casos de corrupción denunciados incluyen una larga lista, que comprende a funcionarios de los tres órganos del Estado. Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
