El descaro del neoliberalismo en Panamá

Ya es tan evidente hoy día, que las políticas neoliberales en Latinoamérica son un fracaso.

Se demostró en Argentina, y recientemente en Ecuador y Chile.

La población está harta de tanta inconsciencia, corrupción y mentiras por parte de sus políticos que día a día profundizan en aplicar dichas políticas, que han deteriorado la calidad de vida de la mayoría.

Las protestas no son un fetichismo de la población, es la expresión de un malestar.

Tal como ocurrió en la Revolución francesa de 1789 frente a la nobleza.

En esa época, la mayor parte de la población empobrecida y muriendo de hambre, frente a una nobleza que exigía el cobro de más impuestos para alimentarse, vestir y vivir opulentamente de manera parasitaria.

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No hay diferencia con la Francia del siglo XVIII, actualmente se aplican políticas que solo han servido para favorecer transnacionales y multinacionales que extraen las riquezas de nuestros países (exonerándolas de impuestos), sin dejar ganancias y beneficios a nuestra población.

Siguiendo el discurso neoliberal de 'laissez faire' (dejar hacer); y, al mismo tiempo, complaciendo a organismos que no favorecen en nada a nuestros Estados, como lo son el BIRF (por sus siglas en inglés, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

Donde los políticos elegidos por el pueblo y para el pueblo, se convierten en intermediarios y ejecutores de políticas, y crean leyes que ya no son cónsonas con las realidades sociales y económicas de la mayoría, llevando a nuestros países a una hecatombe total.

En Panamá, la pobreza persiste, llámenla general, moderada, extrema o multidimensional; y no es solucionable con políticas de subsidios.

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Como lo está haciendo Panamá, hoy día, con las ayudas o transferencias de los programas sociales del Gobierno Nacional (Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65, Beca Universal, entre otros).

Donde el Gobierno panameño confirma que "(…) los hogares con menores recursos no contaran con estos ingresos, el nivel de pobreza general se situaría en 26.0% o 1,041,648 personas y la extrema en 14.3% o 571,085 personas, un aumento de 3.9% o 155,677 personas y 4.4% o 174,050 personas, respectivamente.

Estos programas tienen un mayor efecto en las áreas rurales, ya que de eliminar estos ingresos en estas áreas, el nivel de pobreza extrema se incrementaría en 9.6% o 124,812 personas" (Gobierno de la República de Panamá, 2017).

Lo anterior, indica que Panamá vive una erradicación de la pobreza efímera y superficial, apoyada por subsidios que sirven de paliativos; y sin la finalidad de poner fin total de la pobreza.

Asimismo, las contradicciones se suman con los datos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Panamá de 2017, donde "(…) el porcentaje de personas en condición de pobreza se ubicó en 19,1 por ciento, lo que es equivalente a 777.752 personas" (Telesur, 2018).

Ahora bien, tomemos nuevamente de referencia a Chile que tiene una historia socio-política similar a la de Panamá.

Donde ambos han pasado por una dictadura militar, y tienen una Constitución política obsoleta y parchada al gusto de los políticos-gobernantes civiles (herederos ungidos del legado de la dictadura militar).

Los mismos, que año tras año desde la década de los "90" siguen creando, imponiendo y aumentando políticas y leyes que desfavorecen a la mayor parte de la población; en temas relacionados con el aumento de los impuestos a los productos de primera necesidad, a la vivienda, y a los servicios de comunicación, entre otros.

No es una casualidad que el pueblo chileno reclame esta inconsciencia por parte de sus gobernantes; y lo mismo, empieza a ocurrir para el caso panameño.

Añadiendo para el caso de Panamá, se encuentran la creación de políticas y leyes como: la anticonstitucional del encarcelamiento por deuda; las leyes de impunidad para los propios políticos bajo un sistema de justicia totalmente carcomido (de justicia selectiva), y los ingredientes finales relacionados con el dinero del Estado y que es recaudado por el pago de nuestros impuestos: sus políticas de auto aumento de salarios; manejo de ingresos y fondos del Estado; y la poca conciencia y austeridad en el gasto de viáticos y beneficios destinados a los funcionarios de alto nivel.

Al final, esta situación se traduce en la mayor expresión y total descaro de aplicación de políticas neoliberales con un gran matiz de corrupción por parte de los políticos y funcionarios que administran al Estado panameño.

Licdo. en Geografía e Historia; Mg. en Ciencias Sociales y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.