Constitución y Educación. Por qué urge reformar el pacto social de manera integral

El proceso incoado sobre reformas constitucionales se inició con un vicio constitutivo.

El alcance de las reformas que los miembros de la Comisión de la Concertación Nacional para el Desarrollo se constriñó a los títulos referidos a los aspectos de la naturaleza y la relación entre los poderes del Estado, y muy poco más.

Sin embargo, en el proceso de consultas sobre las reformas, han emergido con fuerza otros temas, temáticas y asuntos, particularmente referidos a descentralización y gestión del territorio, régimen ecológico y diversos temas de aspectos de derechos fundamentales: salud y educación –eso sí esbozados como temas de corregiduría o reclamos al papi-dios Estado providencia a los que nos acostumbró el paternalismo/compadrazgo y el juega vivo de los padres de la Patria-.

Que sepa, de cierto, solo la Universidad Especializada de las Américas, a raíz de un foro de difusión de las reformas celebrado en su recinto, elevó una serie de planteamientos que apuntan hacia la reforma de los artículos de la constitución vigente sobre aspectos de Educación, en general, y sobre educación superior en particular.

El Ejecutivo nacional, por voz del presidente, y desde la campaña electoral, expresó que las reformas serían puntuales y que él no era partidario de otras propuestas de cambios más integrales al pacto constitucional.

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Se entiende. Los temas de gobernanza han venido amenazando la institucionalidad del país, ora por el presidencialismo rampante (casi nos dejan sin país), ora por las fallas flagrantes del sistema de justicia, sobre todo desde los despachos de la Corte –negociados, negligencias, corruptelas-, o de un Legislativo cuya Honorabilidad ha estado en entredicho y cuyos sumideros son francamente nauseabundos.

Igual, la vista puesta en el corto plazo, hace que el presidente desee atender las demandas de una economía pública de grandes amenazas: el desequilibrio presupuestal heredado y el manejo del ahorro nacional –esto es, de los fondos de la Caja del Seguro Social- que será uno de los temas más espinosos de su mandato. Costa Rica, Nicaragua y Ecuador son indicios claros de lo que pudiera acontecerse y precipitarse si el cuadro macro fiscal y macroeconómico se desequilibrara aún más, sobre todo en un entorno internacional muy complicado (enfrentamiento comercial sino-estadounidense, crisis en el área petrolera del Golfo, Brexit británico traumático en Europa).

Los asesores políticos y económicos del Ejecutivo saben que la luna de miel del nuevo gobierno-sociedad está por terminar y la recuperación económica y laboral es muy frágil.

Con este estado de cosas, la reforma del texto constitucional parecería ser un aspecto de trámite…

Al fin, no son solo las leyes, y ni aún la Ley fundamental de la nación, es lo que creará empleos o disminuirá la pobreza.

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¡Ah, las leyes, las leyes en Panamá!

Un país, donde las normas no suelen cumplirse; o donde se aplican selectivamente, o donde en algunos asuntos hay leyes de sobra, que no malas ni defectuosas, sino simplemente que no se cumplen (el Reglamento de tránsito por dar una muestra). Pero la triada educación-ambiente-salud pública no admite reformas-parches.

Los objetivos de desarrollo sostenible que Panamá ha adoptado, al menos en compromiso internacional y en el diseño de políticas públicas nos convencen que precisamos de un piso constitucional que sea integral para que sea sólido y duradero.

Pensemos en el horizonte 2050 y no la próxima campaña electoral.

Economista y docente universitario.