Descentralización e integridad
EXISTEN DOS miradas fundamentales para caracterizar de la corrupción. La primera, ubica el problema sólo en el sector público y en la elaboración de índices de percepción. Sitúa la corrupción centralmente en los funcionarios del gobierno en función de obtener beneficios e ingresos a partir de su relación con los agentes económicos, afirmando que el fenómeno de la corrupción emerge producto de la capacidad monopólica y
o coercitiva del Estado, que se traduce en intervención arbitraria en la actividad económica. Esta mirada fue la que predominó inicialmente y desembocó en recomendaciones básicamente administrativas, centrados en el Estado, para combatir la corrupción.
Según Napoleón Saltos Galarza, gradualmente se avanzado hacia una percepción más integral del fenómeno de la corrupción, pues se empieza a reconocer que la corrupción también se genera en el sector privado, nacional y transnacional. Se logra armar una diferenciación entre las diversas modalidades de corrupción, como corrupción social, corrupción privada y pública, delitos de cuello blanco, corrupción administrativa y política.
Hoy se afirma que el origen o fuente de la corrupción se localiza en el abuso del poder económico y político, especialmente cuando no existen o se encuentran debilitados los mecanismos adecuados de control de esos poderes. Se avanza en dirección de una visión centrada en que la corrupción de desenvuelve en un ambiente permisivo o cultura de la normalidad, y por ende, la lucha contra la corrupción tiene que establecerse sobre la base de la promoción de una nueva ética y una nueva cultura política.
La corrupción debe ser definida, pues, no sólo como un problema de violación de normas (ilegalidad), sino, fundamentalmente, como un problema de violación de valores (ilegitimidad). El perjuicio no va sólo en contra de la institución u organización a la que pertenece el actor, sino que afecta al bien común, tanto el desarrollo de una sociedad justa y como al funcionamiento de la democracia. Los costos económicos es un claro indicador hasta el punto que en los últimos 25 años le han costado a la América Latina la friolera de 600, 000 millones de dólares, esto es, 24 mil millones de dólares por año.
La corrupción no es un acto aislado, sino de un sistema de comportamiento, una cadena comunicacional en negativo. El agente desencadenante es el grupo o persona que tiene poder económico y político. La actuación de los que tienen decisión no se da en forma aislada, sino que tienden a involucrar a pluralidad de funcionarios o personas particulares, constituyéndose redes de corrupción. La condición sine qua non de esta actuación es el acceso a garantías de impunidad, pues no sin ella no hay corrupción. Es una concatenación de decisiones con momentos claves en los que convergen diversidad de actores y procesos. El objetivo es lograr beneficios no sólo económicos, sino también de poder o de status, tanto a favor de la persona o grupo interesado privado o público como del funcionario que acepta ejecutar el acto de corrupción.
Hoy, que la descentralización del Estado panameño parece ser tomada más en serio, y que ello debería suponer una mayor eficiencia del gasto público en función del desarrollo integral, también se levanta el temor de la experiencia de otros países, en los cuales la descentralización en la práctica ha aumentado las posibilidades de desviación de recursos públicos, pues divorciaron las reformas de la transparencia, la ampliación de los mecanismos de la democracia participativa, la eliminación de los monopolios estatales y privados en la prestación de servicios y funciones públicas, la disminución de la discrecionalidad de los funcionarios en la toma de decisiones, la introducción de acciones judiciales efectivas y mecanismos idóneos de sanción y control social y el desarrollo de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Los gobiernos locales con la descentralización tomaron sobre sí nuevas responsabilidades relacionadas a la prestación de servicios públicos, pero repitieron las imperfecciones en la prestación de servicios y la falta de capacitación de los administradores públicos. Los gobiernos locales encontraron dificultades para prestar servicios públicos, debido, principalmente, a la falta de capacidad de gestión. Esta deficiencia acarreó desencuentros y facilitó prácticas de corrupción.
El peligro de "descentralizar" malas prácticas de clientelismos y corrupción, está presente. Si bien es cierto que los municipios son el espacio de articulación e interacción más inmediata entre gobierno y sociedad civil el gran potencial democrático del municipio no se realiza espontáneamente a pesar de la cercanía, pues la menor distancia no resuelve por sí misma el desafío de diseñar puntualmente respuestas concretas a las necesidades y demandas ciudadanas, entre ellas la transparencia. Es decir, en la esfera local puede darse una relación tan sombría y lejana entre ambos gobierno y sociedad, pues esta cercanía no es necesariamente sinónimos de transparencia. Por ello la integridad y transparencia deben ser construidas intencionada y participativamente.
En este marco los procesos electorales transparentes no aseguran de antemano gobiernos nacionales y/o locales igualmente transparentes, como tampoco garantizan los objetivos de integridad y rendición de cuentas en el actuar gubernamental central o local, aunque estos procesos son condición necesaria para la existencia de prácticas de integridad. Se da importantes diferencias cualitativas y desencuentros entre la competencia electoral y la acción de gobernar, lo que conduce a la necesidad de crear y orquestar estrategias coherentes de transparencia.
Es fundamental, pues, el papel de la voluntad política de arriba y de abajo, en especial en un país como el nuestro políticamente permeado desde su origen por modelos autoritarios del poder y marcado por una cultura política contraria a la transparencia.
o coercitiva del Estado, que se traduce en intervención arbitraria en la actividad económica. Esta mirada fue la que predominó inicialmente y desembocó en recomendaciones básicamente administrativas, centrados en el Estado, para combatir la corrupción.
Según Napoleón Saltos Galarza, gradualmente se avanzado hacia una percepción más integral del fenómeno de la corrupción, pues se empieza a reconocer que la corrupción también se genera en el sector privado, nacional y transnacional. Se logra armar una diferenciación entre las diversas modalidades de corrupción, como corrupción social, corrupción privada y pública, delitos de cuello blanco, corrupción administrativa y política.
Hoy se afirma que el origen o fuente de la corrupción se localiza en el abuso del poder económico y político, especialmente cuando no existen o se encuentran debilitados los mecanismos adecuados de control de esos poderes. Se avanza en dirección de una visión centrada en que la corrupción de desenvuelve en un ambiente permisivo o cultura de la normalidad, y por ende, la lucha contra la corrupción tiene que establecerse sobre la base de la promoción de una nueva ética y una nueva cultura política.
La corrupción debe ser definida, pues, no sólo como un problema de violación de normas (ilegalidad), sino, fundamentalmente, como un problema de violación de valores (ilegitimidad). El perjuicio no va sólo en contra de la institución u organización a la que pertenece el actor, sino que afecta al bien común, tanto el desarrollo de una sociedad justa y como al funcionamiento de la democracia. Los costos económicos es un claro indicador hasta el punto que en los últimos 25 años le han costado a la América Latina la friolera de 600, 000 millones de dólares, esto es, 24 mil millones de dólares por año.
La corrupción no es un acto aislado, sino de un sistema de comportamiento, una cadena comunicacional en negativo. El agente desencadenante es el grupo o persona que tiene poder económico y político. La actuación de los que tienen decisión no se da en forma aislada, sino que tienden a involucrar a pluralidad de funcionarios o personas particulares, constituyéndose redes de corrupción. La condición sine qua non de esta actuación es el acceso a garantías de impunidad, pues no sin ella no hay corrupción. Es una concatenación de decisiones con momentos claves en los que convergen diversidad de actores y procesos. El objetivo es lograr beneficios no sólo económicos, sino también de poder o de status, tanto a favor de la persona o grupo interesado privado o público como del funcionario que acepta ejecutar el acto de corrupción.
Hoy, que la descentralización del Estado panameño parece ser tomada más en serio, y que ello debería suponer una mayor eficiencia del gasto público en función del desarrollo integral, también se levanta el temor de la experiencia de otros países, en los cuales la descentralización en la práctica ha aumentado las posibilidades de desviación de recursos públicos, pues divorciaron las reformas de la transparencia, la ampliación de los mecanismos de la democracia participativa, la eliminación de los monopolios estatales y privados en la prestación de servicios y funciones públicas, la disminución de la discrecionalidad de los funcionarios en la toma de decisiones, la introducción de acciones judiciales efectivas y mecanismos idóneos de sanción y control social y el desarrollo de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Los gobiernos locales con la descentralización tomaron sobre sí nuevas responsabilidades relacionadas a la prestación de servicios públicos, pero repitieron las imperfecciones en la prestación de servicios y la falta de capacitación de los administradores públicos. Los gobiernos locales encontraron dificultades para prestar servicios públicos, debido, principalmente, a la falta de capacidad de gestión. Esta deficiencia acarreó desencuentros y facilitó prácticas de corrupción.
El peligro de "descentralizar" malas prácticas de clientelismos y corrupción, está presente. Si bien es cierto que los municipios son el espacio de articulación e interacción más inmediata entre gobierno y sociedad civil el gran potencial democrático del municipio no se realiza espontáneamente a pesar de la cercanía, pues la menor distancia no resuelve por sí misma el desafío de diseñar puntualmente respuestas concretas a las necesidades y demandas ciudadanas, entre ellas la transparencia. Es decir, en la esfera local puede darse una relación tan sombría y lejana entre ambos gobierno y sociedad, pues esta cercanía no es necesariamente sinónimos de transparencia. Por ello la integridad y transparencia deben ser construidas intencionada y participativamente.
En este marco los procesos electorales transparentes no aseguran de antemano gobiernos nacionales y/o locales igualmente transparentes, como tampoco garantizan los objetivos de integridad y rendición de cuentas en el actuar gubernamental central o local, aunque estos procesos son condición necesaria para la existencia de prácticas de integridad. Se da importantes diferencias cualitativas y desencuentros entre la competencia electoral y la acción de gobernar, lo que conduce a la necesidad de crear y orquestar estrategias coherentes de transparencia.
Es fundamental, pues, el papel de la voluntad política de arriba y de abajo, en especial en un país como el nuestro políticamente permeado desde su origen por modelos autoritarios del poder y marcado por una cultura política contraria a la transparencia.
