Descentralización, entre la inmediatez o la gradualidad
EN UN comunidado de reciente publicación los presidentes del Consejo Nacional de Representantes de Corregimientos, de la Asociación de Municipios de Panamá y de la Asociación de Alcaldes de Panamá rememoran los 35 años de vigencia del Poder Popular con un título fulminante: "Hacia una real e inmediata descentralización". Que la descentralización sea real, es naturalmente obvio; pero que sea inmediata suena más a un deseo que a un objetivo alcanzable a corto plazo. A lo deseable hay que agregarle lo posible.
Para un país tan concentrado como el nuestro, una descentralización a paso forzado supondría un "shock" irreversible e impredecible salvo aquel de que, sin duda, se paralizaría, de inmediato, el mismo proceso descentralizador. Para ir en contra de la descentralización bastaría con impulsarla de hoy para mañana.
El centralismo octogenario que domina todos los resortes de la vida nacional no es fácil de desmontar. Hay, para empezar, como diría el Emperador Adriano, un "matorral de leyes" que contienen mil y unas trampas que alargan cualquier esfuerzo descentralizador.
En ese terreno radica el primer gran escollo para descentralizar. Le sigue otra piedra en el zapato: el ejército de funcionarios que cada cierto tiempo se turnan en los despachos públicos, pero que iguales son tanto los que entran como los que salen, que crecieron y se desarrollaron bajo la sombra de esas leyes que ellos mismos propusieron y que utilizan cada vez que les sirven como sombreros de circos de donde extraen un sinfín de sorpresas para venderse como los magos insustituibles sin los cuales la fiesta no tiene garantizado éxito alguno.
Desparramar la telaraña jurídica y transformar de raíz la mentalidad y aptitud de servidores públicos de mando es una tarea que abre o cierra el acceso al proceso descentralizador. La velocidad con que se encare uno u otro trabajo determina el grado de avance o retroceso de la descentralización.
En el mundo de los hechos, sin embargo, CONARE, AMUPA y ADALPA no están reclamando la descentralización en las condiciones que sugiere aquel título vertiginoso. Ellos saben que el tema del traslado de competencias y transferencias de recursos tiene la presteza de un bolero, aunque la decisión para llevarla a cabo debe ser clara, contundente e inequívoca.
Las realidades nacionales y municipales, con específicas circunstancias históricas, hacen inviable una descentralización inmediata. Mientras persistan, para empezar, municipalidades que para funcionar en un nivel mínimo requieren de fondos del presupuesto nacional, el proceso de la descentralización no tiene otra alternativa que ser parcial (no nacional) y gradual (no de inmediato).
Con independencia de los contradictorios teóricos sobre si es posible o no tal o cual proceso descentralizador o sobre el porqué estamos en tal o cual grado de concentración de competencias y recursos, la experiencia de recién data aconseja una ejecución escalonada. Y que sea graduable el proceso lo han entendido y practicado los dos gobiernos PRD que hemos tenido post invasión.
Agarrando el toro por los cuernos, el 16 de octubre de 1997 se aprobó la Ley 32 con la cual se transfería al Municipio de Colón los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto de inmueble sobre terrenos, edificios y construcciones existentes o por construir, ubicados en el distrito de Colón y sus ejidos. Tales fondos estarían destinados para financiar programas de desarrollo, obras y/o servicios que debían ser definidos entre el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Municipio de Colón.
Que sepamos, a casi una década de existencia, no se ha transferido un real. Y está por determinarse si la Ley malogró por ausencia de voluntad oficial o porque las autoridades locales no alcanzaron a ver más allá del límite que alcanzaban las sombras de sus campanarios.
El frustrado ejemplo no pudo ser replicado en ningún otro Municipio y la única certeza con la que hoy contamos es que la Ley 32 sigue viva, pero convertida en un cadáver que nadie se ha atrevido a darle cristiana sepultura.
Hace apenas mes y medio se puso en vigencia la Ley 24 de 2007 que modificó la Ley 9 del 94 sobre la Carrera Administrativa. La Ley 9 era aplicable, por extensión expresa, a todos los municipios del país sin excepción. Sin embargo, y atendiendo a razones no muy ampliamente difundidas, la nueva Ley 24 ordena que la Carrera Administrativa sólo se aplique en aquellos municipios que no son subsidiados por el Gobierno central.
Sin contar el hecho de que la nueva Ley 24 desoye la estrategia acordada en la Mesa de Modernización Institucional sobre el tema de la descentralización en donde se aprobó que los municipios deben contar con una ley de carrera administrativa que les garantice el mejoramiento de los recursos humanos, la estabilidad y la eficiencia a través de un sistema de méritos y de evaluación, salarios adecuados y capacitación permanente, lo doloroso es admitir que no todos los municipios, especialmente los subvencionados con aportes del Gobierno central, cuentan con el fortalecimiento institucional suficiente para asumir el costo y las obligaciones de una carrera administrativa.
La ecuación entre la inmediatez o la gradualidad tiene utilidad para enfatizarle al gobierno el que debe tener una decisión política para impulsar la descentralización sin titubeos ni proclamas verborreicas y, para los municipios el que deben fortalecerse en su capacidades técnicas de gestión para asumir, con leyes, sin ellas o a pesar de ellas, las competencias y recursos que los liberen de la simpleza, del anonimato y se les repare, de una vez por todas, el foco de luces largas que muchos de ellos tienen mal funcionando desde hace ya demasiado tiempo.
Para un país tan concentrado como el nuestro, una descentralización a paso forzado supondría un "shock" irreversible e impredecible salvo aquel de que, sin duda, se paralizaría, de inmediato, el mismo proceso descentralizador. Para ir en contra de la descentralización bastaría con impulsarla de hoy para mañana.
El centralismo octogenario que domina todos los resortes de la vida nacional no es fácil de desmontar. Hay, para empezar, como diría el Emperador Adriano, un "matorral de leyes" que contienen mil y unas trampas que alargan cualquier esfuerzo descentralizador.
En ese terreno radica el primer gran escollo para descentralizar. Le sigue otra piedra en el zapato: el ejército de funcionarios que cada cierto tiempo se turnan en los despachos públicos, pero que iguales son tanto los que entran como los que salen, que crecieron y se desarrollaron bajo la sombra de esas leyes que ellos mismos propusieron y que utilizan cada vez que les sirven como sombreros de circos de donde extraen un sinfín de sorpresas para venderse como los magos insustituibles sin los cuales la fiesta no tiene garantizado éxito alguno.
Desparramar la telaraña jurídica y transformar de raíz la mentalidad y aptitud de servidores públicos de mando es una tarea que abre o cierra el acceso al proceso descentralizador. La velocidad con que se encare uno u otro trabajo determina el grado de avance o retroceso de la descentralización.
En el mundo de los hechos, sin embargo, CONARE, AMUPA y ADALPA no están reclamando la descentralización en las condiciones que sugiere aquel título vertiginoso. Ellos saben que el tema del traslado de competencias y transferencias de recursos tiene la presteza de un bolero, aunque la decisión para llevarla a cabo debe ser clara, contundente e inequívoca.
Las realidades nacionales y municipales, con específicas circunstancias históricas, hacen inviable una descentralización inmediata. Mientras persistan, para empezar, municipalidades que para funcionar en un nivel mínimo requieren de fondos del presupuesto nacional, el proceso de la descentralización no tiene otra alternativa que ser parcial (no nacional) y gradual (no de inmediato).
Con independencia de los contradictorios teóricos sobre si es posible o no tal o cual proceso descentralizador o sobre el porqué estamos en tal o cual grado de concentración de competencias y recursos, la experiencia de recién data aconseja una ejecución escalonada. Y que sea graduable el proceso lo han entendido y practicado los dos gobiernos PRD que hemos tenido post invasión.
Agarrando el toro por los cuernos, el 16 de octubre de 1997 se aprobó la Ley 32 con la cual se transfería al Municipio de Colón los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto de inmueble sobre terrenos, edificios y construcciones existentes o por construir, ubicados en el distrito de Colón y sus ejidos. Tales fondos estarían destinados para financiar programas de desarrollo, obras y/o servicios que debían ser definidos entre el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Municipio de Colón.
Que sepamos, a casi una década de existencia, no se ha transferido un real. Y está por determinarse si la Ley malogró por ausencia de voluntad oficial o porque las autoridades locales no alcanzaron a ver más allá del límite que alcanzaban las sombras de sus campanarios.
El frustrado ejemplo no pudo ser replicado en ningún otro Municipio y la única certeza con la que hoy contamos es que la Ley 32 sigue viva, pero convertida en un cadáver que nadie se ha atrevido a darle cristiana sepultura.
Hace apenas mes y medio se puso en vigencia la Ley 24 de 2007 que modificó la Ley 9 del 94 sobre la Carrera Administrativa. La Ley 9 era aplicable, por extensión expresa, a todos los municipios del país sin excepción. Sin embargo, y atendiendo a razones no muy ampliamente difundidas, la nueva Ley 24 ordena que la Carrera Administrativa sólo se aplique en aquellos municipios que no son subsidiados por el Gobierno central.
Sin contar el hecho de que la nueva Ley 24 desoye la estrategia acordada en la Mesa de Modernización Institucional sobre el tema de la descentralización en donde se aprobó que los municipios deben contar con una ley de carrera administrativa que les garantice el mejoramiento de los recursos humanos, la estabilidad y la eficiencia a través de un sistema de méritos y de evaluación, salarios adecuados y capacitación permanente, lo doloroso es admitir que no todos los municipios, especialmente los subvencionados con aportes del Gobierno central, cuentan con el fortalecimiento institucional suficiente para asumir el costo y las obligaciones de una carrera administrativa.
La ecuación entre la inmediatez o la gradualidad tiene utilidad para enfatizarle al gobierno el que debe tener una decisión política para impulsar la descentralización sin titubeos ni proclamas verborreicas y, para los municipios el que deben fortalecerse en su capacidades técnicas de gestión para asumir, con leyes, sin ellas o a pesar de ellas, las competencias y recursos que los liberen de la simpleza, del anonimato y se les repare, de una vez por todas, el foco de luces largas que muchos de ellos tienen mal funcionando desde hace ya demasiado tiempo.
