Descentralización: la palabra empeñada
Durante el VIII Congreso de Autoridades Locales de la República de Panamá, efectuado el 10 y 11 de julio pasado, escuchamos el compromiso de la Presidenta de la República de aprobar la ley sobre la descentralización antes de finalizar su período de gobierno. Los otros oradores, entre ellos el Alcalde del Distrito Capital, urgieron el cumplimiento del Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local. Ojalá así sea, pues desde la firma del mismo se puede señalar que éste no ha sido honrado por sus firmantes. Ahora bien, es de esperarse que la ley que se apruebe tenga como base el anteproyecto consensuado a través de un largo proceso de consultas en todo el país apoyado por Asociación de Municipios de Panamá, integrante de la Coordinadora Nacional por la Descentralización y el Desarrollo Local (CONADEL). Dicha ley es sólo un punto de partida, pues el proceso de descentralización requiere de una firme voluntad política, una agenda incluyente y la capacidad de transformar en esa dirección el ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución vigente.
La descentralización es parte de una agenda de Estado, por lo que debe ser aceptado así en el fragor de las lides electorales. Es importante preguntar a los cuatro candidatos presidenciales, y a los que optan por los otros cargos de elección popular, si el tema ocupa un lugar en su plan de gobierno y qué lugar, ya que se trata de un aspecto fundamental del necesario desarrollo socioeconómico con equidad y de la profundización de la democracia panameña.
El Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local firmado el 5 de abril de 1999, ubica estos temas por primera vez en la agenda pública, y dibuja el escenario de las futuras apuestas por el desarrollo local y la descentralización. Constituye un canal a través del cual acuerdan transformar el centralismo y el transitismo, que ha caracterizado a la sociedad panameña y cuyo resultado ha sido la creación de una sociedad moderna y altamente tecnificada alrededor de la región metropolitana versus la creación de sociedades rurales y especialmente indígenas marginadas y empobrecidas.
Es por ello que el pacto compromete a los políticos a “Impulsar decididamente la descentralización político-administrativa del Estado panameño, como un proceso de transferencia gradual, equitativa y responsable de competencias, recursos humanos, tecnológicos y económicos; responsabilidades y poder de decisión desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. En la medida en que se efectúe esta transferencia es necesario propiciar en las municipalidades el desarrollo de las responsabilidades y capacidades necesarias para asumir el proceso a escala óptima en el ámbito local y, simultáneamente, debe lograrse la modificación de las entidades del nivel central que tenían dichas funciones. Reconocemos al Municipio como la unidad político-administrativa del proceso de descentralización del Estado, fortalecido con una creciente participación ciudadana.”
Acuerdan incentivar dos comisiones que son claves para impulsar los cambios legales y jurídicos necesarios con el fin de lograr el anterior propósito, a través de la creación de una Comisión Presidencial para la Descentralización del Estado, órgano de amplia composición encargado de preparar y coordinar un Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Municipal y una Comisión de Descentralización y Asuntos Municipales en la Asamblea Legislativa que preparen y estructuren las leyes necesarias que impulsen el proceso de descentralización.
En el Pacto, además, se puntualiza la necesidad de medidas concretas que apunten al fortalecimiento institucional de las municipalidades y ampliar su capacidad de gerencia social y ambiental. Se reconoce que la descentralización y desarrollo local “implica una fuerte participación de la sociedad civil en el ámbito local, por lo que el desarrollo local debe sumar además de infraestructura, generación productiva y puestos de trabajo en el ámbito local, el desarrollo humano y social en el ámbito local a través de programas participativos y educativos acordes a las realidades, programas de prevención y promoción de salud y salud reproductiva, que desarrollen potencialidades de todos los miembros del municipio”
El Pacto opta por incorporar a la comunidad en el proceso de planificación participativa de las actividades de desarrollo local. Aprobar los presupuestos municipales previa consulta popular sobre objetivos, prioridades y asignación de recursos. Implementación del derecho de iniciativa, referéndum municipal que otorga la Constitución Nacional (Articulo 236) e impulsar la adopción de otros derechos como el cabildo abierto, la revocación, y la participación ciudadana a través de comisiones de desarrollo municipal. Creación de comisiones municipales de desarrollo, sobre la base de criterios pluralistas de consenso y concertación, para incorporar a la sociedad civil, el sector privado con la sociedad política en el proceso de descentralización y desarrollo local. Promover una administración municipal eficiente, eficaz y transparente; propiciada por la contraloría social de la sociedad civil que erradique o mitigue la corrupción.
El Pacto supone un ejercicio multidireccional, pues tanto reclama la decisión política desde arriba, como la necesidad de impulsar transformaciones desde abajo a los actores del desarrollo local e implica una acción interactiva desde los lados o transversalmente al afectar a la sociedad civil, los medios y otros sectores. Es decir, no se trata sólo de una exigencia de la base para que la cúspide cumpla, sino de desarrollar propuestas de cambio en el marco del desarrollo local con capacidad de ser incluyente con los diversos actores de la sociedad.
Mientras se conoció que las primas de la menor sufrieron desmayos y una está en estado de coma por causa del fallecimiento de la menor. "El tiene que confesar", dijo Zuelyka, prima de Ilka.
En la misa, al igual que en el cementerio a pesar de la distancia, los estudiantes y compañeros de Ilka estuvieron presentes para dar el último adiós, todos coincidían en que hay que hacer justicia. "Ella no merecía esto", exclamaron desconsolados.
La descentralización es parte de una agenda de Estado, por lo que debe ser aceptado así en el fragor de las lides electorales. Es importante preguntar a los cuatro candidatos presidenciales, y a los que optan por los otros cargos de elección popular, si el tema ocupa un lugar en su plan de gobierno y qué lugar, ya que se trata de un aspecto fundamental del necesario desarrollo socioeconómico con equidad y de la profundización de la democracia panameña.
El Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local firmado el 5 de abril de 1999, ubica estos temas por primera vez en la agenda pública, y dibuja el escenario de las futuras apuestas por el desarrollo local y la descentralización. Constituye un canal a través del cual acuerdan transformar el centralismo y el transitismo, que ha caracterizado a la sociedad panameña y cuyo resultado ha sido la creación de una sociedad moderna y altamente tecnificada alrededor de la región metropolitana versus la creación de sociedades rurales y especialmente indígenas marginadas y empobrecidas.
Es por ello que el pacto compromete a los políticos a “Impulsar decididamente la descentralización político-administrativa del Estado panameño, como un proceso de transferencia gradual, equitativa y responsable de competencias, recursos humanos, tecnológicos y económicos; responsabilidades y poder de decisión desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. En la medida en que se efectúe esta transferencia es necesario propiciar en las municipalidades el desarrollo de las responsabilidades y capacidades necesarias para asumir el proceso a escala óptima en el ámbito local y, simultáneamente, debe lograrse la modificación de las entidades del nivel central que tenían dichas funciones. Reconocemos al Municipio como la unidad político-administrativa del proceso de descentralización del Estado, fortalecido con una creciente participación ciudadana.”
Acuerdan incentivar dos comisiones que son claves para impulsar los cambios legales y jurídicos necesarios con el fin de lograr el anterior propósito, a través de la creación de una Comisión Presidencial para la Descentralización del Estado, órgano de amplia composición encargado de preparar y coordinar un Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Municipal y una Comisión de Descentralización y Asuntos Municipales en la Asamblea Legislativa que preparen y estructuren las leyes necesarias que impulsen el proceso de descentralización.
En el Pacto, además, se puntualiza la necesidad de medidas concretas que apunten al fortalecimiento institucional de las municipalidades y ampliar su capacidad de gerencia social y ambiental. Se reconoce que la descentralización y desarrollo local “implica una fuerte participación de la sociedad civil en el ámbito local, por lo que el desarrollo local debe sumar además de infraestructura, generación productiva y puestos de trabajo en el ámbito local, el desarrollo humano y social en el ámbito local a través de programas participativos y educativos acordes a las realidades, programas de prevención y promoción de salud y salud reproductiva, que desarrollen potencialidades de todos los miembros del municipio”
El Pacto opta por incorporar a la comunidad en el proceso de planificación participativa de las actividades de desarrollo local. Aprobar los presupuestos municipales previa consulta popular sobre objetivos, prioridades y asignación de recursos. Implementación del derecho de iniciativa, referéndum municipal que otorga la Constitución Nacional (Articulo 236) e impulsar la adopción de otros derechos como el cabildo abierto, la revocación, y la participación ciudadana a través de comisiones de desarrollo municipal. Creación de comisiones municipales de desarrollo, sobre la base de criterios pluralistas de consenso y concertación, para incorporar a la sociedad civil, el sector privado con la sociedad política en el proceso de descentralización y desarrollo local. Promover una administración municipal eficiente, eficaz y transparente; propiciada por la contraloría social de la sociedad civil que erradique o mitigue la corrupción.
El Pacto supone un ejercicio multidireccional, pues tanto reclama la decisión política desde arriba, como la necesidad de impulsar transformaciones desde abajo a los actores del desarrollo local e implica una acción interactiva desde los lados o transversalmente al afectar a la sociedad civil, los medios y otros sectores. Es decir, no se trata sólo de una exigencia de la base para que la cúspide cumpla, sino de desarrollar propuestas de cambio en el marco del desarrollo local con capacidad de ser incluyente con los diversos actores de la sociedad.
Mientras se conoció que las primas de la menor sufrieron desmayos y una está en estado de coma por causa del fallecimiento de la menor. "El tiene que confesar", dijo Zuelyka, prima de Ilka.
En la misa, al igual que en el cementerio a pesar de la distancia, los estudiantes y compañeros de Ilka estuvieron presentes para dar el último adiós, todos coincidían en que hay que hacer justicia. "Ella no merecía esto", exclamaron desconsolados.
