Descentralización para el desarrollo
La concentración desproporcionada de las actividades económicas, sociales y culturales, y de los servicios públicos y asistenciales, en proporción y número, en la Ciudad de Panamá, pareciera ser deliberada para hacer al resto del país cada vez más dependiente de ésta.
Es consecuencia histórica de las migraciones de población, producidas por la fuerza de atracción que genera esa concentración repleta de necesidades insatisfechas, y la fuerza de expulsión ocasionada por el relativo abandono en que se tiene a la población del resto del país. Esta particular situación, relacionada con las actividades del Canal, tiene serias repercusiones económicas y sociales negativas, visibles, que están estrangulando el desarrollo nacional.
En la ciudad, además de la alta proporción de pobreza y desempleo, existen agudos cuestionamientos sobre la calidad y las capacidades de los servicios públicos, especialmente sobre los sistemas de distrubución de agua potable, de la disposición de las aguas residuales, y del transporte público, que repercuten en la calidad del ambiente, la salud humana y la eficiencia en el desenvolvimiento económico del entorno.
Sólo para la atención del tratamiento de las aguas residuales, el gobierno invoca incapacidad presupuestaria por la magnitud del costo que involucra. A cambio propone la privatización/concesión de los servicios de acueducto y alcantarillado que están generando airadas protestas de amplios sectores de la comunidad. Por otra parte, el continuo deterioro en la calidad del transporte público preocupa, hace insegura la circulación de vehículos, ocasiona un número cada vez más creciente de muertes y accidentes, y demanda tiempos exagerados para desplazamientos de corta distancia. No obstante, el número de vehículos a motor se incrementa cada daño, por las facilidades para adquirirlos, debido a la reducción de los costos.
En el resto del país, predominantemente rural, con las mayores proporciones de pobreza y desempleo, y de menores niveles de educación, de mayores deterioros de sus plantas físicas y de sus servicios públicos, de escasas actividades económicas, ausencia de programas de formación para el trabajo, insuficiencia en número y calidad de servicios asistenciales, golpeado por las rebajas arancelarias precipitadas que han afectado la producción agropecuaria, y las particulares condiciones infrahumanas en que viven las poblaciones indígenas, son, además de la excesiva dependencia político-administrativa de la Ciudad de Panamá, problemas que se tienen que resolver para responder a las legítimas aspiraciones de la población del resto del país.
Frente al cuadro anterior, las políticas económicas y sociales y la centralización administrativa no han demostrado ser atinadas. Más bien, en casos, inhiben, no estimulan, frustran, y omiten acciones importantes, generan nuevos problemas, o son contradictorias para responder con coherencia a la solución de problemas íntimamente relacionados.
Una administración que goza de organización política autónoma, como son los distritos (municipios) con población, cuyas sumas comprenden el total del territorio y de los habitantes nacionales, no puede ser un ente pasivo frente a acontecimientos que restringen sus progresos, su vida diaria y el porvenir de su gente. Gozar de responsabilidad administrativa autónoma significa responsabilidad social, cultural, económica, técnica y financiera, que requieren de recursos que deben generarse para ser invertidos en insumos, que sus gerentes tienen que administrar con eficiencia y claros objetivos, para lograr el bienestar general de la población de sus áreas. Desde luego, ese proceso democrático tiene que ejecutarse dentro de los lineamientos de una política nacional para hacer ordenada la entrega de los recursos, asegurar su aplicación eficiente y evitar traslados indiscriminados e inconsistentes con las políticas de desarrollo que se acuerden a todos los niveles. Hay que instituir mecanismos permanentes de control y evaluación para asegurar el cumplimiento de las ejecutorias. Así entiendo el contenido y espíritu de la Carta Magna, y lo considero fundamental a la modernidad administrativa, para gestionar la rápida incorporación ciudadana al tren expreso con rumbo hacia ese objetivo, comprometida la decidida participación del sector privado.
Dicho lo anterior, es obligación de los gobernantes de turno divisar formas y diseñar estructuras y procedimientos prácticos, por difíciles que fueren, para cumplir con las disposiciones constitucionales y las leyes. Si bien son variadas las características municipales - dispersión en diferentes grados de intensidad y complejidad, en población, superficie, recursos (naturales, técnicos y financieros)- para ejecutar las responsabilidades que les son propias, el verdadero éxito de las gestiones depende de la participación ciudadana local en el diagnóstico, la programación, ejecución y control de sus actividades. Los actores son partes interesadas que están más próximos a sus problemas, las soluciones se logran a costos razonables, es un proceso de docencia que contribuye a mejorar los conocimientos administrativos y técnicos, fortalece los vínculos comunales y la capacidad de gobernar, contribuye a la productividad, y genera orgullo por la oportunidad de servir a causas útiles en beneficio individual, familiar y colectivo. En fin, fortalece la personalidad del hombre/mujer. Este es un asunto comprobado.
En trabajo preparado, como requisito académico, para optar al título de planificador en el Reino Unido, 1962, que fuera tramitado al Gobierno de ese entonces por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sugerí medidas para cumplir objetivos de la descentralización administrativa. De regreso al país, y antes de partir, en 1963, para ocupar un cargo en la Organización de los Estados Americanos (OEA), presenté en julio de ese año al Gobierno de turno, puntos de vista para el fortalecimiento municipal y la participación de éstos en el desarrollo nacional, como Observaciones al Programa de Desarrollo Económico y Social. Más recientemente, en artículos de títulos "Descentralización Administrativa" y "Municipio, Modernización y Desarrollo", publicados el 3 de diciembre de 1997 y el 4 de enero de 1996, respectivamente, en el diario El Panamá América, entre otros, incluí sugerencias que podrían contribuir a hacer realidad esta urgente necesidad.
Ponderando la situación actual, considero que aquellos aportes siguen siendo pertinentes, como metodología para iniciar un proceso de descentralización dentro del marco político - administrativo actual, para evitar el traslado de los desaciertos y los anti-valores entronizados en el país por los actores al nivel central. Por estar distantes de las realidades de los problemas locales, imponen propuestas improvisadas, costosas, que retardan las posibilidades de impulsar el desarrollo nacional integral sostenido, democrático y de características propias.
Es consecuencia histórica de las migraciones de población, producidas por la fuerza de atracción que genera esa concentración repleta de necesidades insatisfechas, y la fuerza de expulsión ocasionada por el relativo abandono en que se tiene a la población del resto del país. Esta particular situación, relacionada con las actividades del Canal, tiene serias repercusiones económicas y sociales negativas, visibles, que están estrangulando el desarrollo nacional.
En la ciudad, además de la alta proporción de pobreza y desempleo, existen agudos cuestionamientos sobre la calidad y las capacidades de los servicios públicos, especialmente sobre los sistemas de distrubución de agua potable, de la disposición de las aguas residuales, y del transporte público, que repercuten en la calidad del ambiente, la salud humana y la eficiencia en el desenvolvimiento económico del entorno.
Sólo para la atención del tratamiento de las aguas residuales, el gobierno invoca incapacidad presupuestaria por la magnitud del costo que involucra. A cambio propone la privatización/concesión de los servicios de acueducto y alcantarillado que están generando airadas protestas de amplios sectores de la comunidad. Por otra parte, el continuo deterioro en la calidad del transporte público preocupa, hace insegura la circulación de vehículos, ocasiona un número cada vez más creciente de muertes y accidentes, y demanda tiempos exagerados para desplazamientos de corta distancia. No obstante, el número de vehículos a motor se incrementa cada daño, por las facilidades para adquirirlos, debido a la reducción de los costos.
En el resto del país, predominantemente rural, con las mayores proporciones de pobreza y desempleo, y de menores niveles de educación, de mayores deterioros de sus plantas físicas y de sus servicios públicos, de escasas actividades económicas, ausencia de programas de formación para el trabajo, insuficiencia en número y calidad de servicios asistenciales, golpeado por las rebajas arancelarias precipitadas que han afectado la producción agropecuaria, y las particulares condiciones infrahumanas en que viven las poblaciones indígenas, son, además de la excesiva dependencia político-administrativa de la Ciudad de Panamá, problemas que se tienen que resolver para responder a las legítimas aspiraciones de la población del resto del país.
Frente al cuadro anterior, las políticas económicas y sociales y la centralización administrativa no han demostrado ser atinadas. Más bien, en casos, inhiben, no estimulan, frustran, y omiten acciones importantes, generan nuevos problemas, o son contradictorias para responder con coherencia a la solución de problemas íntimamente relacionados.
Una administración que goza de organización política autónoma, como son los distritos (municipios) con población, cuyas sumas comprenden el total del territorio y de los habitantes nacionales, no puede ser un ente pasivo frente a acontecimientos que restringen sus progresos, su vida diaria y el porvenir de su gente. Gozar de responsabilidad administrativa autónoma significa responsabilidad social, cultural, económica, técnica y financiera, que requieren de recursos que deben generarse para ser invertidos en insumos, que sus gerentes tienen que administrar con eficiencia y claros objetivos, para lograr el bienestar general de la población de sus áreas. Desde luego, ese proceso democrático tiene que ejecutarse dentro de los lineamientos de una política nacional para hacer ordenada la entrega de los recursos, asegurar su aplicación eficiente y evitar traslados indiscriminados e inconsistentes con las políticas de desarrollo que se acuerden a todos los niveles. Hay que instituir mecanismos permanentes de control y evaluación para asegurar el cumplimiento de las ejecutorias. Así entiendo el contenido y espíritu de la Carta Magna, y lo considero fundamental a la modernidad administrativa, para gestionar la rápida incorporación ciudadana al tren expreso con rumbo hacia ese objetivo, comprometida la decidida participación del sector privado.
Dicho lo anterior, es obligación de los gobernantes de turno divisar formas y diseñar estructuras y procedimientos prácticos, por difíciles que fueren, para cumplir con las disposiciones constitucionales y las leyes. Si bien son variadas las características municipales - dispersión en diferentes grados de intensidad y complejidad, en población, superficie, recursos (naturales, técnicos y financieros)- para ejecutar las responsabilidades que les son propias, el verdadero éxito de las gestiones depende de la participación ciudadana local en el diagnóstico, la programación, ejecución y control de sus actividades. Los actores son partes interesadas que están más próximos a sus problemas, las soluciones se logran a costos razonables, es un proceso de docencia que contribuye a mejorar los conocimientos administrativos y técnicos, fortalece los vínculos comunales y la capacidad de gobernar, contribuye a la productividad, y genera orgullo por la oportunidad de servir a causas útiles en beneficio individual, familiar y colectivo. En fin, fortalece la personalidad del hombre/mujer. Este es un asunto comprobado.
En trabajo preparado, como requisito académico, para optar al título de planificador en el Reino Unido, 1962, que fuera tramitado al Gobierno de ese entonces por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sugerí medidas para cumplir objetivos de la descentralización administrativa. De regreso al país, y antes de partir, en 1963, para ocupar un cargo en la Organización de los Estados Americanos (OEA), presenté en julio de ese año al Gobierno de turno, puntos de vista para el fortalecimiento municipal y la participación de éstos en el desarrollo nacional, como Observaciones al Programa de Desarrollo Económico y Social. Más recientemente, en artículos de títulos "Descentralización Administrativa" y "Municipio, Modernización y Desarrollo", publicados el 3 de diciembre de 1997 y el 4 de enero de 1996, respectivamente, en el diario El Panamá América, entre otros, incluí sugerencias que podrían contribuir a hacer realidad esta urgente necesidad.
Ponderando la situación actual, considero que aquellos aportes siguen siendo pertinentes, como metodología para iniciar un proceso de descentralización dentro del marco político - administrativo actual, para evitar el traslado de los desaciertos y los anti-valores entronizados en el país por los actores al nivel central. Por estar distantes de las realidades de los problemas locales, imponen propuestas improvisadas, costosas, que retardan las posibilidades de impulsar el desarrollo nacional integral sostenido, democrático y de características propias.
