Desempleo en Francia
Francia, como la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, arrastra el problema crónico del desempleo, calculado conservadoramente en el 10 por ciento de la fuerza de trabajo. Los regímenes de derecha, desde Georges Pompidou y Valery Giscard D"Estaing hasta Jacques Chirac, así como los gobiernos socialistas, de Mitterrand a Jospin, han ensayado diversas políticas para reducir el paro sin consecuencias plausibles.
En búsqueda de una nueva fórmula más eficaz que las anteriores, el Primer Ministro socialista Lionel Jospin se está preparando para sustentar a partir del 27 de enero un proyecto de ley que reduciría la semana laborable a 35 horas en toda empresa que emplee a 20 o más personas.
En las últimas semanas la propuesta de Jospin ha desencadenado manifestaciones y diversos actos de protesta contra el proyecto de ley que se nutre no en la "cultura del ocio" profetizada por los panegiristas sociológicos de la sociedad post-industrial, sino en una realidad simple: reducir la jornada laboral para darle ocupación a los desocupados. Sin embargo, a despecho de lo que se propone el líder socialista, los empleadores han advertido que la medida propuesta podría destruir plazas de trabajo en vez de crearlas.
Un columnista del Financial Times preguntó cierta vez si era posible en Europa Occidental combinar los proteccionismos del Estado de bienestar con la flexibilidad del mercado laboral de Estados Unidos. En Francia no se ha dado respuesta a las inquisiciones del periodista inglés. Probablemente ello se deba a que la legislación más se inclina a proteger los derechos del trabajador en trance de jubilación que en crear puestos de trabajo a las nuevas generaciones dentro de los desafíos de la tecnología moderna. El estado francés dedica una porción creciente de sus recursos a pagar pensiones, educación y desempleo, pues existe un subsidio para tal fin.
En el Libro Blanco sobre el Empleo, elaborado por el anterior presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors recomienda que el Estado de Bienestar tiene que afrontar una seria de reestructuraciones y reducir su déficit público dentro de los márgenes del Tratado de Maastricht -el tres por ciento del Producto Interno Bruto-, pero nunca a costa de dejar indefensos a los parados y pensionistas.
Sin embargo, la tendencia dentro de los países de la OCDE (Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica), que suman 35 millones de parados, es a aumentar el gasto público que ha evolucionado del 28 por ciento en 1960 a 43.8 por ciento en 1990, calculándose que puede llegar al 50 por ciento en el dos mil.
Por otro lado, las privatizaciones, en vez de aumentar el empleo, lo reducen por la automatización de la informática. Por ello se piensa en Francia, como en la Unión Europea, que quizás la alternativa es enfocar no la cantidad sino la calidad del empleo, cambiando los parámetros educativos. Según el escritor francés Michel Albert, Europa se comporta como una vieja dama que vende sus alhajas para mantener su tren de vida.
El debate sobre la ley Jospin, al calor de protestas callejeras y tomas de locales públicos, puede resultar esclarecedor no solamente para Francia sino para todos los países, sean desarrollados o subdesarrollados, que, con tasas diferentes de desempleo, tienen el problema en casa. Trabajar o no trabajar, progresar o sucumbir, es el grito de guerra de millones de desempleados, sin horizonte claro en lontananza.
En búsqueda de una nueva fórmula más eficaz que las anteriores, el Primer Ministro socialista Lionel Jospin se está preparando para sustentar a partir del 27 de enero un proyecto de ley que reduciría la semana laborable a 35 horas en toda empresa que emplee a 20 o más personas.
En las últimas semanas la propuesta de Jospin ha desencadenado manifestaciones y diversos actos de protesta contra el proyecto de ley que se nutre no en la "cultura del ocio" profetizada por los panegiristas sociológicos de la sociedad post-industrial, sino en una realidad simple: reducir la jornada laboral para darle ocupación a los desocupados. Sin embargo, a despecho de lo que se propone el líder socialista, los empleadores han advertido que la medida propuesta podría destruir plazas de trabajo en vez de crearlas.
Un columnista del Financial Times preguntó cierta vez si era posible en Europa Occidental combinar los proteccionismos del Estado de bienestar con la flexibilidad del mercado laboral de Estados Unidos. En Francia no se ha dado respuesta a las inquisiciones del periodista inglés. Probablemente ello se deba a que la legislación más se inclina a proteger los derechos del trabajador en trance de jubilación que en crear puestos de trabajo a las nuevas generaciones dentro de los desafíos de la tecnología moderna. El estado francés dedica una porción creciente de sus recursos a pagar pensiones, educación y desempleo, pues existe un subsidio para tal fin.
En el Libro Blanco sobre el Empleo, elaborado por el anterior presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors recomienda que el Estado de Bienestar tiene que afrontar una seria de reestructuraciones y reducir su déficit público dentro de los márgenes del Tratado de Maastricht -el tres por ciento del Producto Interno Bruto-, pero nunca a costa de dejar indefensos a los parados y pensionistas.
Sin embargo, la tendencia dentro de los países de la OCDE (Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica), que suman 35 millones de parados, es a aumentar el gasto público que ha evolucionado del 28 por ciento en 1960 a 43.8 por ciento en 1990, calculándose que puede llegar al 50 por ciento en el dos mil.
Por otro lado, las privatizaciones, en vez de aumentar el empleo, lo reducen por la automatización de la informática. Por ello se piensa en Francia, como en la Unión Europea, que quizás la alternativa es enfocar no la cantidad sino la calidad del empleo, cambiando los parámetros educativos. Según el escritor francés Michel Albert, Europa se comporta como una vieja dama que vende sus alhajas para mantener su tren de vida.
El debate sobre la ley Jospin, al calor de protestas callejeras y tomas de locales públicos, puede resultar esclarecedor no solamente para Francia sino para todos los países, sean desarrollados o subdesarrollados, que, con tasas diferentes de desempleo, tienen el problema en casa. Trabajar o no trabajar, progresar o sucumbir, es el grito de guerra de millones de desempleados, sin horizonte claro en lontananza.
