Desempleo, pobreza y educación
Iniciamos el Año Nuevo de 1998 ante la realidad de que la pobreza y la falta de equidad en la distribución del ingreso y de las oportunidades de acceso a la educación y la salud en América Latina han aumentado. Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Esta preocupante información se registra no obstante las numerosas reuniones sucesivas anuales de alto nivel técnico y político desde hace una década para examinar los progresos. Esos cónclaves incluyeron, entre 1991 y 1997, siete cumbres de Presidentes de Iberoamérica.
Panamá adquirió compromisos y suscribió acuerdos en esas reuniones para erradicar la pobreza de su territorio en tiempo programado como un imperativo de dimensión éticomoral. Nos compete a todos, por consiguiente, contribuir y asegurar el cumplimiento de esos compromisos y acuerdos en todas sus partes como país responsable, para evitar mayores deterioros en las condiciones de vida de la población marginada en nuestro medio. La pobreza es una condición perniciosa, perturbante para los amantes de la convivencia pacífica.
Muy vinculada a los problemas agropecuarios, de la minería del medio ambiente, de la corrupción, la competitividad y la productividad, entre otros, la erradicación de la pobreza depende de manera sensible de los niveles de educación; más ahora al reconocer que vivimos en un período en que los conocimientos a fondo son indispensables para competir con posibilidades de buen éxito. Los esfuerzos tienen que ser organizados, y desarrollarse al margen de las improvisaciones; esos esfuerzos se conciben mejor cuando se canalizan como parte de un plan consensuado de desarrollo nacional, prioretizado, y en el contexto, ahora forzoso, de la globalización.
En perspectiva histórica, la marginalidad como problema visible en Panamá estuvo presente desde antes de la independencia patria de Colombia, pero se intensificó a partir de la era de la construcción del Canal que generó el descuido en la atención de las riquezas potenciales y las necesidades de la población del interior del país. Esta obra contribuyó indirectamente al incremento de la pobreza rural, y en las ciudades terminales de Panamá y Colón a las condiciones de hacinamiento resultado del flujo de una población migrante voluminosa cuyas necesidades sociales no pudieron ser atendidas en las extensiones requeridas por limitaciones de los recursos fiscales. Fue marcada la situación de deterioro durante el período de la Depresión Mundial.
Durante el período de la Segunda Guerra Mundial el desempleo disminuyó pero, terminado ese conflicto bélico, incrementó en todo el territorio y recrudeció el hacinamiento primero en sectores de las ciudades terminales y luego en sus periferias con gente atraída por los atractivos socioeconómicos del área canalera. Si bien se produjeron períodos de mejoramiento durante las décadas de los años 60 y 70, el problema del desempleo, hoy día crítico, persistió.
A través de los años se ha desarrollado una mentalidad psicológica canalera al extremo de que algunos sectores son de la creencia que el Canal es nuestro punto de salvación. Por importantes que sean las actividades económicas de este bien, la excesiva dependencia de ellas ha perjudicado el desarrollo nacional. El país necesita de nuevos enfoques estratégicos para erradicar la pobreza y democratizar la riqueza que genera. La comunidad interamericana reconoce la necesidad de introducir cambios en las políticas de corte neoliberal por conceptos más dinámicos que expeditan mejores resultados. Se aboga por cambios drásticos y urgentes para frenar un mayor deterioro de las condiciones sociales de las mayorías.
Aquella coyuntura encuentra a Panamá con una deuda externa de más de B/.5 mil millones, un servicio a la deuda que absorbe cerca del 20% de los ingresos fiscales y el pago de una elevada burocracia poco rentable que dejan escasos recursos para las inversiones. Así, se recurre a nuevos empréstitos con períodos de gracia que incrementan la deuda, cuyos compromisos de pagos se trasladarán a las generaciones futuras. Se reciben recursos por las privatizaciones de empresas, y éstas para ser competitivas funcionarán con tecnologías modernas y si bien en el período inicial se abstendrán de reducir su personal por razones puramente políticas, no tardarán en ajustar esos cuadros a sus reales requerimientos con el consiguiente incremento de la nómina de desempleados. La rebaja arancelaria, se advierte, contribuirá al aumento del desempleo en los sectores agroindustrial y, conforme a experiencias del pasado, se anticipa que poco ayudará a reducir el costo de la canasta básica. Mientras, persiste el deterioro de los salarios frente al alza constante de los precios de los artículos de primera necesidad, la vivienda y los servicios públicos.
El informe sobre Desarrollo Humano, 1997 del Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD), establece el 3% per cápita anual como meta de crecimiento DIRIGIDO A LOS POBRES para duplicar los ingresos en una generación y reducir a la mitad las incidencias de la pobreza en 10 años. Un programa con posibilidades de buen éxito requeriría del apoyo de los distintos sectores vivos de la sociedad. En la cruzada será vital la definición de objetivos y políticas nacionales transparentes, a largo lazo, la participación de las inversiones de capital privado nacional y foránea y la incorporación de la tecnología moderna indispensable para mejorar los conocimientos, las destrezas la productividad y las capacidades administrativas del capital humano. La atracción de esas inversiones dependerá de la formulación de disposiciones legales que garanticen seguridad jurídica, y la definición de reglas del juego claras que generen respeto y confianza, para asegurar la participación sostenida, a largo plazo, de la población y de las empresas que se establezcan.
Panamá adquirió compromisos y suscribió acuerdos en esas reuniones para erradicar la pobreza de su territorio en tiempo programado como un imperativo de dimensión éticomoral. Nos compete a todos, por consiguiente, contribuir y asegurar el cumplimiento de esos compromisos y acuerdos en todas sus partes como país responsable, para evitar mayores deterioros en las condiciones de vida de la población marginada en nuestro medio. La pobreza es una condición perniciosa, perturbante para los amantes de la convivencia pacífica.
Muy vinculada a los problemas agropecuarios, de la minería del medio ambiente, de la corrupción, la competitividad y la productividad, entre otros, la erradicación de la pobreza depende de manera sensible de los niveles de educación; más ahora al reconocer que vivimos en un período en que los conocimientos a fondo son indispensables para competir con posibilidades de buen éxito. Los esfuerzos tienen que ser organizados, y desarrollarse al margen de las improvisaciones; esos esfuerzos se conciben mejor cuando se canalizan como parte de un plan consensuado de desarrollo nacional, prioretizado, y en el contexto, ahora forzoso, de la globalización.
En perspectiva histórica, la marginalidad como problema visible en Panamá estuvo presente desde antes de la independencia patria de Colombia, pero se intensificó a partir de la era de la construcción del Canal que generó el descuido en la atención de las riquezas potenciales y las necesidades de la población del interior del país. Esta obra contribuyó indirectamente al incremento de la pobreza rural, y en las ciudades terminales de Panamá y Colón a las condiciones de hacinamiento resultado del flujo de una población migrante voluminosa cuyas necesidades sociales no pudieron ser atendidas en las extensiones requeridas por limitaciones de los recursos fiscales. Fue marcada la situación de deterioro durante el período de la Depresión Mundial.
Durante el período de la Segunda Guerra Mundial el desempleo disminuyó pero, terminado ese conflicto bélico, incrementó en todo el territorio y recrudeció el hacinamiento primero en sectores de las ciudades terminales y luego en sus periferias con gente atraída por los atractivos socioeconómicos del área canalera. Si bien se produjeron períodos de mejoramiento durante las décadas de los años 60 y 70, el problema del desempleo, hoy día crítico, persistió.
A través de los años se ha desarrollado una mentalidad psicológica canalera al extremo de que algunos sectores son de la creencia que el Canal es nuestro punto de salvación. Por importantes que sean las actividades económicas de este bien, la excesiva dependencia de ellas ha perjudicado el desarrollo nacional. El país necesita de nuevos enfoques estratégicos para erradicar la pobreza y democratizar la riqueza que genera. La comunidad interamericana reconoce la necesidad de introducir cambios en las políticas de corte neoliberal por conceptos más dinámicos que expeditan mejores resultados. Se aboga por cambios drásticos y urgentes para frenar un mayor deterioro de las condiciones sociales de las mayorías.
Aquella coyuntura encuentra a Panamá con una deuda externa de más de B/.5 mil millones, un servicio a la deuda que absorbe cerca del 20% de los ingresos fiscales y el pago de una elevada burocracia poco rentable que dejan escasos recursos para las inversiones. Así, se recurre a nuevos empréstitos con períodos de gracia que incrementan la deuda, cuyos compromisos de pagos se trasladarán a las generaciones futuras. Se reciben recursos por las privatizaciones de empresas, y éstas para ser competitivas funcionarán con tecnologías modernas y si bien en el período inicial se abstendrán de reducir su personal por razones puramente políticas, no tardarán en ajustar esos cuadros a sus reales requerimientos con el consiguiente incremento de la nómina de desempleados. La rebaja arancelaria, se advierte, contribuirá al aumento del desempleo en los sectores agroindustrial y, conforme a experiencias del pasado, se anticipa que poco ayudará a reducir el costo de la canasta básica. Mientras, persiste el deterioro de los salarios frente al alza constante de los precios de los artículos de primera necesidad, la vivienda y los servicios públicos.
El informe sobre Desarrollo Humano, 1997 del Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD), establece el 3% per cápita anual como meta de crecimiento DIRIGIDO A LOS POBRES para duplicar los ingresos en una generación y reducir a la mitad las incidencias de la pobreza en 10 años. Un programa con posibilidades de buen éxito requeriría del apoyo de los distintos sectores vivos de la sociedad. En la cruzada será vital la definición de objetivos y políticas nacionales transparentes, a largo lazo, la participación de las inversiones de capital privado nacional y foránea y la incorporación de la tecnología moderna indispensable para mejorar los conocimientos, las destrezas la productividad y las capacidades administrativas del capital humano. La atracción de esas inversiones dependerá de la formulación de disposiciones legales que garanticen seguridad jurídica, y la definición de reglas del juego claras que generen respeto y confianza, para asegurar la participación sostenida, a largo plazo, de la población y de las empresas que se establezcan.
