Desempleo y hambre
Victoriano Rodríguez S. (diostesalvepanama@yahoo.com)
Hace algunas semanas los medios de comunicación informaban sobre la muerte más dolorosa, angustiosa y desesperante: La muerte por hambre, angustia que he denominado como "la muerte negra". Observamos también el despliegue que se realiza hacia Divalá y Arraiján, que para mi entender no son el foco de atención, aún cuando ahí se da inicio a una situación que viene de arrastre, porque la desnutrición y el hambre es un fenómeno de antaño. En consecuencia, Divalá y Arraiján son solamente ojos de agua que alimentan el río; quizás el epicentro del problema que permite vislumbrar la necesidad de alimentos, tierra y trabajo de un pueblo angustiado. Pero es que las víctimas de la "muerte negra" son producto de la mala distribución de la riqueza.
Cifras e informes nacionales y de organismos internacionales revelan que nuestro país presenta, aproximadamente, el 40% de pobreza y casi el 20% de pobreza extrema. El nivel de desempleo alcanza el 14.4% (cifras oficiales), pero que analizado desde un punto de vista diferente (desempleo cerrado) puede rebasar el 30%. Es allí precisamente donde se inician los problemas y puede degenerarse una explosión social. ¡Dios te salve Panamá!
Esa mala distribución de la riqueza nos lleva a meditaciones muy profundas, que analizadas y evaluadas, seria y objetivamente, deben llevar a cualquier gobierno a la reflexión. Mientras el Defensor del Pueblo y los magistrados devengan salarios de B/.10.000.00 mensuales y los padres de la patria o legisladores, así como los ministros reciben B/.7.000.00 mensuales, el hijo de Juana sufre de "la muerte negra". Igualmente es conocido que algunos gerentes, oficiales o ejecutivos de empresas reciben altos emolumentos mediante el sistema de "gastos de representación", para distraer el pago de los tributos a la seguridad social. Esto conlleva a que aproximadamente el 20% de la población panameña se muere de hambre bajo la mirada airada y despreocupada de quienes más tienen. El caso es patético. La situación de Divalá y Arraiján se puede presentar en cualquier punto del país, desde Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas hasta Darién; sin olvidar nuestras barriadas brujas y Colón, ya Juan Pueblo no sabe cómo clamar por justicia social.
En 1994, expresamos la existencia, en el oriente chiricano, de la reaparición de enfermedades erradicadas en Panamá, como la tuberculosis. Que la "Salud igual para todos" se quedaba en la metrópolis, porque "nuestros cholos no generan riqueza". Cuán equivocados estamos. Quizás esté arando en el mar o escribiendo al viento, pero es preocupante una explosión social y cualquier cerillo puede encender la llama de esos desagradables momentos que actualmente viven nuestros hermanos de Centro y Sur América. ¡Dios te salve Panamá!
Por ello, humildemente, pedimos a nuestros empresarios y al gobierno que dediquemos un tiempo a meditar sobre lo que somos y queremos ser; un país próspero donde todavía se puede respirar con alguna tranquilidad y sin desasosiego o un país donde el hijo de Juana muera de hambre y desnutrición, mendigando un puesto de trabajo, mientras la clase media brinda poca importancia al problema sin sospechar siquiera que es la próxima víctima del sistema. Meditemos sobre estos jóvenes que a gritos piden empleos, porque mientras se contratan a personas que (sin menospreciar su talento y capacidad), están jubilados y se les pagan altos emolumentos salariales (sea de B/.1,000.00, B/.2,000.00 o B/.3,000.00), con los que se pueden contratar dos o tres jóvenes profesionales por la misma suma, es decir con salarios de B/.500.00 ó B/.600.00 aproximadamente, mientras están haciendo o desarrollando su carrera.
Los empresarios tienen que estar claros que para poder generar riqueza debe existir demandantes de sus productos o servicios, de lo contrario, de no generarse empleos: ¿De qué sirve lo que oferten? ¿Quién ha de adquirir sus productos? Sin empleo no hay dinero. Sin dinero no hay intercambio, sin intercambio viene un estancamiento económico. Con el estancamiento económico el comerciante deja de vender y de hecho de ganar dinero; en consecuencia, la clase pobre tiende a ser más pobre, deja de consumir y puede, de acuerdo a las circunstancias, comenzar el proceso de la miseria humana, a la pérdida de los desvalores éticos y morales. Robar por necesidad. Matar o morir por hambre, en el peor de los casos. Quizás y sólo quizás, ésta sea una de las situaciones por la cual muchos jóvenes han llegado al suicidio. La generación de empleos es una necesidad, hoy más que ayer. ¡Dios te salve Panamá!
(victorianos@hotmail.com)
Una de esas madres lloraba desconsolada y enviaba un mensaje a la presidenta Mireya Moscoso: "Ella también es madre sola y dijo que iba a ayudar a los más pobres. ¿Dónde está ahora? No le interesa con niños, ni con las mamás, ni con nadie. ¡Mire cómo duermen! ¿Dónde están los derechos humanos? Usted no tiene idea de lo que hemos pasado aquí con estos aguaceros. Estamos cerca de la playa. Tenemos que estar poniéndoles cartones y sábanas encima a los pelaos", señaló entre acongojada y molesta.
De hecho, un niño de meses de nacido convulsionó la madrugada de ayer, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital del Niño.
Vielka Gómez, una niña de unos 9 años, estudiante de la Escuela República de Venezuela, advirtió que los legisladores no los apoyan. Pide a "Mireya" que dé solución.
"Yo le pido a Mireya que nos den solución, porque ella tiene solución y se está riendo de nosotros. Ella no quiere venir aquí a darnos solución. Ella tiene a su hijo allá y nosotros estamos aquí. Los niños enfermos y los niños recién nacidos se están mojando. Ella no da medicinas para que los niños no estén enfermos", dijo emocionada la pequeña.
Otra mujer, entrada en años, y con más de 40 años de residir en la renta, argumentó que ella optó por ir a vivir donde un hijo, en Pueblo Nuevo. Pero él también vive en un cuarto de una casa condenada, donde no hay agua ni para tomar. Es muy pequeño y no cabe en ese lugar, por lo que se regresó a Calle 27. Asegura que el MIVI le prometió que le daría una solución de vivienda.
"No te llames a engaño", le dijo otra moradora. "Ya esos apartamentos que tiene el MIVI en Avenida B están apartados para la gente de ellos", añadió en tono de rabia contenida y desesperanza.
"Yo sí estoy preocupado por esta situación", dijo uno de los pocos hombres que han quedado allí y que residió en la renta durante 25 años, desde que aún era un niño. "¿Usted cree que si yo tuviera un lugar adonde ir estuviera aquí en la calle con mi familia?", pregunta apesadumbrado. El fue uno de los que resultó detenido y golpeado durante el desalojo.
Así, el cuadro desolador hace que en la conciencia se prenda una luz de advertencia. Allí no se observa a extranjeros, que también son seres humanos. Allí hay panameños, especialmente niños, que merecen una mejor calidad de vida y que hoy, claman por un techo digno donde cobijarse.
Hay quienes se han atrevido a decir que muchos son malvivientes. La realidad es que lo que se observa en ese alero de un antiguo local comercial, es a mujeres que tratan de ganarse la vida vendiendo chucherías, a personas que no por tener un empleo informal, son malvivientes.
Allí hay seres humanos y, de partida, eso es lo que cuenta. No en vano, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, advierte que "el Capítulo 6° de la Constitución Política de la República de Panamá, dedicado a la Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, consagra en su artículo 113 el derecho social que tiene toda la población, de contar con una vivienda, y obliga al Estado a establecer una política nacional de vivienda, destinada especialmente a los sectores de menor ingreso".
Por lo pronto, Ramón Ashby, representante de Calidonia, sostiene que la Caja de Seguro Social (CSS), propietaria de la Renta 5, no cumplió con un acuerdo previo en que se comprometió a no desalojar hasta tanto se construyera una barraca en terrenos, propiedad de esta institución, en el corregimiento de Parque Lefevre.
En tanto, Samuel Rivera, sub secretario de la entidad, afirma que la entidad no ha abandonado a su suerte a los afectados, a quienes se les ofreció alojamiento en una pensión durante el fin de semana pasado, pero éstos no aceptaron.
Añadió que se sostienen conversaciones con autoridades del MIVI para construir barracas temporales en terrenos de la CSS, aunque eso demorará un tiempo, por lo que los instó a que "traten de buscar salidas a la situación que enfrentan".
También se recurrirá a la Alcaldía de Panamá para estudiar la posibilidad de alojar a los afectados en un gimnasio, de manera temporal.
Hace algunas semanas los medios de comunicación informaban sobre la muerte más dolorosa, angustiosa y desesperante: La muerte por hambre, angustia que he denominado como "la muerte negra". Observamos también el despliegue que se realiza hacia Divalá y Arraiján, que para mi entender no son el foco de atención, aún cuando ahí se da inicio a una situación que viene de arrastre, porque la desnutrición y el hambre es un fenómeno de antaño. En consecuencia, Divalá y Arraiján son solamente ojos de agua que alimentan el río; quizás el epicentro del problema que permite vislumbrar la necesidad de alimentos, tierra y trabajo de un pueblo angustiado. Pero es que las víctimas de la "muerte negra" son producto de la mala distribución de la riqueza.
Cifras e informes nacionales y de organismos internacionales revelan que nuestro país presenta, aproximadamente, el 40% de pobreza y casi el 20% de pobreza extrema. El nivel de desempleo alcanza el 14.4% (cifras oficiales), pero que analizado desde un punto de vista diferente (desempleo cerrado) puede rebasar el 30%. Es allí precisamente donde se inician los problemas y puede degenerarse una explosión social. ¡Dios te salve Panamá!
Esa mala distribución de la riqueza nos lleva a meditaciones muy profundas, que analizadas y evaluadas, seria y objetivamente, deben llevar a cualquier gobierno a la reflexión. Mientras el Defensor del Pueblo y los magistrados devengan salarios de B/.10.000.00 mensuales y los padres de la patria o legisladores, así como los ministros reciben B/.7.000.00 mensuales, el hijo de Juana sufre de "la muerte negra". Igualmente es conocido que algunos gerentes, oficiales o ejecutivos de empresas reciben altos emolumentos mediante el sistema de "gastos de representación", para distraer el pago de los tributos a la seguridad social. Esto conlleva a que aproximadamente el 20% de la población panameña se muere de hambre bajo la mirada airada y despreocupada de quienes más tienen. El caso es patético. La situación de Divalá y Arraiján se puede presentar en cualquier punto del país, desde Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas hasta Darién; sin olvidar nuestras barriadas brujas y Colón, ya Juan Pueblo no sabe cómo clamar por justicia social.
En 1994, expresamos la existencia, en el oriente chiricano, de la reaparición de enfermedades erradicadas en Panamá, como la tuberculosis. Que la "Salud igual para todos" se quedaba en la metrópolis, porque "nuestros cholos no generan riqueza". Cuán equivocados estamos. Quizás esté arando en el mar o escribiendo al viento, pero es preocupante una explosión social y cualquier cerillo puede encender la llama de esos desagradables momentos que actualmente viven nuestros hermanos de Centro y Sur América. ¡Dios te salve Panamá!
Por ello, humildemente, pedimos a nuestros empresarios y al gobierno que dediquemos un tiempo a meditar sobre lo que somos y queremos ser; un país próspero donde todavía se puede respirar con alguna tranquilidad y sin desasosiego o un país donde el hijo de Juana muera de hambre y desnutrición, mendigando un puesto de trabajo, mientras la clase media brinda poca importancia al problema sin sospechar siquiera que es la próxima víctima del sistema. Meditemos sobre estos jóvenes que a gritos piden empleos, porque mientras se contratan a personas que (sin menospreciar su talento y capacidad), están jubilados y se les pagan altos emolumentos salariales (sea de B/.1,000.00, B/.2,000.00 o B/.3,000.00), con los que se pueden contratar dos o tres jóvenes profesionales por la misma suma, es decir con salarios de B/.500.00 ó B/.600.00 aproximadamente, mientras están haciendo o desarrollando su carrera.
Los empresarios tienen que estar claros que para poder generar riqueza debe existir demandantes de sus productos o servicios, de lo contrario, de no generarse empleos: ¿De qué sirve lo que oferten? ¿Quién ha de adquirir sus productos? Sin empleo no hay dinero. Sin dinero no hay intercambio, sin intercambio viene un estancamiento económico. Con el estancamiento económico el comerciante deja de vender y de hecho de ganar dinero; en consecuencia, la clase pobre tiende a ser más pobre, deja de consumir y puede, de acuerdo a las circunstancias, comenzar el proceso de la miseria humana, a la pérdida de los desvalores éticos y morales. Robar por necesidad. Matar o morir por hambre, en el peor de los casos. Quizás y sólo quizás, ésta sea una de las situaciones por la cual muchos jóvenes han llegado al suicidio. La generación de empleos es una necesidad, hoy más que ayer. ¡Dios te salve Panamá!
(victorianos@hotmail.com)
Una de esas madres lloraba desconsolada y enviaba un mensaje a la presidenta Mireya Moscoso: "Ella también es madre sola y dijo que iba a ayudar a los más pobres. ¿Dónde está ahora? No le interesa con niños, ni con las mamás, ni con nadie. ¡Mire cómo duermen! ¿Dónde están los derechos humanos? Usted no tiene idea de lo que hemos pasado aquí con estos aguaceros. Estamos cerca de la playa. Tenemos que estar poniéndoles cartones y sábanas encima a los pelaos", señaló entre acongojada y molesta.
De hecho, un niño de meses de nacido convulsionó la madrugada de ayer, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital del Niño.
Vielka Gómez, una niña de unos 9 años, estudiante de la Escuela República de Venezuela, advirtió que los legisladores no los apoyan. Pide a "Mireya" que dé solución.
"Yo le pido a Mireya que nos den solución, porque ella tiene solución y se está riendo de nosotros. Ella no quiere venir aquí a darnos solución. Ella tiene a su hijo allá y nosotros estamos aquí. Los niños enfermos y los niños recién nacidos se están mojando. Ella no da medicinas para que los niños no estén enfermos", dijo emocionada la pequeña.
Otra mujer, entrada en años, y con más de 40 años de residir en la renta, argumentó que ella optó por ir a vivir donde un hijo, en Pueblo Nuevo. Pero él también vive en un cuarto de una casa condenada, donde no hay agua ni para tomar. Es muy pequeño y no cabe en ese lugar, por lo que se regresó a Calle 27. Asegura que el MIVI le prometió que le daría una solución de vivienda.
"No te llames a engaño", le dijo otra moradora. "Ya esos apartamentos que tiene el MIVI en Avenida B están apartados para la gente de ellos", añadió en tono de rabia contenida y desesperanza.
"Yo sí estoy preocupado por esta situación", dijo uno de los pocos hombres que han quedado allí y que residió en la renta durante 25 años, desde que aún era un niño. "¿Usted cree que si yo tuviera un lugar adonde ir estuviera aquí en la calle con mi familia?", pregunta apesadumbrado. El fue uno de los que resultó detenido y golpeado durante el desalojo.
Así, el cuadro desolador hace que en la conciencia se prenda una luz de advertencia. Allí no se observa a extranjeros, que también son seres humanos. Allí hay panameños, especialmente niños, que merecen una mejor calidad de vida y que hoy, claman por un techo digno donde cobijarse.
Hay quienes se han atrevido a decir que muchos son malvivientes. La realidad es que lo que se observa en ese alero de un antiguo local comercial, es a mujeres que tratan de ganarse la vida vendiendo chucherías, a personas que no por tener un empleo informal, son malvivientes.
Allí hay seres humanos y, de partida, eso es lo que cuenta. No en vano, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, advierte que "el Capítulo 6° de la Constitución Política de la República de Panamá, dedicado a la Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, consagra en su artículo 113 el derecho social que tiene toda la población, de contar con una vivienda, y obliga al Estado a establecer una política nacional de vivienda, destinada especialmente a los sectores de menor ingreso".
Por lo pronto, Ramón Ashby, representante de Calidonia, sostiene que la Caja de Seguro Social (CSS), propietaria de la Renta 5, no cumplió con un acuerdo previo en que se comprometió a no desalojar hasta tanto se construyera una barraca en terrenos, propiedad de esta institución, en el corregimiento de Parque Lefevre.
En tanto, Samuel Rivera, sub secretario de la entidad, afirma que la entidad no ha abandonado a su suerte a los afectados, a quienes se les ofreció alojamiento en una pensión durante el fin de semana pasado, pero éstos no aceptaron.
Añadió que se sostienen conversaciones con autoridades del MIVI para construir barracas temporales en terrenos de la CSS, aunque eso demorará un tiempo, por lo que los instó a que "traten de buscar salidas a la situación que enfrentan".
También se recurrirá a la Alcaldía de Panamá para estudiar la posibilidad de alojar a los afectados en un gimnasio, de manera temporal.
