Designación de los magistrados
El artículo de la Constitución que consagra la forma de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debe ser objeto de una reforma, a fin de evitar polémica cada vez que hay que llenar una vacante en nuestra máxima corporación de justicia. Esta norma no está adecuada a las exigencias de las sociedades modernas, toda vez que dichos nombramientos se fundamentan en criterios personales y políticos, desestimando la superación académica profesional, experiencia laboral, y otros, de los aspirantes a la posición. Resulta impostergable que los candidatos a ocupar la posición de Magistrado se sometan a un concurso público donde se evalúen, por un ente independiente, sus créditos académicos y se rechace cualquier criterio sustentado en el amiguismo, afiliación política o cualquier otro factor de índole personal como ocurre en el presente. Constituye un hecho insólito, que existiendo una ley de Carrera Judicial, donde los jueces y los magistrados de los tribunales superiores de justicia a nivel nacional se designan mediante concursos, sus superiores jerárquicos, que son los magistrados de la Corte, continúan siendo nombrados subjetivamente. Esta forma de nombramiento que prevé la Constitución genera la duda en cuanto a la independencia e imparcialidad que debe mantener la Corte.
Hoy los panameños somos testigos que el Ejecutivo pareciese entender la existencia de una obligación por parte del Legislativo de aprobar el candidato que proponen, lo cual constituye una interpretación errónea del texto constitucional, que señala que la facultad del Gabinete se limita a proponer el candidato, reservándose a la Asamblea la facultad de aprobar o no el mismo. Para evitar polémica, reiteramos la necesidad de una reforma constitucional en lo que se refiere a estos nombramientos y mientras ésta se concrete, resulta obligante que el Ejecutivo se limite a ejercer la facultad únicamente en presentar su candidato a fin que el mismo sea considerado por la Asamblea. Sólo así evitaremos polémicas innecesarias.
Hoy los panameños somos testigos que el Ejecutivo pareciese entender la existencia de una obligación por parte del Legislativo de aprobar el candidato que proponen, lo cual constituye una interpretación errónea del texto constitucional, que señala que la facultad del Gabinete se limita a proponer el candidato, reservándose a la Asamblea la facultad de aprobar o no el mismo. Para evitar polémica, reiteramos la necesidad de una reforma constitucional en lo que se refiere a estos nombramientos y mientras ésta se concrete, resulta obligante que el Ejecutivo se limite a ejercer la facultad únicamente en presentar su candidato a fin que el mismo sea considerado por la Asamblea. Sólo así evitaremos polémicas innecesarias.
