Deslindando responsabilidades

El proceso de elección del Defensor o Defensora del Pueblo, para adelantar de buena manera, la sucesión de Juan Antonio Tejada, desde sus inicios se fue deteriorando debido a la poca capacidad demostrada por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Todos y cada uno de los Diputados y Diputadas que la conforman, debieran rendir cuentas a la Nación por sus actos. Por acción o por omisión, son los responsables de la tragicomedia que nos ha ofrecido la Asamblea, antes, durante y después de la elección del abogado Liborio García. El empecinamiento en incumplir con lo dispuesto en la Ley, que con claridad meridiana les ordena hacer una selección de candidatos para presentarla al pleno, fue causa inicial de este embrollo. Selección, según la Academia de la Lengua Española, es "acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas". El informe de la Comisión al Presidente de la Asamblea, es un monumento a la pusilanimidad. En él, los siete Diputados deciden seleccionar a los 77 aspirantes. No se podía, en realidad, esperar mucho de una comisión conformada entre otras, por personas que se dedicaron a expresarse mal de la Defensoría del Pueblo y hasta a pedir su cierre, en vez de escrutar, como les correspondía, a los aspirantes. Condenados por narcotráfico, parientes de diputados, y personas con antecedentes judiciales y de corregiduría, hacían parte de la lista final, presentada sin depuración alguna, al pleno.
Rogelio Paredes, Bernardo Ábrego, Maricruz Padilla, Leandro Ávila, Dalia Bernal, Marilyn Vallarino y Pacífico Escalona pasarán a la historia, recordados como los tristemente célebres diputados que se rehusaron a cumplir con su obligación, poniendo en riesgo a la institución que es la "perla de la democracia".