Despojo y maniobra judicial
Cierto es que los fallos de la Corte son definitivos e inapelables, pero en un Estado de Derecho se espera la suspensión de la medida, si una de las partes interpone recursos o reclama explicaciones.
La semana pasada la Corte Suprema emitió fallo rechazando una prórroga de cinco años solicitada por la petrolera Atlantic-Pacific S.A. (APSA). Debido a inconformidades con lo emanado de la Corte la empresa presentó un escrito de aclaración de sentencia, a través de la firma Cochez Martínez y Asociados, 24 horas antes de que venciera el plazo fijado por esa corporación para intervenir las instalaciones de APSA. Sin embargo la Autoridad Marítima, como si actuara contra una entidad ilegal, la intervino con arreos policiales, 24 horas antes de que venciera el plazo dado por la Corte y por encima de la gestión judicial previamente realizada. Durante los 20 años que APSA ha operado la concesión de los tanques que almacenan combustible en las desembocaduras atlántica y pacífica del canal para abastecer las naves que cruzan la vía interoceánica, no ha habido quejas de su eficiencia, y por el contrario mantuvo al día sus pagos fiscales, las prestaciones a sus trabajadores, negoció exitosas convenciones colectivas y desarrolló el servicio que presta. Eso bastó para la aprobación de las prórrogas durante gobiernos de distintos signos políticos. ¿A qué responde entonces la actuación de la AMP, que sólo recuerda las peores maniobras de la dictadura militar para justificar expropiaciones y despojos?
